Una de las razones que argumentó la Fiscalía para privar de la libertad al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Alberto Villegas Restrepo, y al exguerrillero del Eln, Mariano Humberto Zea Osorio, es que ambos presuntamente participaron en un concierto para delinquir, al promover, sin tener autorización del Gobierno Nacional, una negociación que les otorgaría beneficios a organizaciones del crimen organizado, como “La Oficina”.
EL COLOMBIANO reveló el pasado 7 de julio que desde Medellín se estructuró el borrador de un proyecto de ley de acogimiento y sometimiento a las estructuras criminales, que se contempló sustentando uno de los puntos del Acuerdo de paz con las Farc.
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De acuerdo con actas a las que tuvo acceso este diario, Villegas Restrepo no estuvo solo en su propósito de ayudar a someter a organizaciones como “La Oficina” y el “Clan del Golfo”. La propia Fiscalía General de la Nación, que ahora lo tiene en la cárcel de Yarumito, aportó a la redacción del borrador de proyecto. También hicieron contribuciones entidades del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
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Desde la Alcaldía de Medellín le enviaron la iniciativa a una senadora del Centro Democrático. “Es un gran proyecto”, le dijo a EL COLOMBIANO la legisladora, que aseguró estar dispuesta a liderarlo en el Congreso de La República.
¿Quién es la senadora? ¿Qué razón la asiste para afirmar que hasta iría a la cárcel por haber apoyado ese proyecto de sometimiento de las Bacrim?
¿Qué piensa del tema el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez?
¿Qué delegado tuvo en esas reuniones el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira?
Estas y otras intimidades las pueden encontrar nuestros lectores en el informe exclusivo que se publica este domingo en la edición impresa de EL COLOMBIANO.
