Las investigaciones por los presuntos actos de corrupción dentro de la Cuarta Brigada del Ejército, relacionados con contratación ilegal y expedición irregular de salvoconductos para el porte de armas, ya produjeron los primeros operativos.
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Por solicitud de una Fiscalía Seccional de Medellín, esta tarde se expidieron órdenes de arresto en contra de cuatro contratistas y cinco militares activos y retirados, las cuales comenzaron a ejecutarse por parte de agentes del CTI en distintas ciudades.
Fuentes judiciales confirmaron la detención del coronel (r) Harold Páez Roa, quien para la época de los hechos investigados (2015-2017) se desempeñó como comandante del Batallón de Servicios, la unidad encargada de administrar el presupuesto destinado al mantenimiento de las instalaciones, de los vehículos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la brigada.
Según la información preliminar de las autoridades, funcionarios de dicho batallón estarían inmersos, presuntamente, en acciones de tráfico de influencias y sobornos para favorecer a determinados contratistas.
Los contratos bajo sospecha están relacionados con la reparación de vehículos, obras de ingeniería civil, mantenimiento y aseo de sedes, alquiler de maquinaria y mobiliario para oficinas, entre otros.
El citado operativo hace parte de una investigación general adelantada por la Fiscalía y la Procuraduría, en contra de los supuestos actos de corrupción cometidos por miembros del Ejército.
En relación con la Cuarta Brigada, además de las irregularidades en la contratación, los entes de control también le pusieron la mira a la expedición de salvoconductos para el porte de armas y municiones. Esta indagación salpica a funcionarios de la Dirección de Control Comercio de Armas.
Tal cual informó EL COLOMBIANO el pasado fin de semana, 26 cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá han recibido permisos especiales para el porte de armas de defensa personal, incluyendo a jefes de peligrosas bandas como “la Oficina”, “la Terraza”, “los Triana”, “los Mondongueros” y “Pachelly”.
La consecuencia inicial de la apertura de estos expedientes fue el llamado a calificar servicios del general Jorge Romero, quiera fuera comandante de la Cuarta Brigada entre 2016 y 2017. Por su calidad de aforado, el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que aún no lo llama a rendir testimonio. Ante la opinión pública, Romero dijo que era inocente.
Para los demás involucrados, las audiencias de garantías serán en un juzgado de Medellín.
Todavía no hay pronunciamiento de la Fiscalía; sin embargo, el presidente Duque, en la celebración de los 196 años de la Armada, dijo: “La instrucción que le he dado a la cúpula (militar) ha sido la de enfrentar en cualquier lugar las violaciones al honor militar y donde se vea la más mínima sospecha de corrupción. El mandato es cooperar con las demás autoridades”.
