Un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento a 24 militares procesados por la masacre de 11 civiles en la vereda Alto Remanso, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.
Los hechos ocurrieron cuando los militares del Batallón contra el Narcotráfico N.º 3 llegaron al caserío en una aparente operación que pretendía dar con la captura de alias Bruno, un disidente de las extintas Farc. Sin embargo, al llegar al lugar, los oficiales se quitaron sus prendas distintivas y lanzaron 1.600 disparos contra la comunidad, provocando las muertes de 11 civiles y dejando heridas a otras cinco personas, entre ellas un menor de edad.
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Según la investigación, la comunidad estaba desarmada y no participaba de ninguna acción delictiva. Por el contrario, estaban reunidos en la caseta principal porque los había convocado un bazar comunitario que pretendía recolectar fondos para arreglar los caminos veredales.
Los testigos alcanzaron a relatar que los militares dispararon de manera indiscriminada. El recuento forense indica que esa tarde se escucharon 1.600 disparos y se lanzaron varias granadas de 40 milímetros y de fragmentación.
Entre los vinculados a este caso se encuentran el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y 17 soldados profesionales.
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Por esos hechos, los militares fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida tentado. Ninguno de los involucrados aceptó los cargos.
Una vez fueron enviados a prisión, la Procuraduría y defensa apelaron la decisión argumentando que existieron fallas en el debido proceso.
