Empresas Públicas de Medellín (EPM), informó que avanza en la exhumación y el traslado de los cuerpos sepultados en los cementerios de la vereda de Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y del poblado La Fortuna (Buriticá), en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.
Para realizar la exhumación y el traslado de los cuerpos sepultados en los cementerios de estas localidades —concertado con sus habitantes y procedimiento que según EPM se adelanta con respeto, rigor científico y técnico—, se abrió una licitación pública que fue adjudicada a la firma Integral y a un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia.
“Esta actividad hace parte del plan de manejo ambiental del proyecto, específicamente del programa de Restitución Integral de Condiciones de Vida —Restitución de Infraestructura Comunitaria—. Es un trabajo que no tiene nada que ver con situaciones de orden público; simplemente estamos atendiendo una solicitud que nos hizo la comunidad para que trasladáramos sus cementerios. Lo estamos haciendo con los mejores que tiene el país en este campo, en el marco del respeto de los sentimientos, tradición y duelo de las familias de estas poblaciones que fueron reasentadas para la construcción del embalse del proyecto Hidroeléctrico Ituango”, manifestó Luis Javier Vélez Duque, vicepresidente Proyectos Generación Energía EPM.
El funcionario enfatizó que la comunidad ha sido consultada desde el principio y que lo hecho hasta ahora ha sido compartido, consensuado y socializado con ellos. Además, resaltó Vélez Duque, la Fiscalía General de la Nación autorizó estas actividades que son de carácter arqueológico y antropológico.
“Si aparecen unos restos humanos en condición de no identificación, pasa de inmediato a control de la Fiscalía”, dijo Vélez Duque.
Por su parte, la doctora en antropología e investigadora de la Universidad de Antioquia, Timisay Monsalve Vargas, sostuvo que a la fecha se han exhumado 324 individuos.
“Son cementerios irregulares, no tienen actas de inhumación, información o placas que indicaran quién es el individuo exhumado. Solo el 6 % de las tumbas tenían los datos básicos del individuo. Además, las maneras en las que enterraban eran completamente irregulares y se enterraban a una persona muy cerca de la otra, por eso encontramos mucho material óseo asociado a otros cuerpos”, comentó Monsalve Vargas.
La doctora contó que en la primera exhumación participó un equipo de 25 personas especialistas, en la segunda, 20, y en la tercera 12; también resaltó que es un proceso inédito en Colombia.
EPM miente: Ríos Vivos
“Integral S.A. es una empresa que ha realizado estudios de impacto ambiental para la construcción de obras, pero que no tiene la idoneidad necesaria para ejecutar este tipo de contratos. Es importante que se aclare a la opinión pública que la primera convocatoria fue declarada desierta, porque la única institución en Colombia que, de manera independiente, tiene las competencias para hacer este tipo de trabajos es una ONG que no quiso presentarse en la convocatoria porque sabe las graves violaciones a los Derechos Humanos que está cometiendo EPM con las comunidades”, afirmó Isabel Cristina Zuleta, vocera de Ríos Vivos.
Igualmente, la integrante de este movimiento que defiende los territorios y afectados por las represas, agregó que, si eso se hubiese dado con todas las condiciones —como lo asegura el comunicado que le miente a la opinión pública—, las personas desplazadas de Orobajo y Barbacoas que hoy están Medellín sabrían donde están sus seres queridos y antepasados que fueron enterrados en estos cementerios. Algunos de ellos ha interpuesto quejas ante la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y los distintos entes de control porque nadie les da respuesta acerca de los restos de sus seres queridos.
“Fue un procedimiento completamente irregular con las comunidades y, sobretodo, desconoció que esos cementerios no solo son de las comunidades que ellos decidieron reubicar, sino que también eran camposantos regionales, lo que hace que muchas veredas de la zona se agrupen para reclamar sus muertos porque hoy no saben dónde están”, indicó Zuleta.
Finalmente, la activista señaló que el rigor científico empieza con la identificación y la caracterización de todos los grupos sociales de la zona.
“Si EPM fuera tan rigurosa como dice serlo, sabría cuántas masacres hubo en la zona y cómo ha sido la dinámica de la violencia allí. Esto, de entrada, quiere decir que no hay ninguna certeza de que los cuerpos que ellos encontraron en los cementerios sean identificados claramente y no pertenezcan a procesos de violencia, asesinatos selectivos o masacres, que tuvieron que haber sido exhumados por la Fiscalía. Definitivamente desconocen el rigor científico y las dinámicas de la muerte en la zona”, afirmó la Vocera de Ríos Vivos.
