El gobernador Andrés Julián Rendón no está dispuesto a ceder esta vez en su proyecto para cobrar un nuevo impuesto de seguridad. Luego de recibir en días recientes una andanada de cuestionamientos y reparos de sectores que van desde los gremios económicos, EPM y hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el mandatario regional advirtió que se mantendrá firme hasta el final para concretar esa iniciativa.
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Aunque este fin de semana el proyecto sufrió varios golpes, los más severos asociados a un concepto jurídico firmado por el gerente de EPM en el que se cuestionó su viabilidad jurídica y un pronunciamiento en el que la bancada del movimiento Creemos anunció su oposición, Rendón regresó a la ofensiva este lunes, dejando en claro su poder de convocatoria y anunciando que se mantendrá firme junto a más de 100 alcaldes de todas las subregiones.
Aquel anuncio, que ahora tiene bajo máxima presión a los 26 diputados de la Asamblea de Antioquia, tuvo lugar en el salón Pedro Justo Berrío ubicado en el piso 12 de la Gobernación, en donde los 100 alcaldes se agolparon frente a las cámaras para anunciar su respaldo al gobernador.
Ante la gran cantidad de mandatarios, al que se sumó el grueso del gabinete de Rendón y hasta integrantes del Consejo Departamental de Juventudes, las ventanas del lugar tuvieron que abrirse para dejar circular el aire y disipar el calor.
Rendón apareció en escena pasadas las 9:30 a.m., pocos minutos después de que la Comisión Primera de la Asamblea, conformada por nueve diputados que se encargan de los temas de hacienda y asuntos económicos, iniciaran una sesión para discutir un paquete de cuatro proyectos, incluido el de la controvertida tasa especial de seguridad.
Mientras en la Asamblea líderes de gremios como Fenalco Antioquia acudieron a la sesión para volver hacer sentir su rechazo, en la Gobernación lo propio hicieron los alcaldes, que expresaron el pedido para que las inversiones por $1,2 millones prometidas por el Departamento para seguridad se concreten.
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Durante su intervención, en la que Rendón también se refirió al encendido cruce de trinos que tuvo con el presidente Gustavo Petro (quien aprovechó el concepto de EPM para calificar la iniciativa como “regresiva”), el gobernador volvió a aclarar que el impuesto solo estaría dirigido a los estratos 4, 5 y 6 y que del mismo estarían exentos por lo menos el 85% de los clientes residenciales de los estrados 1, 2 y 3.
En el caso de los clientes industriales, comerciales y oficiales, el gobernador señaló que para la mayor parte el cobro no supondría un incremento de más de $30.000 en sus facturas y que para el caso de las grandes empresas no sería de más del 6%.
Para dar este último dato, Rendón tomó como ejemplo el consumo de energía de la Fábrica de Licores de Antioquia, que con un promedio de 244.386 kilovatios al mes pagaría una tasa mensual de $14,9 millones, con base en un costo mensual promedio de $255 millones en su factura de servicios públicos.
“Estamos haciendo lo correcto, tengo esa convicción. Estamos haciendo lo que nos corresponde para que los antioqueños puedan vivir y disfrutar de la libertad. Yo fui elegido para hacer que las cosas pasen y eso es lo que procuramos en este momento. Lo que está tomado lugar en la Asamblea no es nada distinto a lo que ha sido el sello de mi vida y de mi trabajo político”, dijo Rendón.
A renglón seguido, la secretaria general de Antioquia, Martha Patricia Correa Taborda, controvirtió los cuestionamientos jurídicos de EPM, sobre todo el relacionado a que el proyecto de ordenanza estaría viciado de nulidad a falta de una ley que habilitara a los entes territoriales a imponer un tributo de este tipo.
Cabe recordar que en dicho concepto, EPM también expresó su preocupación porque se afectara el recaudo y tuviera que afrontar procesos ante la Superintendencia de Servicios Públicos por un cobro que tendría dudas jurídicas.
“La ley 2271 en su artículo 12 fue revisada por la Corte y la declaró exequible y le dio un efecto extendido para la aplicación de la tasa de seguridad a todos los departamentos. Esa potestad suprema que tiene la Corte Constitucional de salvaguardar la ley y la Constitución se debe de acatar todos sus fallos. Realmente me aparto del concepto de EPM”, dijo la funcionaria.
