Luis, quien prefirió ocultar su nombre real por cuestiones de seguridad, es un colombiano de 38 años, que vive en New Jersey. Está indocumentado desde hace cuatro años que se fue a los Estados Unidos con su visa de turista, pero con el objetivo de quedarse, luego de sentir que en Colombia la situación laboral se le hacía cada vez más compleja.
Vivió en varias zonas antes de llegar a New Jersey, siguiendo a migrantes latinos que le decían que en esa ciudad era más fácil obtener un empleo sin tener su Green Card, ID o IDP, documentos oficiales que certifican residencia o ciudadanía. También habilitan a las personas para trabajar formalmente.
Cada mañana, Luis pedalea durante una hora hasta su trabajo en Newark; dice que ahora le da miedo ir en carro o en transporte público debido a las redadas que ha anunciado el nuevo gobierno. Su vida se ha convertido en una carrera contra el miedo y muchos se sienten igual. De cinco personas con las que compartía casa, una ya se regresó a su país de origen por temor a enfrentarse a la deportación.
No puede abrir una cuenta bancaria ni acceder a servicios de salud sin exponerse. Cuando va al supermercado, prefiere pagar en efectivo para evitar registros. “Aquí se vive con la cabeza abajo, uno no se puede confiar (...) Ya la vida no se disfruta como antes, hace unos meses podía salir de fiesta, ahora es difícil”, dice.
Por estos días, ha escuchado situaciones de compañeros que han sido arrestados en operativos sorpresa en empresas de envíos, fábricas y restaurantes: “En Nueva York la cosa es complicada, han despedido a muchos trabajadores por miedo a represalias contra las empresas (...) muchos migrantes venden en las calles y a algunos de esos ya se los ha llevado el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), otros se están viniendo para ciudades cercanas porque dicen que las redadas más duras serán en esa ciudad”.
El caso de Luis no es único. Miles de colombianos en EE. UU. enfrentan la misma incertidumbre. Según el Pew Research Center, en 2022 había 11 millones de inmigrantes sin estatus legal en el país, entre esos 700.000 connacionales.
“¿Qué pasará con mi hija?”
Camila llegó a Estados Unidos cruzando la frontera por México. Salió en enero del 2024 desde un vuelo a Ciudad de México y luego llegó hasta la ciudad de Mexicali para entregarse a las autoridades mexicanas corruptas que le ayudarían a cruzar “el hueco” a cambio de 100 dólares. Sin embargo, asegura que en Mexicali hay un primer “filtro”, a algunos los dejan pasar y a otros no, ella pasó luego de explicar que el motivo de su migración era a raíz de una persecución política que sufrió en Colombia.
De Mexicali viajó en bus a Puerto Peñasco, “eso es el desierto”, dice. Fueron horas de viaje por varios poblados hasta la frontera, “y allí pasamos, pues ellos ya saben como una hora específica para poder llevarlo a uno a ese lugar para que pasen todos los migrantes”.
De ahí, junto a otros indocumentados, caminó cerca de una hora hasta llegar a un punto de migración donde se entregó a las autoridades norteamericanas, quienes estaban a la espera de estos grupos de personas para someterlos a otros filtros más, desde donde hacen devolver a muchos, a otros los deportan y a otros los dejan: “Algunos pasan allá cerca de 15 días hasta que los deportan a su país”.
“Llegamos a un albergue donde ya ahí se define la situación, ya miran y deciden si uno pasa o no pasa (...) yo salí como a los dos días de estar allá”. Luego de papeleos, exámenes médicos, pruebas de Covid, enviaron a Camila y a su grupo hasta otro pueblo. Ya en Estados Unidos, donde los recibió una comunidad cristiana que les dio comida y le permitió asearse, los llevan hasta el aeropuerto para que continúen su destino hasta las respectivas ciudades a las que llegarán. Camila fue hasta Boston, donde la recibieron amigos cercanos para apoyarla en el inicio de su “sueño americano”.
A los pocos meses de haber llegado a su destino, quedó en embarazo. Ahora ya es mamá y aunque logró obtener su asilo político a raíz de la situación que vivió en el país, se enfrenta a la incertidumbre de no saber si su hija va a mantener la ciudadanía por nacimiento tras las amenazas de Trump por quitar ese derecho. “Es una alarma, porque hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Si bien el estado de Massachusetts ha sido como un santuario para los inmigrantes, no se sabe qué va a pasar”.
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No somos delincuentes
Gloria Torres dejó Colombia hace 7 años con una certeza en el corazón: su destino estaba en Estados Unidos y quería construir el sueño americano pero también una familia. Partió con la esperanza de elaborar un futuro estable, impulsada por quien hoy es su esposo, residente legal, que para ese entonces obtendría la ciudadanía norteamericana.
Si bien hoy Gloria también tiene papeles, afirma que la situación actual ha cambiado y relató cómo los primeros años, mientras estuvo indocumentada, fueron una lucha constante.
Vivir sin documentos significaba estar en la sombra, vivir con miedo. Ella manejaba todos los días al trabajo con el temor de ser detenida y deportada, lo que significaba no solo abandonar su sueño, también a su pareja. Trabajaba en restaurantes donde le advertían que si llegaba Migración debía correr. “Si un policía llegaba o se pegaba detrás del carro, yo quería tirarme al río”, recuerda entre angustia y risas nerviosas.
Finalmente obtuvo la residencia y su vida cambió. Ahora estudia y trabaja sin miedo, pero afirmó que su caso es una excepción en la realidad que se vive hoy. “La gente ya no sale, se siente en las calles, en los restaurantes, hasta en el tráfico”, cuenta Gloria, radicada en Miami, “Si no hay manera de arreglar papeles, yo vendería todo y volvería. Prefiero regresar con dignidad que vivir con miedo”, cuenta Gloria asegurando que su deseo es en unos años poder regresar a Colombia junto a su esposo, para pasar una vejez tranquila en su pueblo de origen.
Con la administración de Trump reforzando los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el temor de ser deportado se convirtió en una constante. Según cifras oficiales, a corte del pasado 4 de febrero se registraron 8.786 arrestos de migrantes indocumentados desde que inició el mandato de Trump el 20 de enero. Además, el republicano decidió eliminar el estatus de protección temporal para 600.000 venezolanos.
Sin duda, la situación actual es de total incertidumbre para los cerca de 11 millones de migrantes que viven en el país, muchos que aún esperan ver cómo avanza la situación o prefieren ser deportados antes de devolverse. “Uno se aferra a la esperanza. Si me voy, pierdo todo lo que he construido. Si me quedo, el miedo nunca se va”, agrega Luis.
