Cuatro ciudadanos y cuatro empresas antioqueñas han logrado ser excluidos de la Lista Clinton, luego de que el Gobierno de Estados Unidos les aplicara sanciones financieras por presuntos nexos con la organización delincuencial “la Oficina”.
La más reciente decisión tomada por el Departamento del Tesoro de ese país, beneficia a los hermanos José Guillermo, Jesús Rodolfo y José Albeiro Barco Mejía, empresarios oriundos del municipio de Santuario, dedicados a la importación de productos de estética y belleza.
El 1 de julio de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Tesoro, designó en la Lista Clinton a una supuesta red de lavado de activos vinculada con “la Oficina”, la estructura mafiosa más poderosa del Valle de Aburrá.
En aquel listado figuraban Fredy Alonso Mira Pérez, alias “Fredy Colas”, uno de los cabecillas de la facción ilegal; Ayman Saied Joumaa, un colombo-libanés involucrado en el blanqueo de capitales en Latinoamérica para el grupo terrorista Hezbolá; y el empresario Pedro Claver Mejía Salazar, junto a 10 de sus familiares y 15 empresas, entre ellos sus sobrinos, los hermanos Barco Mejía.
Adam Szubin, director de la Ofac en ese momento, declaró que el clan familiar estaba presuntamente implicado en la realización de transacciones financieras para lavar el dinero ilícito de la banda.
“Fue algo muy duro, un baldado de agua fría para nosotros. Los bancos nos cancelaron las cuentas y los créditos que teníamos, tuvimos que despedir 12 trabajadores, esto dejó pérdidas financieras y emocionales”, relató José Guillermo Barco, de 41 años y representante legal de las firmas Grupo Empresarial Ghema S.A.S. y Enkor Profesional, ambas con domicilio en Medellín y dedicadas a la importación y venta de artículos de belleza desde China.
El proceso
Hace tres años, el Departamento del Tesoro, en asocio con el FBI y la DEA, comenzaron una ofensiva en contra de las redes financieras de “la Oficina”, sacando a la luz pública a cabecillas y narcotraficantes de esa organización que hasta entonces permanecían a la sombra, entre ellos: “Fredy Colas”, “Diego Chamizo”, “Mateo” y “Omega”.
La inclusión en la Lista Clinton es una acción de carácter administrativo, y aunque en la teoría solo prohibe las relaciones comerciales con ciudadanos y compañías estadounidenses, en la práctica significa el congelamiento de las finanzas y rechazo del sistema financiero en Colombia.
Además, en el caso de los hermanos Barco, la Fiscalía de nuestro país abrió una investigación con fines de extinción de dominio en contra de los bienes de la familia.
A partir de ese instante, los tres iniciaron una batalla jurídicoadministrativa para demostrar que no estaban involucrados en ese tema. La defensa del caso en Estados Unidos la asumieron los abogados Luis Guerra y Orlando do Campo, con el investigador Wilton Hernández.
“Fueron casi tres años, en los que logramos demostrar a la DEA y a la Ofac que ellos no tenían nada qué ver con ‘la Oficina’ y que no estaban implicados en lavado de activos”, señaló Guerra a este diario, y agregó: “la Lista Clinton es un martillo muy fuerte del Gobierno norteamericano, pero también son justos, y cuando se prueba que la persona no tiene esos vínculos, la sacan de la lista”.
El pasado martes, la Ofac les notificó a los tres hermanos que oficialmente quedaban borrados del listado.
“Ahora nos queda enviar esta notificación a los bancos, para que nos den de nuevo el acceso a los créditos, y volver a levantar las dos empresas”, dijo José Guillermo Barco. Añadió que dicha exclusión será de vital importancia para lograr la preclusión del expediente por extinción de dominio en Colombia.
Una suerte distinta tuvo su tío, Pedro Claver Mejía. Él se entregó a las autoridades estadounidenses, firmó un acuerdo de responsabilidad y está a la espera de la sentencia en una celda de aquella nación.
Dentro del mismo proceso, también se sometió a la justicia norteamericana “Fredy Colas”, quien fue condenado en 2015 a pagar siete años de cárcel por lavado de activos.
Los otros casos
Sumándose a los tres hermanos Barco Mejía, la cuarta antioqueña excluida de la Lista Clinton fue la contadora Adriana María Ruiz Madrid, quien en noviembre de 2014 fue involucrada en otra red de blanqueo de “la Oficina”.
Logró su exclusión en agosto de 2016, así como la de su centro de estética Carytes Encanto y Belleza, ubicado en un centro comercial de El Poblado.
La cuarta empresa eliminada del listado, según resolución de la Ofac del 23 de febrero de 2017, fue Colombiana de Biocombustibles S.A. (Colbio), que también había sido sancionada a finales de 2014.
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personas y empresas, ligadas presuntamente a “la Oficina”, están en la Lista Clinton.