Está caliente la Asamblea
Después de que varios de los alcaldes posaran para la foto con Rendón y se tomaran la palabra para respaldarlo –entre ellos el de Envigado, Sonsón, Tarazá, entre muchos otros– un gran número de ellos se dirigieron a la Asamblea para acompañar la sesión.
Aunque Rendón fue enfático en señalar que las relaciones con el alcalde Gutiérrez siguen en los mejores términos e incluso al interior de la Gobernación se señaló que ambos sostuvieron una conversación telefónica poco antes de la rueda de prensa, entre muchos diputados que ahora tienen sobre sus hombros el peso de aprobar o sepultar la tasa de seguridad quedó claro que en el departamento no sólo hay un alcalde en la ciudad capital, sino otros 124, la mayoría con Rendón.
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Precisamente en la Asamblea, en donde hacia las 10:30 a.m. el orden del día llegó a la tasa de seguridad, quedó claro que Rendón tiene los números a su favor.
Tan solo en la Comisión Primera, integrada por nueve diputados, los cálculos más pesimistas apuntaban a que el proyecto pasaría su primer debate con al menos 6 votos.
Prueba de esa mayoría fueron las intervenciones de tres de los diputados claves: Luis Gabriel Gómez, presidente de la comisión; el conservador Juan Esteban Villegas, ponente; y el liberal Jonathan Roldán, quienes dieron por superadas las dudas jurídicas planteadas por EPM y consideraron que la explicación de la Gobernación era más que suficiente para seguir adelante.
Roldán Jiménez cuestionó por su parte las razones que habrían llevado a EPM e emitir ese concepto negativo, planteando que serían más políticas que otra cosa.
“En el Cesar también se estaba debatiendo un proyecto similar y hasta ahora desconozco un pronunciamiento para bien o para mal de Afinia, que hace parte del grupo EPM”, reprochó Roldán.
Si bien durante la tarde de ayer se supo que la Gobernación del Cesar decidió retirar el proyecto similar que tenía en curso, el argumento de Roldán apuntaba a no entender por qué EPM guardaba silencio en ese departamento y no en Antioquia, donde justo uno de los principales opositores al mismo ha sido el gobierno de Medellín.
Entre tanto, el diputado conservador Juan Esteban Villegas también consideró que la sustentación jurídica de la Gobernación sería suficiente a pesar de lo planteado por EPM. “El debate jurídico ha encontrado claridad leyendo en su integridad el texto completo de la sentencia C-363 del 2023 y el comunicado de fecha septiembre 13 de 2023 de la Honorable Corte Constitucional”, dijo.
Por fuera de las cámaras y en contraste a lo ocurrido en la Gobernación, la llegada de los alcaldes de la Asamblea no fue en bloque y muchos de ellos empezaron a conversar en privado con los diputados, instándolos a cerrar filas también con Rendón.
La presión de los alcaldes también podría jugar un papel clave a la hora de que el proyecto llegue a plenaria, en donde los únicos que no se ven inamovibles son los de Creemos y varios diputados de otras bancadas como la verde, el Pacto Histórico y Dignidad.
Si bien se esperaba que este lunes el proyecto de ordenanza pasara sin afugias en esa comisión, una recusación en contra de dos diputados del Centro Democrático obligó a suspender la sesión. El recurso fue formulado por el diputado Luis Peláez, quien a pesar de no hacer parte de esa comisión radicó un documento señalando que los diputados Luis Gabriel Gómez y Carlos Humberto García tendrían un conflicto de interés por ser integrantes de un partido que recibió donaciones de una empresa cervecera, que a su vez podría verse afectada por la tasa de seguridad.
Ahora el nuevo dolor de cabeza para los impulsores del proyecto podrían ser los tiempos, dado que para este mismo sábado 30 de noviembre está programada la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias y si para antes de ese día no se ha realizado el primer debate los tiempos podrían no alcanzar para que logre aprobarse en plenaria.
Hasta el cierre de esta edición todavía no era claro la fecha en la que sesionará la Comisión de Ética de la Asamblea para resolver las recusaciones, ni cuándo se reanudará este primer debate que quedó en remojo.
