Una vez más se hizo evidente el choque entre la empresa Anglo Gold Ashanti y activistas ambientales del Suroeste antioqueño debido a la explotación de la mina Quebradona.
Esta vez, la Anglo Gold, dueña del título que corresponde a ese yacimiento de cobre se quejó de que este martes no se pudo realizar una diligencia judicial relacionada con el avalúo en unos predios, debido a que personas de la vereda La Oculta bloquearon el paso de los funcionarios oficiales para evitarlo.
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En un comunicado, la compañía explicó que, previamente, había presentado ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Támesis una solicitud para el avalúo de perjuicios para la imposición de una servidumbre minera en dos predios del Grupo Cartama ubicados en esa zona rural, con el propósito de dar paso hacia el yacimiento para efectuar estudios ambientales y en el marco de ese proceso estaba previsto que los funcionarios del despacho judicial hicieran una visita de campo.
Sin embargo, a la hora de hacer efectiva la diligencia en la que se buscaba hacer un dictamen pericial para determinar el valor a reconocer, un grupo de personas les impidieron llevar a cabo su trabajo.
“Rechazamos que este tipo de acciones se sigan realizando por parte de algunas personas, que se vulneren nuestros derechos y que, como hoy, se impida la ejecución de una orden emanada de una autoridad judicial como lo es el juzgado Segundo Promiscuo de Támesis. Creemos que es con respeto y diálogo como se deben resolver las diferencias y no con vías de hecho”, dijo la Anglo Gold en el comunicado.
Vale la pena recordar que hace casi tres años la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite que había iniciado la Anglo Gold para intentar que le otorguen el permiso de explotación de cobre en Quebradona y el motivo, según se explicó entonces, fueron los grandes vacíos que encontró la autoridad en esa materia dentro del Estudio de Impacto Ambiental que le entregó la multinacional.
Ello unido a la férrea oposición que ha manifestado el gobierno del presidente Gustavo Petro a las actividades extractivistas dentro del país, llevó incluso a que la compañía anunciara la posibilidad de renunciar al proyecto.
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No obstante, su propósito sería presentar de nuevo los estudios ambientales supliendo los requerimientos que le habrían ocasionado el rechazo inicial y ello hizo que los ambientalistas de la región volvieran a despertar su oposición.
De hecho, el pasado 22 de agosto campesinos de los límites entre Jericó y Támesis cercanos a la zona de influencia de Quebradona hicieron un plantón en la vía que conduce al corregimiento Palocabildo, como respuesta a la instalación de una plataforma de la empresa en el predio La Insulina.
En el área la animosidad ha tenido expresiones como las acciones de hecho de parte de los labriegos que argumentan el derecho a defender el agua y su modo de vida, mientras que, por su parte, la Anglo Gold tiene querellados a 80 campesinos y protestantes tras señalarlos de entrar en diciembre pasado a un predio y sacar la maquinaria, justo cuando funcionarios de la empresa se disponían a efectuar otros estudios.
El 30 de julio pasado, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, convino con los dirigentes del movimiento de protesta que buscaría una visita de instancias nacionales para hablar del tema y que trataría de que mientras tanto, la minera no ejecutara acciones, lo cual consideraron luego como un acuerdo violado cuando la empresa instaló la plataforma.
Hasta ahora el ambiente estaba calmado en espera de que se anunciara la llegada de la comisión desde Bogotá, pero los ánimos se caldearon de nuevo y un síntoma es el boicot al procedimiento que se iba a verificar este martes.
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