La novela del Central Park, cuya inconclusa estructura continúa desgastándose al sol y al agua desde 2021, podría estar en la antesala de un nuevo capítulo, esta vez por cuenta de un expediente perdido que enredaría más la situación legal del terreno en donde se levanta la obra.
El pasado 24 de mayo, justo cuando la Asamblea de Antioquia aprobaba destinar otros $17.732 millones para terminar la obra, el Archivo General de la Nación entregó a la Fiscalía una denuncia en la que le pide investigar la desaparición de los soportes de un Acuerdo que tendría información clave sobre el lote Tulio Ospina.
La alerta quedó consignada en una carta que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del AGN, Jorge Alejandro Carrasquilla, entregó a ese ente investigador, en la que narra cómo un equipo de inspectores de su entidad realizó una visita entre el 12 y 13 de mayo de este año al municipio de Copacabana para verificar una denuncia ciudadana que había llegado por la desaparición de esos papeles.
Aquella primera denuncia, cita el documento, había sido formulada por la Veeduría Ciudadana al Central Park desde octubre pasado, a través de una carta que arrojaba dudas sobre la forma como la Gobernación legalizó el lote para construir el autódromo.
Una cesión cuestionada
Para comprender las dudas que todavía hoy se mantienen sobre la legalidad del Tulio Ospina, hay que remontarse más de cuatro décadas en el tiempo, cuando en 1973 la familia Ospina donó al Estado el pedazo de tierra en el que hoy se construye el autódromo, con la condición de que se hiciera un parque público.
Para garantizar esto, el terreno fue donado de forma simultánea a todos los municipios del Valle de Aburrá, contemplando que cada uno tendría un pedazo proporcional a su número de habitantes.
Aunque por muchas décadas el proyecto se mantuvo estancado, al punto de que allí se hicieron los talleres del Metro de Medellín, entre 2016 y 2019 el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le dio un giro al proyecto, cuando modificó el del parque y destinó la mayor parte de su espacio para construir un escenario dedicado a los deportes a motor.
A raíz de las condiciones con las que el lote fue donado en la década de 1970, para lograr su cometido el Departamento tuvo que darse un paseo por todas las alcaldías del Valle de Aburrá, buscando que los municipios le cedieran sus derechos sobre el terreno para hacer la obra.
En junio de 2019, cuando la Gobernación apretaba al máximo el acelerador para dejar las obras andando antes del cambio de gobierno, el representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez, y la Veeduría Ciudadana al Central Park comenzaron a alertar por presuntas inconsistencias en la forma como los municipios habían cedido sus derechos.
Una de las denuncias más graves salpicó a la Alcaldía de Bello, que al parecer había cedido su porción a la Gobernación en una carta firmada el 17 de abril de 2018, pero en enero de 2019 aseguró en respuesta a un derecho de petición que no tenía en sus archivos ningún documento en donde se formalizara esa cesión.
El expediente perdido
Al igual que en Bello, en el caso de Copacabana las dudas aparecieron por cuenta de una serie de contradicciones al interior de su Alcaldía.
Juan Carlos Contreras, abogado y líder de la Veeduría Ciudadana al Central Park, explica que esas contradicciones quedaron expuestas en una respuesta que el alcalde de ese municipio, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, dio a un derecho de petición en octubre de 2020.
En ese documento, el mandatario aseguró que desde 2014 el municipio había renunciado a sus derechos sobre el Tulio Ospina, en una carta que había dirigido a la Gobernación.
“El alcalde de la época (...) comunicó a la Gobernación (...) la decisión discrecional que había tomado de no aceptación de la cesión del porcentaje de participación en dicho inmueble”, expresó Monsalve, explicando que, bajo dicha decisión, los demás municipios podían disponer del 2 % que le correspondía a Copacabana.
En esa misma respuesta, Monsalve aseguró que esa determinación nunca había pasado por el Concejo. “No existen antecedentes de Acuerdo Municipal que hubiese decidido sobre la aceptación o no de la cesión”, escribió el alcalde en el documento.
Pese a lo dicho por el alcalde, Contreras señala que la veeduría encontró en los archivos del Concejo un acuerdo municipal, identificado como el Nro. 19 del 14 de diciembre de 2005, en el que esa corporación le daba facultades al alcalde de Copacabana para entregar su porción del terreno al municipio de Bello.
Aunque el citado acuerdo aún permanece en los archivos del Concejo, Contreras explica que el expediente con toda la información que lo soporta nunca apareció, lo que ha despertado suspicacias.
Buscando aclarar su paradero, fue que en octubre del año pasado la Veeduría acudió al Archivo General de la Nación, que tras verificar el caso pidió intervenir a la Fiscalía.
“ (...) No se encontró carpeta o expediente de la documentación del proyecto de acuerdo, ni tampoco fue posible establecer la existencia de alguna información relacionada con este proyecto: ya sean proyectos de acuerdos o actas de sesiones del Concejo. Aunque se pudo observar que los demás acuerdos emitidos por el concejo sí contaban con sus proyectos y documentos relacionados”, escribió el jefe jurídico del AGN en su denuncia.
La denuncia del AGN podría tener implicaciones penales para el Municipio, ya que la desaparición de estos archivos podría configurarse en un delito tipificado como destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, tal como aparece en el artículo 292 de la Ley 599 de 2000.
Para conocer su versión sobre este tema, EL COLOMBIANO se puso en contacto con la Alcaldía de Copacabana, pero hasta el cierre de esta edición la administración municipal no se había pronunciado.
