Óscar Camargo Ríos, alias Pichi –un peligroso narco de Bucaramanga que se presumió libre– continúa privado de su libertad pero en una vivienda del sur del Valle de Aburrá. El hombre accedió a este beneficio en julio pasado y su falsa excarcelación terminó por desatar una ola de comentarios que hasta comprometieron al Gobierno Nacional.
“Alias Pichi fue trasladado en el mes de julio a una vivienda del Valle de Aburrá en Antioquia, está bajo detención domiciliaria y el Inpec le puso un brazalete electrónico”, confirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Es que el nombre de Óscar Camargo Ríos estuvo en el ojo mediático durante varios días. Cuando se conoció que había abandonado su celda en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, algunos se atrevieron a asegurar que “Pichi” había quedado en libertad porque desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo habían designado como gestor de paz.
Los rumores tomaron fuerza cuando William Cristancho, abogado y defensor de derechos humanos, le aseguró a varios medios de Bucaramanga que “Pichi” salió de su centro de reclusión para convertirse en gestor de paz.
“El señor no ha sido designado como gestor de paz ni participa en ninguno de los procesos de la política de paz total que se adelantan actualmente”, tuvo que aclarar la consejería del comisionado de paz en un comunicado.
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Ese cruce de cables, incluso, molestó al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. En declaraciones públicas, aseguró que “Pichi” estaba libre y que con ello, la ciudad tendría que volcarse a enfrentar un nuevo problema de seguridad.
“Nuestra preocupación real es que detrás de Pichi hay una estructura real de narcotráfico en la región y el hermetismo con el que han manejado su caso nos preocupa. Es muy difícil para los alcaldes contener las peleas entre estructuras criminales mientras ellos andan campantes. Necesitamos conocer su paradero y su realidad jurídica”, señaló el alcalde Beltrán.
Lo cierto es que Pichi accedió al beneficio de prisión domiciliaria luego de comprometerse a pagar una caución de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes. El 30 de septiembre –en medio de la polémica– el Inpec hizo una visita de inspección al señalado narco y lo encontró en la vivienda de reclusión.
La Consejería de Paz tuvo que salir a insistir en que para ser gestor de paz se requiere de un plan de trabajo específico y de la contribución activa a los procesos de diálogo y de paz.
“Cualquier persona designada bajo esta figura debe contar con una resolución formal que lo acredite”, se leía en el comunicado de la oficina del Gobierno.
Y es que una eventual vocería del señalado narco es –por ahora– técnicamente imposible. El Gobierno solo adelanta conversaciones de paz con las estructuras ilegales y urbanas de Medellín, Quibdó y Buenaventura.
