El sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco es uno de los 17 militares que en dos audiencias públicas de la JEP –realizadas en Dabeiba y Medellín– reconoció haber asesinado a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado.
En su relato, el soldado confesó que no eran manzanas podridas o “ruedas sueltas”, y que, por el contrario, era una práctica sistemática ordenada desde los altos mandos militares de la época.
“Estos ’falsos positivos’ se vuelven sistemáticos cuando el general (r) Mario Montoya tomó el mando de la Séptima División. Con sus insinuaciones, él nos decía que los únicos resultados que contaban eran los muertos”, dijo Ochoa.
Tras los señalamientos de ejecuciones sumarias, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez reconoció, con dolor, como lo dice él mismo en Twitter, que los falsos positivos “cometidos durante mi Gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”.
Después de las palabras de Uribe, el Centro Democrático, partido del cual es su líder natural, emitió un comunicado en el que señaló: “De las 11 víctimas identificadas en Dabeiba, más de la mitad de los asesinatos fueron previos al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe”. Y agregó, además, que “durante el periodo de la seguridad democrática nunca se desestimó una denuncia y la directriz siempre fue actuar a tiempo bajo la estricta observancia d los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
En la misma misiva, esta colectividad indicó que “durante el gobierno de la Seguridad Democrática (Uribe), las acciones y correctivos se tomaron de manera inmediata y sin dubitaciones”, y por esta razón destituyeron 27 altos mandos militares en octubre de 2008, entre ellos el general (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el segundo periodo presidencial de Uribe y fue señalado como responsable de dar las órdenes de ejecución de falsos positivos.
Rechazo a las declaraciones
El reconocimiento de Uribe sobre los falsos positivos no cayó bien entre las víctimas. La lectura que hacen los afectados por el conflicto armado es que, más allá de un reconocimiento, sus palabras fueron un “lavado de manos” al culpar a otros gobiernos.
De hecho, en las redes sociales les recriminaron a él y a su partido que en el 2020, cuando la JEP sacó a a flote la verdad enterrada en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Occidente antioqueño), su partido estigmatizó y revictimizó a la víctima Edison Lezcano Hurtado, un campesino de 22 años asesinado por el Ejército, de quien expresaron en un trino que era una “fake news”, y que si Lizcano no era de las Farc, porque al momento de su exhumación “¿su cuerpo estaba junto al de un guerrillero activo?”.
Amparo Mejía, líder de organización Madres de la Candelaria-Línea Fundadora, manifestó que las víctimas “lamentamos esa garrafal declaración del expresidente Uribe, que niega que en su gobierno se dieron los falsos positivos, porque en su gobierno es donde se sube esa práctica”.
Mejía agregó que en el marco de la audiencia de la JEP los militares reconocieron que hicieron los falsos positivos entre 2005 y 2007 y “para las víctimas es garrafal que el expresidente en vez de aportar a la verdad, la niegue”.
En el segundo día de audiencia en al JEP, los militares (r) continuaron reconociendo los crímenes que cometieron contra civiles desarmados e inocentes. Todos insistieron en que recibieron órdenes, y algunos como el sargento (r) Ochoa Blanco, señalaron como responsables a Montoya, a pesar de que insistieron, una y otra vez, que con hacerlo sus vidas corren peligro.
