La discusión no es menor, ya que dentro de las obras pendientes está desde la conclusión de un tramo del Túnel del Toyo y por lo menos cuatro proyectos en el Suroeste, como un intercambio vial en Primavera (Caldas), un túnel en el sector El Líbano, dos túneles en la Sinifaná y un puente en Bolombolo; todos cruciales para que los nuevos corredores sí acorten tiempos de desplazamiento entre el centro del país y los puertos marítimos.
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Para comprender qué alternativas quedan para que esas obras no queden a la deriva, analizamos los cuatro escenarios que hasta ahora se han puesto sobre la mesa y sus implicaciones.
1. ESPERAR UN NUEVO PRESIDENTE EN DOS AÑOS
Pese a ser el camino más expedito, este es precisamente uno de los escenarios más improbables, por lo menos en el corto plazo. Así se desprende de las declaraciones que desde septiembre de 2023 vienen entregando el ministro de Transporte, William Camargo, y el mismo presidente Petro, quienes consideran que Antioquia es uno de los departamentos que menos inversión requiere por parte de la Nación.
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Por este frente el panorama está tan enredado, que el mismo Camargo descartó el lunes cederle las vías nacionales a la Gobernación de Antioquia y señaló que de necesitarse más recursos habría que buscar alternativas, sin entregar mayores detalles. Por su parte, el presidente Petro criticó incluso la propuesta formulada por el expresidente Uribe, planteando que al ser vías que valorizan los terrenos de los más ricos, serían precisamente sólo esos ricos los que deberían hacer esa contribución.
Así las cosas, el camino más viable se reduciría a esperar un cambio de gobierno en 2026.
2. LA “VACA” QUE PROPONE URIBE Y SUS DUDAS
La propuesta planteada por el exmandatario, que consiste en que un millón de antioqueños aporte de a $1 millón en un fondo común, aún tiene muchos cabos sueltos.
El primero de ellos es que, tal como se desprende de los indicadores del Dane, el promedio de ingresos de los antioqueños está lejos de alcanzar ese millón, ubicándose en 2021 en $878.544.
La iniciativa también se muestra compleja a nivel legal porque, según advierten expertos, no hay un antecedente que sirva de referencia para establecer cómo podría hacerse una obra pública con recursos donados por particulares.
Además, para el profesor Camilo Tapias Perdigón, experto en contratación y especialista en Derecho Público, la ausencia de entidades nacionales en obras de esta envergadura no solo se reducen al presupuesto, sino que involucra muchas otras variables.
“Un proyecto para que sea viable y salga a luz pública no necesariamente implica que esté adecuadamente financiado, esto tiene otras aristas que revisten complejidad, como los impactos ambientales, las licencias de construcción, los diálogos con las comunidades, las expropiaciones o servidumbres que haya que abordar antes de iniciar”, planteó Tapias.
Entre tanto, el expresidente Uribe añadió ayer que los recursos podrían centralizarse en una fiducia y propuso que esa colecta sea liderada por el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín.
3. QUE EL GOBIERNO NACIONAL COBRE VALORIZACIÓN
Esta alternativa, planteada desde el año pasado por el exgobernador Aníbal Gaviria y por el entonces gobernador electo Andrés Julián Rendón, implicaría que a través de cobros dirigidos a los predios que aumentaron su valor por las vías 4G se financien los proyectos pendientes.
Este ha sido uno de los pocos escenarios que el Gobierno Nacional no descarta de plano, tal como lo dio a entender en enero pasado el ministro Camargo.
No obstante, esta alternativa también implica líos como el de actualizar los catastros de todos los predios afectados, una tarea que implicaría años, tal como lo advirtió el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.
4. MODIFICAR LA LEY QUE REGLAMENTA LAS CONCESIONES
De la mano con la bancada antioqueña en el Congreso, este fue otro de los caminos propuestos por el gobernador Rendón, quien insistió para que se presente un proyecto de ley que permita modificar la reglamentación de las alianzas público privadas que rigen a las concesiones. El objetivo sería que a esos contratos se le puedan adicionar hasta un 50% (hoy límite está en 20%).
“Alargar el tiempo y el alcance de las concesiones actuales permitiría su cierre financiero sin tocar un solo peso del presupuesto de la Nación, que sean los mismos privados los que concurran con mayor inversión”, dijo Rendón esta semana en la Asamblea de Antioquia. Si esta modificación normativa se logra podría negociarse que dentro de los contratos de concesiones actuales se empaqueten obras faltantes.
