Tras conocerse que la Registraduría validó 2’184.548 de las 3’300.000 firmas recogidas para sacar adelanta la iniciativa del referendo por la autonomía fiscal, que nació en Antioquia pero que tiene eco en todo el país, al comité promotor le queda aún camino por recorrer antes de ver materializada la posibilidad de que la idea llegue a las urnas para que los ciudadanos decidan si la aceptan o no.
Este lunes 10 de febrero se conoció que el órgano electoral certificó las rúbricas que recogieron durante varias semanas los voluntarios de la iniciativa, que ha sido impulsada desde Antioquia por el gobernador Andrés Julián Rendón, así como por otros sectores del departamento y otras zonas del país.
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“Creemos que este país necesita más autonomía fiscal con austeridad, con responsabilidad, con transparencia y por supuesto con un Estado central más pequeño y que entienda que las regiones son las que tienen que impulsar el desarrollo”, manifestó la exsenadora María del Rosario Guerra, promotora del referendo.
Tras conocerse el aval de la Registraduría, el gobernador Rendón reconoció la labor del comité promotor y manifestó que espera que se aprueben los siguientes pasos necesarios por ley para que sean los ciudadanos los que puedan decidir sobre el tema de la autonomía fiscal de las regiones.
¿Qué sigue ahora para que se vote el referendo?
Las firmas, que fueron recogidas desde julio, las presentaron ante la Registraduría para su aval, el pasado 27 de diciembre. Desde entonces, el órgano electoral tenía hasta 45 días para invalidar o certificar las rúbricas, según el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para estos procesos.
Ahora que se tiene el primer visto bueno necesario, la iniciativa dará su paso al Congreso de la República, donde se someterá a debate para decidir si se aprueba. Será en las comisiones Primera y luego en las plenarias de Senado y Cámara donde se debe surtir este trámite. El comité promotor, dijo Guerra, confía en que los parlamentarios “respeten la voluntad popular” de sacar adelante el referendo.
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Posteriormente, en caso de que el Congreso diga sí, el proyecto deberá pasar a la Corte Constitucional, que se pronuncia según su competencia sobre si el proyecto se ajusta a la Constitución Política de Colombia, pues justamente este referendo busca que se haga una modificación en el artículo 298 de la carta magna.
En caso de que este paso también se surta con éxito para el comité promotor, lo que sigue es que el presidente de la República deberá fijar una fecha para que los ciudadanos se acerquen a las urnas este 2025 y sean ellos los que decidan si avalan la idea propuesta en el referendo o la rechazan.
La propuesta que nació del gobernador Rendón pretende que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, con lo cual, por lo menos, se duplique lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones (SGP). En otras palabras, se busca hacer un ajuste en la Constitución de Colombia para que las empresas y personas naturales tributen de forma directa a los departamentos en los que tienen su residencia, de modo que la llegada de esos recursos no dependa de forma exclusiva de las transferencias de la Nación.
“Buscamos modificar la Constitución para que lo que se genere en las regiones se quede en las regiones. No se pueden seguir tomando decisiones desde un escritorio frío en la capital, desconociendo las realidades del Amazonas, La Guajira o Putumayo. Es hora de que las regiones asuman los recursos y las funciones que les corresponden”, expresó en su momento Juan Guillermo Zuluaga, vocero del comité promotor tras la entrega de las firmas.
Según los promotores, esto permitiría, en el caso de Antioquia, pasar de recibir $6 billones a $9 billones del Sistema General de Participaciones (SGP). Eso sí, aún estaría por debajo de lo que se genera desde estas montañas, que son aproximadamente $14 billones.
La iniciativa del referendo tiene finalidad nacional y desde el país destacan los nombres de la exsenadora María del Rosario Guerra y del concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, además del vínculo de reconocidos académicos y políticos de las diferentes regiones del país, principalmente las más grandes y que han visto afectados sus proyectos por cuenta de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro.
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