La presión está subiendo en la Universidad de Antioquia. A la ya complicada situación financiera que atraviesa la entidad, que para el cierre de este año se expresa en un déficit de $138.000 millones, la institución ahora está a las puertas de lo que podría ser un nuevo cese de actividades académicas, motivado por una serie de protestas estudiantiles que vienen ganando terreno.
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Este jueves, al tiempo que los estudiantes se mantienen declarados en Asamblea Permanente, el rector John Jairo Arboleda Céspedes entregó un nuevo balance contable de la institución, señalando que aunque las cuentas siguen estando en rojo, la universidad tiene garantizados los recursos que necesita para funcionar este año y avanza en una tarea a varios frentes para recaudar recursos.
Aunque el déficit sigue siendo alto, el directivo señaló en primer lugar que la institución viene gestionando un crédito de tesorería con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) por un valor de $90.000 millones y con el que espera quedar al día con el grueso de sus obligaciones este año.
Arboleda añadió que también por cuenta de un plan de austeridad emprendido desde comienzos de este año, que implica recortes en gastos como viáticos, gastos operacionales y una controvertida reducción de horas cátedra, ha logrado eficiencias que ascienden a los $17.000 millones.
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Por su parte, el rector señaló también que como medida de contingencia la Gobernación de Antioquia adelantó los giros presupuestados para los últimos dos meses del año.
Reforma estructural
A pesar de esas entradas, con las que la institución señala podrá terminar sin sobresaltos esta vigencia, Arboleda insistió en su llamado para que se abra un debate que permita resolver el desfinanciamiento estructural que viene arrastrando desde hace más de tres décadas.
Si bien el debate tiene varias aristas, incluida una en Medellín para que el Distrito también aporte eventualmente transferencias, una de las más sensibles continúa siendo que se apruebe una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan el financiamiento de las instituciones de educación superior.
Pese a que la reforma de estos artículos había sido uno de los pedidos de las principales universidades públicas del país, que pidieron priorizar su cambio antes de pensar en una ley de financiamiento, el Gobierno Nacional se mantuvo empecinado en una reforma de largo aliento.
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Luego de que esta se cayera, la esperanza tanto de la Universidad de Antioquia como de otras instituciones es que la reforma de la Ley 30 se concrete cuanto antes.
“La universidad no ha sido capaz de solventar los recursos faltantes para poder solventar los gastos que tiene la educación superior”, señaló Arboleda, apuntando que mientras en 1992 las transferencias suplían el 90% de las necesidades financieras y al universidad solo tenía que ir buscar un 10%, 32 años después las transferencias ayudan a cubrir entre el 74% y 73% de los gastos y la universidad tiene que salir a buscar el 27%.
La reforma sustancial que se espera para estos artículos, explicó el rector, es que el incremento de las transferencias no tomen como referencia el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino el Índice de costos de la educación superior (ICES).
Argumentando la urgencia de esa modificación, Arboleda señala que mientras desde los planes de desarrollo nacionales y departamentales de los últimos 20 años se han incrementado las metas de cobertura de la educación superior de forma sostenida –por ejemplo en el caso de la Universidad de Antioquia esto se ha traducido en la apertura de 12 sedes regionales cuando en 1992 no había ninguna– el costo de esos esfuerzos no se ha visto reflejado en más recursos.
De acuerdo con los datos más recientes de la universidad, con corte a 2023, de un presupuesto de $1,4 billones, $664.757 corresponden a aportes de la Nación y el Departamento (90% y 10% respectivamente). En medio de este panorama se discute si Medellín también debería meterse la mano al bolsillo y aportar anualmente a la universidad, sobre todo al aportar cerca del 50% de los estudiantes.
