La muerte de Javier Ordóñez tras un procedimiento policial y los focos de violencia que se presentaron en manifestaciones contra ese hecho, que dejaron a 13 civiles fallecidos, reabrieron dos debates. El primero, sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía y, el segundo, de la credibilidad de la sociedad en la institución, que fue creada para proteger la seguridad y mantener el orden público, cumpliendo con los derechos humanos.
Jerónimo Castillo, experto en seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, dice que la pérdida de confianza de la ciudadanía en la institución está marcada por una “sensación de impunidad y del uso constante de la fuerza”. Ante esa realidad, Castillo ve una solución: convocar a una Comisión Nacional de Policía y de Seguridad Ciudadana, instancia amparada en la ley y que estaría conformada por actores de toda la sociedad, con el fin de esclarecer los hechos y dialogar sobre una posible reforma.
Esa transformación la reclaman ciudadanos en las calles después del caso de Ordóñez, quien aparentemente fue electrocutado por dos agentes que utilizaron un arma táser mientras vecinos que presenciaban la escena los grababan con celulares.
El proceso contra los dos policías implicados está en la justicia penal militar. La Fiscalía designó a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien coordinará la obtención del material probatorio y hará la respectiva valoración. La Procuraduría también investigará las faltas disciplinarias. “Asimismo, desde el despacho del fiscal general se dispuso la creación de un equipo de las más altas calidades forenses, investigativas y jurídicas para dar celeridad al proceso. Al tiempo que el CTI realiza diferentes labores de policía judicial como recolección de videos y testimonios, entre otras, con el ánimo de esclarecer lo sucedido”, dice un comunicado del ente investigador.
Esta semana se registraron movilizaciones en Bogotá, Cali, Soacha, Medellín y Caldas (Antioquia). En estas, 209 civiles y 194 policías resultaron lesionados, 60 unidades policiales, 91 vehículos, 25 motocicletas, 22 vehículos institucionales de la Policía, cinco entidades bancarias, y otros establecimientos estuvieron afectados.
Esa situación abre el debate acerca del cumplimiento del mandato constitucional de la Policía Nacional y de los límites del derecho fundamental a la protesta. Planteamos ambos escenarios a continuación.
