La Procuraduría General de la Nación investigará a 9 de los 14 corporados locales de Caldas, Antioquia, así como al propio alcalde.
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Procuraduría pone lupa al alcalde de Caldas y a nueve concejales por modificaciones al presupuesto
Para el ente investigador, los funcionarios habrían cometido una falta grave por modificar el presupuesto aprobado para el municipio para la vigencia 2024.
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Adelante, el alcalde de Caldas Jorge Rendón Vélez. Atrás, el recinto del concejo de Caldas. FOTO: imagen tomada de redes.
05 de febrero de 2025
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La noticia se conoció este martes 4 de febrero cuando el ente investigador nacional anunció que había formulado pliego de cargos contra el mandatario Jorge Mario Rendón Vélez y los concejales Luis Hernando Yepes Torres, Yenifer Restrepo Henao, Juan Camilo Baena Ramírez, James Andrés Arango Valencia, Jaime Bedoya Castaño, Ángela María Espinosa Castro, Jonathan Hurtado Betancur, Jhon Fredy Jiménez Granados y Sebastián Querubín Loaiza.
Según el ente de control, los implicados habrían actuado de manera irregular luego de que los corporados aprobaran el Acuerdo 001 de 2024, el cual posteriormente fue sancionado por el alcalde Rendón.
Para entender el asunto hay que remontarse al 21 de noviembre de 2023, cuando se aprobó Acuerdo 006 que ordenó el presupuesto general de rentas y gastos de Caldas para la vigencia fiscal de 2024. En él, el saliente Concejo caldense aprobó que $95.000 millones fueran usados el año pasado por los gastos por la administración. De estos, $19.102 millones –es decir cerca del 20%– fueron destinados a los gastos de la administración central del municipio de Caldas.
La cuestión es que el 29 de enero de 2024, es decir casi dos meses después, la nueva administración encabezada por Rendón Vélez propuso el polémico Acuerdo 001 de 2024 y con el que el Concejo autorizó al alcalde hacer un traslado presupuestal del presupuesto de gastos del Municipio para la empresa de servicios públicos Río Aburrá del municipio de Caldas, según señala el documento.
En el acuerdo se observa como se hizo una transferencia corriente desde la empresa prestadora de servicios públicos por valor de $147 millones con el que al parecer se destinaron en un contracrédito a las cuentas de la Administración Central de Caldas.
Esta distribuyó el monto así: $30 millones, para bonificación por prestación de servicios prestados; $20 millones para primas de vacaciones; $6 millones para aportes de caja de compensación, $20 millones para vacaciones; $21 millones para encuadernación y apoyo al archivo; 20 millones para gastos bancarios por notas de débito; $20 millones de cesantías definitivas; y $10 millones para el área de comunicaciones.
En su segundo artículo, el Concejo aprobó que el alcalde pudiera realizar traslados especiales del presupuesto general hasta el 30 de junio de 2024, sin que se excediera del 25% del total de recursos aprobados.
Según consta en los documentos, dicho acuerdo, cuyo proponente fue el mismo alcalde, y su ponente fue el concejal Juan Camilo Baena, se discutió el 17 de enero y el 29 de enero “y en cada una de ellas fue aprobada por mayoría”.
No obstante hasta ahora no ha trascendido porqué –pese al abultado presupuesto autorizado en 2023–el alcalde solicitó que se le transfiriera más plata.
Sin embargo, para la Procuraduría, estos cambios en el presupuesto aprobado y los “poderes” dados al alcalde para modificarlo podrían constituir una falta grave, cometida con dolo, y aque tuvo un impacto social significativo. Para la Procuraduría, la modificación de los presupuestos municipales de gastos solo las puede hacer la misma entidad (Congreso, Asamblea o Concejo) que los aprobaron originalmente, por lo que el nuevo concejo habría pasado por encima de lo que decidió la corporación pasada.
Este diario contactó a la Alcaldía de Caldas y al Concejo de Caldas para conocer su postura frente a esta situación. Desde la administración local señalaron que por el momento no se darán declaraciones frente al asunto.
Por su parte, desde el Concejo de Caldas señalaron que las decisiones se tomaron conforme al derecho aplicable a la norma. “Desde el Concejo se trabaja con transparencia y honestidad y estamos prestos para contestar los requerimientos de las autoridades”, comentó una vocera de la entidad.
A raíz de esta situación, la Procuraduría ha ordenado también remitir copias del expediente a la Contraloría General de Antioquia para que investigue posibles irregularidades de orden fiscal derivadas de estas actuaciones.
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