Pese a ya contar con luz verde desde hace más de una semana por parte de la Asamblea, la ordenanza con la que la Gobernación de Antioquia creará una nueva tasa de seguridad sigue bajo el fuego cruzado.
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En medio de un debate público que todavía no amaina, esta semana varias agremiaciones económicas como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia insistieron en que dicho nuevo impuesto golpeará duramente a las empresas y que su estructuración nunca fue concertada.
De igual forma, ante los estrados avanza una tutela que fue interpuesta por el diputado Luis Peláez, con la que se busca tumbar la validez del tributo, en un proceso al ya fue vinculado el Departamento.
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En diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió a los cuestionamientos y reparos que ha llovido sobre ese proyecto y que le costaron su primera gran diferencia con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y hasta el jefe de su propio partido político, el expresidente Álvaro Uribe.
Además de señalar que cobrar el impuesto por EPM ya está descartado por completo, el mandatario seccional insistió en que la medida es necesaria para recuperar la seguridad en Antioquia y aseveró no tener preocupación si debe ir ante un juez a defender su legalidad.
Recientemente ha habido muchas dudas, tanto entre los clientes residenciales como en los empresariales, que desde el Distrito se dijera que EPM no va a cobrar la tasa de seguridad en la factura de servicios públicos. ¿Esto implicaría entonces que el cobro llegue por otra factura?
“Estamos trabajando con Valor+ en el recaudo de lo que será la tasa. En esto hay sendos equipos desde lo técnico, lo jurídico y lo operativo trabajando en esa reglamentación. Obviamente para nosotros sería más fácil que lo hiciera EPM, pero pues ya tenemos la decisión de sacar a EPM este cuadro de recaudo y lo va a hacer Valor+”.
¿Y cómo se estaría estructurando ese cobro?
“Valor+, que es una filial del Idea, hace un trabajo operativo de ayudarle al Distrito de Medellín a recaudar más o menos un tercio de lo que ellos recaudan anualmente por concepto de industria y comercio y predial. Así que seguramente en los próximos días vamos a recibir de parte de Valor+ una propuesta para que utilicemos todas las capacidades de ellos para poder hacer el recaudo.
Tenemos una noticia muy buena, sobre todo para las personas jurídicas que quieran utilizarlo, y es que esta tasa, como tiene que ver con la actividad económica de los sectores no residenciales, podría ser uno de los tributos que ellos, si así lo tienen dentro de su contabilidad, podrían descontar de la liquidación del impuesto de renta”.
Entre muchos sectores, sobre todo desde los gremios empresariales e incluso desde la Alcaldía de Medellín, quedó la sensación de que la tasa de seguridad se impuso y no se concertó...
“La Asamblea es un órgano democráticamente elegido, representa a los antioqueños. Ninguna decisión que pase por el seno de una corporación pública, un Concejo municipal, una Asamblea o el Congreso de la República, es una imposición. Yo creo que todos pudieron participar en los debates que allí se hicieron.
La única propuesta formal que recibimos fue la de la Andi y fue incorporada en su totalidad, que consistió en ponerle un techo al cobro de la tasa a partir de cierto umbral de consumo de energía. Esa fue la única propuesta formal, lo demás fueron alaridos y algún tipo de apreciaciones que son muy propias de activistas, pero no del ejercicio de un gobierno.
Aquí lo que está claro es que si el gobierno Petro abandona la seguridad, abandona la dignidad de soldados y policías, nosotros en Antioquia no lo vamos a hacer, así tengamos que incurrir en costos políticos tan caros como este. Esto no es cómodo de ninguna manera, pero ¿cómo nos vamos a quedar manicruzados ante la situación de seguridad, ante la forma como viven los soldados y policías, las carencias en dotaciones, en equipamientos que tienen para poder cumplir con su quehacer misional? A mí me parece que es una exageración decir que esto fue una imposición”.
Sobre esos topes propuestos por la Andi, ¿cómo cambia eso las inversiones proyectadas?
