La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Jericó Jorge Andrés Pérez Hernández por presuntamente reproducir un acto administrativo anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En un primer cargo, se le reprochó al exmandatario la sanción que hizo del Acuerdo 010 de 2018, que establecía disposiciones y prohibiciones que buscaban defender el patrimonio ecológico y cultural de Jericó, pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya habría declarado la invalidez del Acuerdo 009 de 2017 a través del cual se dictaban otras medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, y que sirvieron de base para el nuevo Acuerdo.
En segundo lugar, el ente de control cuestionó a Pérez Hernández, quien, al parecer, pudo incurrir en prevaricato por acción al expedir el acta 001 mediante la cual habría ordenado el cese de actividades mineras en una finca de la vereda Cauca. Sin embargo, luego de que esta decisión fuera dejada sin efectos por Corantioquia, el exalcalde habría suscrito otra acta (la 002) con el mismo propósito, pero esta vez en un predio de la vereda Quebradona.
La Procuraduría también anunció que los entonces concejales Óscar Antonio Bermúdez Cataño, Martha Cecilia Espinosa Echeverri, Carlos Arturo Londoño Jaramillo y Jovany de Jesús Zapata Hernández también serán investigados, pues estos habrían aprobado el Proyecto de Acuerdo 018 de 2018, que también se basaba en el invalidado acuerdo 009 de 2017.
