Una histórica sentencia en Antioquia ordenó devolver más de 12.300 hectáreas de tierra a un consejo comunitario afro que está ubicado entre Urrao (Suroeste) y Frontino (Occidente), según informaron desde la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
La decisión es del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia y se da tras varios años en los que el Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé ha solicitado que les devuelvan los predios sobre los que tienen propiedad y derecho ancestral, tal como lo demostró la sentencia.
En concreto, son 12.394 hectáreas más 9.769 metros cuadrados de tierra que se restituyen, al tiempo que se ordena a varias instituciones a implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad beneficiada, sin perder de vista sus costumbres y cultura.
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“Esta sentencia lo que busca es favorecer los derechos de la restitución territorial que va a beneficiar a más de 1.000 personas”, señaló Giovani Yule, director general de la URT, institución que venía representando al consejo comunitario en la solicitud de la restitución. La entidad también informó que este es el primer fallo de naturaleza étnica proferido en los 105 municipios que atiende la Dirección Territorial Antioquia.
Según lograron comprobar los reclamantes, el predio comenzó a ser poblado por esclavos africanos que fueron llevados al Occidente antioqueño, durante la época de la Colonia, para trabajar en minas de oro. Tras recuperar su libertad, se instalaron en esta región selvática, que está ubicada en límites con el Chocó.
Los relatos que se conocieron durante el proceso dan cuenta de que “dicha ocupación se consolidó entre las décadas del 50 y el 70 del siglo XX hasta llegar a constituir siete comunidades negras que luego conformaron el Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé”.
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Posteriormente, dijeron los representantes del consejo comunitario, por medio de la Resolución 02726 del 27 de diciembre de 2001, proferida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), les entregaron el título colectivo de propiedad de ese territorio que habían habitado ancestralmente.
Ahora, con el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado, se instó a algunas instituciones a materializar la restitución a las comunidades negras y a acompañarlos en la consolidación de proyectos y acceso a derechos que mejoren su calidad de vida.
Por ejemplo, la ANT tiene el deber de corregir dos resoluciones, una de mayo de 1996 y otra de diciembre de 2001, ambas del Incora, con las que se le adjudicaron de forma errónea 310 hectáreas más 2.680 metros cuadrados de tierra al resguardo indígena Majoré Amburá, que está ubicado en Urrao. Esto, porque el Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé demostró en el proceso que estas le pertenecían desde tiempos ancestrales.
Asimismo, el Juzgado ordenó a la URT que entregue un proyecto productivo colectivo para esta comunidad negra y a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, adelantar, de manera concertada, el diseño e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Entre las consideraciones que tuvo el Juzgado en la decisión está el reconocimiento de que la disputa que se libró dentro del consejo comunitario causó afectaciones importantes a los ecosistemas naturales, a la sostenibilidad y a la sustentabilidad del territorio, por lo cual también deben adoptarse medidas que lleven a su reparación y protección.
“Estas serán las condiciones básicas para garantizar la salvaguarda de la relación inseparable entre territorio, naturaleza e identidad cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, señaló el Juzgado Primero. Esto quiere decir que el fallo contempla acciones para garantizar que la comunidad amparada pueda disfrutar de las tierras devueltas según sus usos y costumbres.
