Los rectores de la Corporación Universitaria Lasallista, Universidad CES, Universidad EAFIT, Universidad EIA, Universidad de Medellín, Universidad Nacional y Universidad Pontificia Bolivariana hacen un llamado a preservar y fortalecer el sistema de salud como un patrimonio compartido.
El sistema de salud en Colombia sigue despertando preocupación en todos los sectores. Esta vez, se elevó una petición de ayuda desde la academia. Por medio de un comunicado, rectores de siete universidades de Medellín lanzaron una alerta para abogar por el sistema de salud colombiano y denunciaron el grave panorama en temas de liquidez y financiación de los servicios de salud.
Frente al preocupante escenario y la “delicada realidad financiera que enfrenta el sistema y sus posibles consecuencias, en términos de una disminución en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio”, las universidades hicieron un llamado de urgencia al gobierno nacional para que atienda la situación. Por eso, a través de 4 puntos, los rectores firmantes explicaron los aspectos que más preocupan a los ciudadanos.
En primer lugar, alertan por la situación actual de liquidez del sistema de salud en Colombia y cómo de eso depende la atención de los usuarios en los próximos meses. Es decir que, si el panorama es crítico en cuanto a financiación, entonces también entra en riesgo la atención.
Para explicarlo mejor, los rectores insisten en que hay desequilibrio severo en los instrumentos de financiación. Por un lado, “la unidad de pago por capitación (UPC) –el valor por afiliado reconocido a la EPS para cubrir el plan de beneficios– ha presentado insuficiencias sustanciales y persistentes en su ajuste anual” y por otro lado, advierten que el cálculo y el reconocimiento de los presupuestos máximos –para la prestación de servicios y uso de tecnologías de salud no financiadas con recursos de UPC– ha sido deficiente.
En ese mismo escenario, las universidades indican que “preocupa, sobre todo, que el presupuesto de 2023 de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) es inferior en un 50% a lo que se requeriría para mantener la asignación de presupuestos máximos de 2023 y ponerse al día con los ajustes de 2021 y 2022”.
El segundo punto que despierta preocupación en el sector académico es que el sistema puede enfrentar un retroceso significativo, que impactaría los avances en cobertura y el costo para los usuarios. Y es que no existen solo las dificultades en cuanto a liquidez, a eso hay que sumarle las presiones de costos asociadas al envejecimiento de la población, a la mayor demanda de servicios, a la coexistencia de enfermedades no transmisibles y desigualdades sociales, y a la constante ampliación del Plan de Beneficios en Salud.
En ese contexto, las universidades señalaron que “el efecto conjunto de esos factores pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, y por esa vía, su capacidad de atender adecuadamente la salud de los colombianos”.
En un tercer momento, los rectores firmantes de la petición, hicieron un llamado de urgencia al Gobierno para que cumpla con la obligación de garantizar la financiación sostenible de los servicios de salud. Para ello, las universidades recomendaron que el Estado debería calibrar adecuadamente sus instrumentos, incluyendo la actualización del Plan de Beneficios en Salud (PBS), el ajuste de la UPC, y el cálculo de los presupuestos máximos.
Por último, las universidades coincidieron en que es importante hacer una reforma urgente al sistema de salud en Colombia, garantizando la gestión profesional de los riesgos.
“Hacia el futuro, cualquier cambio o reforma que se implemente para el sistema de salud deberá buscar una debida administración de los riesgos y de sistemas de contratación adecuados, en los que se generen los incentivos correctos para propiciar la eficiencia”, señalaron.
Todas esas preocupaciones de las universidades frente al sistema de salud colombiano se sustentan en la coyuntura financiera que atraviesa el sector. Por eso, señalaron que durante el primer semestre de 2023, cifras de la Superintendencia de Salud muestran que las EPS acumularon pérdidas cercanas a $5.6 billones y la cartera en riesgo de las IPS registró niveles preocupantes.
Para darle contexto a la situación, los rectores resaltaron el caso de Antioquia y apuntaron que “según la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (AESA), cerca del 50% de la red pública hospitalaria del departamento se encuentra en riesgo fiscal y financiero medio o alto. En caso de no tomar las decisiones y acciones necesarias, la posibilidad de que enfrentemos una crisis de servicio en salud para los colombianos es real”.
Y con ánimo de ser un agente activo dentro de la discusión, las universidades se pusieron a disposición del Gobierno Nacional. “Las universidades firmantes ponemos a disposición todas nuestras capacidades y resultados de investigación y análisis, como los que vienen siendo socializados y publicados en diferentes medios, encuentros y espacios de conversación”.
