Así lo alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja a propósito del Día Internacional de este tipo de víctimas. Arauca, Cauca, Chocó y Nariño son los departamentos más afectados.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que, entre enero y agosto del 2023, ha documentado 222 nuevos casos de desaparición forzada relacionados con los conflictos armados y la violencia.
Los hechos se reportaron en 13 departamentos del país, de los cuales el 67 % se registró en Arauca, Cauca, Chocó y Nariño. “Estas cifras corresponden solo a los hechos que el CICR conoció de manera directa, por lo tanto, no reflejan la dimensión exacta del fenómeno”, explicó el ente.
Solo en 2022, el Comité documentó 309 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia. Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander fueron las zonas más afectadas. “En estos lugares se concentró el 79% de los casos de los cuales tenemos conocimiento”, dijo el organismo.
Según el CICR, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz (2 de diciembre de 2016), hasta agosto de 2023, se documentaron 1.333 nuevas desapariciones, lo que evidencia la persistencia del fenómeno. “En promedio, el CICR registró cada dos días una nueva desaparición relacionada con los conflictos armados y la violencia”, explicó el organismo.
A su turno, la Defensoría del Pueblo reveló que en el lapso de un año y medio –entre enero de 2022 y julio de 2023–, se han registrado 423 víctimas de desaparición forzada. Lo anterior, con base en 370 declaraciones recibidas.
Según alertó el organismo, los departamentos más afectados por este delito son Nariño, con 40 víctimas; Norte de Santander, con 37; Antioquia, con 35; Córdoba, con 31; Guaviare, con 31; Arauca, con 30; Meta, con 27; Valle del Cauca, con 24; Caquetá, con 20, y Casanare, con 16. “Preocupa que las zonas de frontera registran mayores dificultades para la búsqueda de personas desaparecidas”, explicó el ente.
La Defensoría, con base en cifras de su Observatorio de Conductas Vulneratorias a los Derechos Humanos, reveló que, del total de víctimas, 322 son hombres, 78 mujeres y sobre las restantes, 23, no hay información de su género.
Por ello, el jefe de la entidad, Carlos Camargo, elevó un llamado a la institucionalidad a trabajar “incansablemente para prevenir y contener esa práctica” que socava la dignidad del ser humano, y a continuar con el propósito común de su búsqueda en el país.
“En este día, que tiene una gran carga de simbolismo porque es cuando el mundo entero convoca la memoria de las personas que han sido desaparecidas de manera involuntaria, desde la Defensoría enviamos un abrazo solidario a las familias y allegados de las personas desaparecidas, y en especial a las mujeres buscadoras, quienes son las principales lideresas de estos duros procesos en los territorios y mantienen siempre viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos”, aseguró Camargo.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo advirtió que las 370 declaraciones recibidas relatan hechos ocurridos desde 1974 hasta este año. “Las cifras dan cuenta de que la práctica del delito persiste”, indicó.
Así las cosas, estableció tres periodos de ocurrencia de las desapariciones: uno entre 1974 y 2000, en el que fueron desaparecidas 108 personas; otro entre 2001 y 2020, en el que fueron desaparecidas 208 personas, y un tercer periodo entre 2021 y el 31 de julio del 2023, en el que fueron desaparecidas 107 personas.
Por otro lado, el defensor del Pueblo elevó un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que considere la creación de un macrocaso exclusivo para la investigación y sanción de hechos de desaparición forzada en el conflicto armado interno. Lo anterior, ante la responsabilidad de los grupos armados.
“Les exigimos a los actores armados, independientemente de su propósito o naturaleza, que respeten el derecho internacional humanitario y no pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población civil”, precisó, al pedirle también a la Cancillería que adelante la implementación de mecanismos de cooperación para erradicar la práctica de la desaparición transfronteriza y favorezca la búsqueda de las personas desaparecidas en zonas de frontera.
Además, instó a la Fiscalía General de la Nación para que redoble los esfuerzos y el recurso humano encargado de las investigaciones de este delito, y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para que haga presencia en todos los departamentos del país.
Por su parte, el informe de la Comisión de la Verdad reseña que, entre 1985 y 2016, alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas forzosamente en Colombia. No obstante, “el mismo informe reconoce un subregistro en las cifras por las dificultades que existen en materia de denuncia y acceso a la justicia, y estima que el universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia puede llegar a ser alrededor de 210 mil víctimas”.
