Anatolio Hernández, el congresista que hace meses se hizo famoso por la frase de Jennifer Arias dirigida al “Anatolio, diga sí”, deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente haber obrado ilegalmente al interior de la Cámara de Representantes.
La Sala de Instrucción del alto tribunal abrió una investigación en su contra por supuestamente tener en su Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) a personas que desarrollaron tareas que Hernández no certificó como realizadas, y quienes estarían allí bajo dineros que el representante les habría cobrado.
Por tal motivo, la Corte lo llamó a que rinda indagatoria para que responda por los delitos de peculado por apropiación, y falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso.
Esa denuncia de supuestas coimas a miembros de su propia UTL venía rodando mediáticamente hace varios, sin embargo no se había concretado nada en la Corte hasta este viernes, día en el que se le abre el proceso de manera formal.
Este político fue elegido para la Cámara en 2018 con el aval del Partido de la U, el cual le dio el visto bueno para presentarse a la contienda del pasado 13 de marzo. Ese domingo el electorado le dijo no, y por eso abandonará el 20 de julio su puesto en la Cámara de Representantes.
El famoso episodio
Corría el 19 de octubre de 2021 cuando la Cámara se dispuso a debatir una polémica reforma que este año se cayó en la Corte Constitucional. Se trata de la modificación a la Ley de Garantías que para ese año se estudiaba en el legislativo.
A la cita acudió Anatolio Hernández, quien a la hora de la votación le dio por preguntarle al recinto cómo votaba. Él, atentamente, escuchó que la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, le dijo que votara sí, y, campantemente votó sí.
“Voto sí, Anatolio vota sí. Anatolio”, les hizo saber a la presidenta y a sus compañeros. Ese mensaje hizo en eco en el recinto y poco después se viralizó en redes sociales. Ese comentario no fue nada mayor al golpe que este año les dio la Corte Constitucional a todos los que ese día dijeron “sí” al cambio a la Ley de Garantías.
A inicios de mayo, el alto tribunal tumbó la reforma porque sus magistrados encontraron que claramente hubo una inconstitucionalidad que los congresistas pasaron por alto, pese a que conocen cómo se tramitan las reformas.