“Se pueden estar dejando de recibir más o menos unos $200.000 millones. El techo que se puso, el umbral, no solo beneficia a la industria, también al comercio. A partir de 70.000 kilovatios hora consumidos, el cobro de la tasa es el mismo que si consume 100.000 por ejemplo. Para el tema de la industria el techo está en 500.000.
La única propuesta que nosotros recibimos fue acogida con extensión hacia todo el sector comercial porque, infortunadamente, y lo conversábamos aquí con unos representantes de Fenalco que hacen parte de la junta, nosotros no recibimos una propuesta formal por parte de este gremio y que fuera constructiva e implementable. Nosotros, vuelvo y repito, no somos activistas, no somos el gobierno de Antioquia, no podemos ir a pararnos como gobierno al frente del Palacio de Nariño, que era el llamado que se hacía desde la dirección de algunos gremios”.
Tanto usted como el alcalde han sido muy insistentes en que su relación sigue bien, que siguen trabajando en llave en diferentes proyectos. Durante la discusión del proyecto, el alcalde de Medellín fue muy frontal en manifestar su oposición. ¿Ustedes cómo han tramitado esas diferencias?
“No, con mucho respeto, con cariño. Cuando hay cariño, respeto, gratitud y admiración, que es lo que nos une a nosotros, las diferencias existen. Eso no tiene por qué implicar una situación irreconciliable. Hay una diferencia, él piensa una cosa sobre este particular, nosotros pensamos otra.
Yo tengo la obligación de pensar en 125 municipios de Antioquia. Nosotros aquí somos un solo pueblo, donde hay unos que tienen más capacidades que otros, algunos que requieren acompañamiento y otros que no lo requieren. A mí me toca pensar por cada uno de los siete millones de antioqueños que habitamos un solo pueblo. Entonces, en eso nos hemos mantenido y así seguiremos”.
Cuando se produjo la aprobación de la tasa en la Asamblea, el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Decidieron sin mayores esfuerzos para buscar consensos” y que “la ciudadanía sanciona que se haga lo mismo que se critica”. ¿Cómo recibe esos puntos que él plantea?
“Al presidente siempre hay que escucharlo. El presidente es una persona que hizo demasiado por este país, nos enseñó que la seguridad es un valor democrático que se debe perseguir todos los días. También en su momento para él no fue fácil cuando le tocó salir adelante con el tema del impuesto al patrimonio, eso fue una discusión que, finalmente, la gente lo aceptó con cariño y, gracias a eso, se dieron los frutos de eso, por cuenta de las capacidades que adquirió nuestra Fuerza Pública. En ese momento se le quebró el espinazo a la violencia y a los grupos armados ilegales en Colombia.
Hoy, guardadas las proporciones, tenemos una situación no muy lejana de lo que vivimos para esta porción del territorio antioqueño hace 20 años y en donde a nosotros nos toca actuar. ¿Usted se imagina donde el presidente se hubiera quedado cruzado de brazos porque el impuesto al patrimonio era impopular? Eso también fue costoso para él en su momento, pero vimos todos los frutos de esa decisión política. Eso es lo que esperan finalmente los ciudadanos de un gobernante, que tome decisión. La gente lo elige a uno para que haga cosas, no para que se queje”.
Recientemente el departamento fue vinculado a una tutela que se ha impulsado precisamente para tumbar la tasa, ¿qué análisis tienen sobre eso?
“Nosotros fuimos vinculados por solicitud propia del gobierno departamental y ya contestamos la tutela. No tenemos ninguna duda sobre la legalidad de ese asunto. Esto es un tributo no solo amparado legalmente por dos leyes, sino por dos sentencias de la Corte y que ya existe en otros departamentos. Tenemos absoluta claridad sobre ese particular”.
¿Así las cosas el cobro arranca entonces el primero de enero del próximo año?
“Las ordenanzas para nosotros son un mandato, tienen fuerza como si fueran una ley. Uno no hace aprobar una ordenanza para no aplicarla. Nosotros nos comprometimos, porque es el texto de la ordenanza, a que empezaba el cobro a partir del 1 de enero del 2025 y tiene una fecha de cierre que es el 30 de diciembre del 2027”.
