La guerra de bandas del municipio de Bello se disputa en dos espacios: la calle, donde las balas han dejado decenas de víctimas en los últimos meses; y las redes sociales, en las que a punta de panfletos, videos y audios mantienen a la población en estado de zozobra constante.
Delincuentes y sus familias, vecinos, residentes de urbanizaciones, empleados de fábricas, supermercados, hoteles, periodistas y agentes de la Fuerza Pública han sido blanco de mensajes intimidantes desde que la problemática estalló en febrero.
Los grupos involucrados, según las autoridades, son “Pachelly”, “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Su batalla se concentra en apenas dos de las 10 comunas del municipio (Niquía y Altos de Niquía), pero la difusión distorsionada de los eventos hace creer a la gente que “todo Bello está jodido”.
El origen de la confrontación entre esas facciones está en diferencias internas por el manejo de los negocios ilícitos (minería de oro, narcotráfico y extorsión), el intento de ascenso de nuevos cabecillas (fractura en la jerarquía) y las venganzas por cuentas pendientes de peleas pasadas.
Eso incrementó el índice de homicidios. En lo que va de 2019 (hasta mayo 29) se registraron 65 asesinatos en la localidad, mientras que en el mismo lapso de 2018 iban 29.
La Alcaldía respondió con dos medidas: prohibir la circulación de motos con pasajero y toque de queda nocturno para menores de edad; la Policía envió refuerzos y el Ejército dispuso patrullas de apoyo.
La crisis afectó el comercio, la movilidad entre barrios y algunas familias dejaron de enviar a sus hijos a clase. Muchos ciudadanos evitan salir de noche en los vecindarios afectados, por temor a una bala perdida. Los hechos son graves de por sí, y si se añade el ciberterrorismo, la hoguera se convierte en un infierno.
Chats del terror
Los mensajes que circulan por la web, en especial por la aplicación WhatsApp, se pueden clasificar de cinco maneras:
1) Amenazas entre bandas: contienen listados con nombres y alias de sus enemigos, o de las personas cercanas a estos, a quienes constriñen para irse de la zona y los declaran “objetivo militar”.
Uno de los panfletos más extremos trae fotos de las esposas, hermanos e hijos de dos cabecillas de “Pachelly”, acompañadas de frases como “ya saben pues, tocan algún familiar del Mesa o Camacol (grupos rivales) y se les muere el perro y el gato”.
2) Intimidación a establecimientos: los combos arremeten contra empresas, hoteles, supermercados, locales y urbanizaciones, acusándolos de favorecer a miembros del bando contrario, albergarlos o prestarles servicio. Una de las afectadas fue la multinacional Mitsubishi Electric, que hace 30 años tiene una planta en límites de los barrios La Aldea, Ducado y Bellavista.
El panfleto distribuido por la web incluye fotos y nombres de directivos y supervisores de la firma.
El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que “no podemos desestimar ninguna amenaza, más si es contra empresas reconocidas que están produciendo económicamente para nuestro país y generando empleo”.
3) Amenazas a las autoridades, investigadores y reporteros: en respuesta a la violencia que golpea a Niquía y Altos de Niquía, la Policía y la Fiscalía aumentaron su operatividad, logrando capturas e incautaciones de armas, drogas y vehículos; también se publicaron nuevos volantes de los más buscados, con rostros de cabecillas que permanecían en las sombras. Así mismo, el periodismo y colectivos sociales volcaron su atención a esta área, lo que puso a los grupos implicados en la palestra.
En retaliación, las bandas distribuyeron mensajes contra estos actores; uno de ellos dice: “informamos a los investigadores de la zona, Sijín, CTI, Sipol y a la Policía de civil, que atentaremos contra sus vidas siempre y cuando esté en juego nuestra seguridad”.
4) Difusión de hechos reales agregando advertencias: muchos de los homicidios de esta racha se cometieron a plena luz del día y en vías públicas, lo que facilitó que fueran fotografiados o grabados por los ciudadanos usando teléfonos inteligentes.
A esta información, que contiene escenas de personas ensangrentadas, levantamientos de cadáveres o enlaces a portales noticiosos, desconocidos le añaden advertencias antes de redistribuirlas. “Ojo, es mejor quedarse encerrados”, “están matando por ver caer”, “no se puede ir a Bello”, “dijeron que no iban a respetar a nadie”, se oye en los audios agregados, lo que aumenta la sensación de inseguridad.
5) Información falsa o exagerada: trae videos, audios y fotos de hechos que ocurrieron en otras ciudades, pero que hacen pasar como si hubieran sido en el municipio.
Una de las grabaciones muestra un conductor abaleado dentro de un carro, con el epígrafe “mataron a un duro de Bello”; en realidad el crimen se registró en Brasil. Otra foto, de un joven con heridas letales de bala que repartieron como si fuera un bellanita, fue tomada en México.
También han circulado videos de balaceras nocturnas, que ocurrieron en Medellín años atrás, o audios describiendo tiroteos en lugares de Bello ajenos al conflicto, como el parque principal o el barrio Las Cabañas, donde las autoridades confirmaron después que nada de eso sucedió.
La sicóloga Zulima López, magíster en Antropología y docente de la UPB, opina al respecto: “Cuando un dato falso se repite incesantemente, se convierte en verdad, así las evidencias vayan en contravía de esa falsedad. ¿Entonces qué sucede? Que aunque haya partido de un dato falso, se convierte en un dirigente comportamental y emocional. Y algo que ya esté legitimado de esa manera, se transforma en una representación social difícilmente desarmable desde los discursos gubernamentales”.
