Un líder social y reclamante de tierras del municipio de Turbo, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, fue asesinado en días recientes, según denunció la Unidad de Restitución de Tierras este lunes.
La víctima, identificada como Antonio Arrieta López, había ejercido por varios periodos como presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Porvenir Tulapas, en Turbo, en donde era reclamante de tierras y había vivido por más de cuatro décadas.
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Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, precisó que Arrieta ya había sido favorecido con una sentencia judicial en la que se le ordenaba a terceros que le restituyeran una propiedad que tenía en ese municipio, por lo que no se descarta que el crimen haya tenido esa motivación.
“Estamos ante una situación donde se había concebido el derecho fundamental a la restitución y desafortunadamente no puede recibir el predio porque ha sido asesinado”, enfatizó el director.
Por su parte, Gerardo Vega, director general de la Agencia Nacional de Tierras, alertó que el crimen de Arrieta sería preocupante a causa de la complejidad que revestía su caso, que incluso fue priorizado por la Jurisdicción Especial para la Pez (JEP).
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“El asesinato de Antonio Arrieta tiene una connotación muy grande porque en la zona de Tulapas la Reforestadora Integral de Antioquia – RIA, de la cual son socias la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA y EPM, tiene sembradas 1.250 hectáreas de teca. Y RIA tiene un contrato de uso de tierras en el norte de Urabá para explotación de teca con el Fondo Ganadero de Córdoba, fondo que está en liquidación, fondo cuyos socios y representantes legales han confesado ante la JEP y ante Justicia y Paz que todo se hizo en connivencia con los grupos paramilitares, que despojaron, asesinaron e hicieron masacres en la región de Urabá”, aseveró el funcionario.
A raíz de lo ocurrido, tanto la Agencia Nacional de Tierras como la Unidad de Restitución de Tierras hicieron un llamado a los demás organismos del Estado para que garanticen la seguridad de los reclamantes y pidieron avanzar en las investigaciones que permitan identificar y rastrear a los responsables.
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De acuerdo con las cifras de ambos organismos, en lo corrido de este año 8 líderes han sido asesinados en condiciones similares en el país.
