La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la empresa Finsocial S.A.S por el escandaloso abuso cometido contra una docente en el Urabá, a quien la empresa le realizó cobros irregulares por un préstamo.
La historia comenzó en 2021, cuando la profesora Carmen Cecilia Lora Carrascal, una docente orientadora que trabaja en zona rural de esta subregión, solicitó un crédito de libranza por $24.300.231 a Finsocial. El infierno para ella comenzó cuando esta Fintech, que en su publicidad ofrece soluciones crediticias a pensionados, docentes del sector público, independientes y mujeres, le liquidó el préstamo en $87.000.000.
“Me di cuenta un año después, cuando solicité un certificado de deuda, que me aparecía el doble del valor que yo había solicitado del crédito, para mí fue algo muy impactante. Me dije, no puedo permitir que esto me pase”, aseguró la docente. Además de los pagos mensuales al crédito, producto de los descuentos por nómina, la profesora hizo un abono a capital de $15 millones.
“Yo tenía la completa certeza de que mi deuda estaba cancelada, pero ellos me seguían descontando los mismos 725.000 pesos de la cuota y me continuaba apareciendo una deuda superior a lo que debía. Cuando recibo el certificado de deuda, me enloquecí, lloré mucho, entré en una situación muy difícil y empecé a buscar apoyo de mis familiares. Ellos me dieron información para buscar en internet una entidad del Estado que me defendiera de lo que Finsocial estaba haciendo conmigo”, precisó la profesora.
Así que demandó ante la Superintendencia explicando que los cobros accesorios que le hicieron correspondía a “pólizas y seguros de seguros, como cinco cosas relacionadas con las que el cliente va a quedar mal, porque dan por hecho que el cliente no va a pagar, cuando hay una libranza firmada y registrada ante una secretaría de Educación que no deja descontar mes a mes por nómina hasta que la entidad manda un paz y salvo”.
Tras la denuncia, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales tomó el caso y falló a favor de la docente, pues encontró ajustadas sus reclamaciones y le ordenó a Finsocial reliquidar el crédito y hacer la devolución del dinero que se haya pagado de más, al tiempo que ordenó notificar a la pagaduría de la secretaría de Educación la suspensión de los descuentos por nómina hasta que sea reliquidada la obligación.
La SIC, en su sentencia, advirtió que en la reliquidación del crédito no se pueden incluir, como venía ocurriendo, cobros por los conceptos de tasa de reestructuración, fianza, seguro de cumplimiento, fondo de previsión, seguro voluntario y la garantía del Fondo Nacional de Garantías (FNG).
Además, teniendo en cuenta que Finsocial reconoció que la forma en la que tramitó el crédito de la docente es la misma que usa para otros clientes, la Superindustria, al considerar que constituye una actitud gravosa, procedió al cobro de más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $58 millones.
De paso le ordenó enviar copias del expediente a la Delegatura de Protección al Consumidor para que investigue fallas en la información y cobros indebidos. La empresa tiene 30 días hábiles para cumplir las órdenes de la sentencia, y deberá cubrir los gastos del proceso en los que debió incurrir la demandante.
“En este proceso se demostró que ellos no me habían entregado ese dinero, no me habían dado a conocer todos estos costos accesorios que justificaron. Realmente, para mí, la sentencia del juez fue algo justo. Allí vi recogida cada lágrima, cada día de espera, cada tormento, cada situación, porque realmente brilló la verdad”, puntualizó la educadora Carmen Cecilia Lora.