A su juicio, esto conlleva a que “los miedos se instauren como la forma natural de comportamiento de esta población, y así se den las garantías de seguridad, tendrán que pasar otras cosas antes de que se establezca esa nueva percepción en la comunidad”.
En esta categoría también entran los memes, que con su visión burlesca de la realidad, están comparando a Bello con Siria, Afganistán o Kosovo en sus peores épocas.
El alcalde César Suárez Mira ha pedido en varias ocasiones a los bellanitas no replicar estas cadenas.
¿Qué hay detrás de esto?
La intimidación por panfletos en Colombia viene de los años 90, desde los días en que guerrilleros y paramilitares solían tomarse pueblos enteros durante largas jornadas.
En el Valle de Aburrá, en la última década hubo un incremento de este mecanismo de asedio, al tiempo que la telefonía inteligente penetraba en el mercado. Mensajes con calaveras y listados de objetivos firmados por “las águilas negras en tu barrio”, entre otros, se usaron para amedrentar a ladronzuelos, viciosos, prostitutas y homosexuales.
De igual manera, para amenazar a integrantes de combos rivales en Altavista, San Javier, Popular, Manrique y Castilla, principalmente; sin embargo, refieren los investigadores judiciales consultados, nunca se había visto en el área metropolitana un fenómeno de ciberterrorismo tan complejo como el de Bello.
John Marulanda, militar retirado y experto en seguridad, señala que “esta es una nueva característica de la criminalidad urbana en América Latina, se ve en las favelas brasileñas, las villas miseria argentinas y los barrios con pandillas de Centroamérica. Es una forma de mantener el control social mediante el miedo y de burlar las fronteras invisibles que implantaron los enemigos en el territorio”.
Agrega que “cada vez se hará más normal el uso de estas tecnologías, porque las bandas están conformadas por jóvenes de la generación digital, que se mueven como pez en el agua en el ciberespacio”.
En Bello, el amedrenta miento por chats está siendo acompañado por terrorismo sicológico en las esquinas. Hace un mes, en una fachada aledaña a la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Niquía, pintaron un grafiti con las iniciales A.G.C., haciendo referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una de las denominaciones dadas al Clan del Golfo.
El mismo día circularon por las redes varios audios fraudulentos, señalando: “acaban de pasar un montón de negros encapuchados de los gaitanistas, los vieron por el parque de Bello y la 59. Pilas, no la den botada”.
Fuentes de Inteligencia policial afirman que esta agrupación no tiene presencia en el área urbana del municipio. En algunas ocasiones utiliza un corredor de movilidad que atraviesa el corregimiento San Félix y conecta el occidente de Medellín con San Jerónimo, pero nada más.
Otro acto de presión contra la comunidad sucedió el pasado 10 de mayo. En la tarde, la Policía arrestó a alias “Banano”, cabecilla de “Pachelly”, y en la noche una caravana de motociclistas irrumpió en varias cuadras de Niquía. Según los residentes, los motorizados les gritaban que se entraran y cerraran los negocios, “porque esto se va a prender”.
El momento histórico
Para el analista del conflicto urbano, Boris Castaño, lo que están haciendo estas bandas contradice las dinámicas convencionales de la criminalidad en el Valle de Aburrá, “porque la tendencia de las organizaciones es tratar de que todos los barrios estén tranquilos, para no atraer la atención de la Fuerza Pública y desarrollar sus negocios ilegales sin que eso les afecte el bolsillo. Es por esa razón que, en el contexto de Bello, este tema de los panfletos tiene un significado especial”.
Para él, no se puede perder de vista que estamos en época electoral, próxima a las votaciones por la Alcaldía.
“Es posible que haya movimientos sociales que estén aprovechando la oleada de violencia para fomentar más el caos y replicar el estado de zozobra, mostrando a Bello como un municipio fallido, por lo que sería necesario un cambio en la administración, que en las últimas décadas estuvo en cabeza de un mismo grupo político”, dice Castaño.
El ciberespacio contribuyó a que el conflicto pasara de ser un asunto local a uno del orden regional, por lo que ya hubo consejos de seguridad con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien afirmó después de una de estas reuniones: “Lo que necesita Bello es un trabajo más serio. Hay una zona de confort de los bandidos, donde están haciendo actos ilegales, como si fueran normales. Y qué bueno que estallen estos escándalos de redes sociales para que las autoridades se pongan al frente de esto”.
La Procuraduría anunció que investigará varias quejas de la ciudadanía, según las cuales habría nexos entre servidores públicos y las bandas.
Estos anuncios debilitaron la posición del alcalde Suárez, quien el pasado 15 de mayo fue condenado a 6 años y 10 meses de arresto por falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Sigue gobernando, en virtud de una apelación vigente a ese fallo, pero en medio de un ambiente enrarecido.
Para contrarrestar el efecto del terrorismo en las redes sociales, los analistas Marulanda y Castaño coinciden en que las autoridades podrían usar también internet para difundir los hechos positivos y los resultados de la lucha contra el crimen, porque en estos tiempos ya no basta con tener vigiladas las calles.
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años es la máxima pena por terrorismo en el código penal de Colombia (artículo 343).
7
años de cárcel es la pena si el terrorismo se hace por escritos, anónimos y videos.
