El Gobierno Nacional busca soluciones para garantizar que el coronavirus repercuta lo menos posible en la población carcelaria, la cual vive en condiciones de insalubridad y hacinamiento que podrían aumentar el riesgo de contagio, aún cuando hace dos semanas cancelaron las visitas.
Para esto estudia las condiciones en que obtendrán detención domiciliaria los reclusos mayores de 60 años, quienes padezcan de enfermedades crónicas o tengan algún tipo de discapacidad que los hagan más vulnerables al virus, las mujeres embarazadas o que tengan niños menores de 5 años de edad. Así mismo, se agilizará la excarcelación de quienes hayan cumplido tres quintas partes de su pena, siempre y cuando no estén condenados por delitos de lesa humanidad o sexuales.
La decisión sería tomada después de que el fin de semana se presentaran amotinamientos en diferentes cárceles del país (La Picota, Cómbita, Bellavista y Pedregal); dejando el lamentable balance dado por la ministra de Justicia, Margarita Cabello: en La Modelo (Bogotá) hubo un intento de fuga que terminó con 25 reclusos muertos y 81 personas heridas.
El presidente Iván Duque señaló: “toda nuestra determinación para garantizar tranquilidad del país, y a la población privada de la libertad. Su vida también la estamos protegiendo, pero no podemos permitir motines en cárceles”.
Más tarde, el general Norberto Mujica, director del Inpec, declaró el estado de emergencia penitenciaria mediante la Resolución 1144, y el Ministerio de Justicia entregó a Duque el decreto para mermar el hacinamiento.
Una vez el presidente firme el decreto, los reos podrán solicitar el beneficio a un juez de ejecución de penas.
Piden mejorar condiciones
Con el decreto, unos 10.000 reclusos podrán volver a sus viviendas según el censo que fue hecho en cada una de las prisiones, indicó la ministra. Sin embargo, con esto no se soluciona del todo el problema, ya que el hacinamiento seguiría siendo del 37,7 %
El Movimiento Nacional Carcelario denunció que las condiciones en las prisiones elevan el riesgo de contagio. Dada la aglomeración, no hay posibilidades de mantener el debido distanciamiento entre reclusos, no hay agua permanentemente ni jabón para el lavado de manos, y los guardias del Inpec llegan a diario de la calle donde pueden contagiarse del virus y llevarlo a las penitenciarías.
El Gobierno también deberá tomar decisiones para proteger a quienes seguirán en las cárceles, señaló el penalista Leonel Giraldo, quien advirtió que los privados de la libertad están bajo la custodia del Estado, y que estando condenados el único derecho que perdieron es el de la libertad.
Siguen llegando presos
Mientras por un lado se busca descongestionar las prisiones, por otro siguen llegando nuevos prisioneros. El trabajo de la Fiscalía no ha parado y los jueces de garantías siguen enviando a prisión a quienes consideran un peligro para la sociedad.
Por ahora, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, envió una carta a la ministra de Justicia, al fiscal General, al defensor del Pueblo, al procurador, y los directores del Inpec y de la Policía, para que se pongan de acuerdo en una estrategia para evitar el colapso de los jueces de ejecución de penas, a quienes les llegarán muy pronto miles de solicitudes de excarcelaciones. Que puedan hacerse audiencias virtuales colectivas que les otorguen los beneficios sin desmedro de la seguridad de los funcionarios judiciales
La propuesta del Gobierno llega para paliar la crisis en tiempos del coronavirus, no obstante, las cifras no permiten dar un parte de tranquilidad. Según el Inpec, la capacidad de los centros penitenciarios del país es de 91.405 cupos, pero se encuentran detenidas más de 123 mil personas. Se trata de una sobrepoblación de 32.000 reclusos y, con las medidas adoptadas, no se supera la problemática...
10.000
presos podrían obtener el beneficio de casa por cárcel o libertad condicional.
