El Consejo de Estado admitió la demanda de una comunidad indígena de La Guajira que está sufriendo los embates del deterioro ambiental. La comunidad alega que el fenómeno de la erosión costera les está arrebatando sus tierras, sus cultivos y sus actividades económicas.
“Ha sido una erosión costera al máximo nivel, de tiempo permanente, eso está arrasando de una magnitud de terreno impresionante y lo digo porque tomo medidas cada 5 días y se nota toda la erosión, lo que se lleva el mar por segundos, por días y eso es las 24 horas del día”, relató Clarena Fonseca, lideresa del territorio La Cachaca III de (Rioacha- La Guajira).
La erosión costera, básicamente, es un fenómeno natural en el que el mar se empieza a “tragar” las costas debido a la fuerza del oleaje al ingresar a las playas. Este proceso ocurre por fenómenos naturales, pero es acelerado por las conductas humanas.
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Las razones humanas tienen que ver con el calentamiento global, la extracción de arena de la playa para la construcción y el uso intensivo de aguas para la industria, que ocasiona que los ríos no tengan la fuerza para llevar su arena al mar.
Esta comunidad wayuú advirtió que el fenómeno de la erosión costera apareció por primera vez en su territorio en 2005. Todo empeoró entre 2009 y 2023. Por eso se aventuraron a demandar al Estado colombiano por su posible inacción para tomar medidas que contrarresten los efectos de este fenómeno.
“Clarena y demás habitantes demandaron al presidente Gustavo Petro, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Ambiente y otras entidades, ante la falta de acciones contundentes para atender la problemática de la erosión costera cuyos impactos están afectando su territorio, la pesca, los cultivos y por la amenaza inminente de desplazarlos”, señaló la Universidad de Medellín, defensora de esta comunidad en un comunicado.
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La demanda fue admitida por el Consejo de Estado y para finales de enero se podría tener respuesta a esta acción de tutela que interpusieron las comunidades indígenas.
“Con esta acción de tutela se busca que las autoridades ambientales y las autoridades del sistema de gestión del riesgo nacional y desastres asuman las responsabilidades que tienen por ley y de atender no solo como una acción reactiva y de emergencia lo que está sucediendo, sino también atender a los planes y programas que existen sobre erosión costera que en este momento no se han ejecutado justamente en esta zona del municipio de Riohacha”, explicó Erika Castro, profesora de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín.
De resultar vencedores, los indígenas estarían marcado un hito jurídico en el país y pondrían sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad estatal que tienen las autoridades estatales frente a los fenómenos naturales.
