La Procuraduría General de la Nación falló en contra del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, encontrándolo culpable de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, como tarifas especiales y más bajas a las habituales, en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental.
Según la Procuraduría, el excontralor se sometió a una liposucción el 16 de abril de 2016 en el Hospital ESE La María de Medellín, que le fue cobrada a un costo inferior al ordinario, afectando los recursos públicos de la salud. El ente de control sanciona a Zuluaga con una suspensión e inhabilidad especial de seis meses.
Teniendo en cuenta que el exfuncionario ya no está en el cargo, le ordena realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el artículo 56 del Código Disciplinario Único, lo que representa $82.968.714. Esta sanción se dicta en primera instancia y la defensa de Zuluaga puede apelarla.
“Zuluaga Peña transgredió el principio de moralidad pública, teniendo en cuenta que los servidores están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad. La falta fue calificada como grave a título de culpa gravísima”; señala el ente de control en un comunicado.
Junto al excontralor, también fue hallado culpable el exgerente del hospital, William Marulanda Tobón, por incumplimiento de sus deberes. A Marulanda la Procuraduría lo señala de omitir intencionalmente el ejercicio de sus funciones, y permitir que en el año 2016 se realizarán procedimientos médicos con costos inferiores a los usuales, a personas recomendadas por él o por el subgerente del hospital.
De esta decisión se habría favorecido Zuluaga Peña. Según la Procuraduría, el exgerente del hospital generó privilegios que no estaban contemplados por la ley, ni por la junta directiva de centro hospitalario. Con su actuar el exfuncionario incurrió en prevaricato por omisión, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000. El ente de control lo sanciona con destitución e inhabilidad por 13 años.
