Plantones y protestas casi semanales de personal médico en varias subregiones, cierres progresivos de servicios médicos esenciales en Medellín y el Valle de Aburrá, despidos y multimillonarias deudas de las EPS que tienen al borde del colapso y la extinción masiva de hospitales en Antioquia.
La suma de todos los miedos y males están configurando el peor de los escenarios posibles. La semana pasada gremios y sindicatos lanzaron otro grito de súplica para que autoridades y ciudadanos volteen a mirar lo que está ocurriendo con la salud en Antioquia y tracen alguna salida.
Según Gonzalo Vélez, presidente de Asmedas, los pasivos que arrastran los hospitales y clínicas de Antioquia superan en este momento los $800.000 millones. 68 hospitales públicos de los 113 que tiene ya no aguantan más, están abriendo cada día de puro milagro.
Entre los más graves están los hospitales que atienden mayor complejidad, apuntó, tales como el de Santa Fe de Antioquia, Caucasia y Yarumal. Quiere decir que su colapso desencadenaría automáticamente crisis regionales en el Occidente, Bajo Cauca y Norte de Antioquia.
Y el efecto dominó es inevitable. Los despidos ya son una realidad, y no en los municipios remotos sino en la propia capital antioqueña. Hace dos semanas hubo remezón en el Hospital Alma Mater, antigua León XIII. 16 personas entre médicos generales, personal de asistencia y administrativo fueron despedidos sin previo aviso y en medio de reclamos de atropellos.
Una de las personas despedidas relata que le llegó un correo y un mensaje por Whatsapp con la carta de despido y liquidación. Nada más. Incluso cuenta que a sus compañeros que reclamaron por el atropello fueron sacados de manera poco digna del hospital, aunque la entidad niega tener denuncias de maltratos durante este proceso.
Carlos Tomás Arévalo, presidente de Sintraipsu, señaló que las EPS le deben al hospital $140.000 millones, $38.000 millones los adeuda Coomeva, que ya fue liquidada. Arévalo apunta que si lo que piensan los directivos es justificar masacres laborales lo que se dan es un tiro en el pie porque con el personal menguado la atención a los pacientes será cada vez más crítica. Y viene la época decembrina con toda la presión a los servicios médicos y particularmente a los de urgencias.
Precisamente son los pacientes el eslabón en el que recaen con fuerza todos los males del sistema de salud. En Antioquia el cierre de servicios médicos esenciales sigue siendo una grave señal de alarma. En el Hospital Alma Mater estuvo en riesgo este año el servicio de Hospitalización de Pediatría existentes, aunque por ahora la institución señala haber hecho esfuerzos para mantenerla en operación.
Hubiese sido otro batacazo más al que ya recibieron miles de familias por el cierre progresivo de servicios materno-infantiles y pediátricos en Medellín y el Valle de Aburrá, tal como lo hicieron la Clínica del Rosario y hace dos semanas el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, que después de varias advertencias materializó el cierre de los servicios de ginecología y obstetricia. Si bien el hospital alega que solo atendían el 4% de los partos de la ciudad sí dejan en el aire a cientos de maternas en todo el departamento que acudían a sus servicios para procedimientos o tratamientos de alta complejidad.
Aunque cada entidad ha esgrimido diferentes argumentos para justiciar estos cierres, la verdad es que todo responde a una sola causa, que el intensivista y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Juan Camilo Jaramillo, califica como una grotesca lógica perversa de rentabilidad que concluye que la salud de las maternas, los neonatos y población infantil son un “mal negocio” para el sistema.
Las cifras hablan por sí solas: en Antioquia los servicios de alta complejidad y tratamientos a población adulta deja utilidades entre el 8% y el 40%, mientras que los servicios de ginecología y obstetricia apenas el 2% cuando no es que dejan pérdidas. Por eso en la última década se perdió el 25% de las camas pediátricas y materno-infantiles que existían.
Las agremiaciones advierten que gobernantes y ciudadanos no dimensionan aún el impacto social y económico al que se expone Antioquia por el cierre de estos servicios, es como una bomba.
Y a todo este panorama se suma la situación de Savia Salud, la guinda de la crisis y cuyo futuro hace rato parece que dejó de discutirse en términos técnicos para convertirse en una pelea política. Esta semana el gobernador Aníbal Gaviria anunció que la Gobernación no capitalizará a Savia, a pesar de haber insistido con este proceso durante cuatro años. Todo esto ocurre mientras se acusan unos y otros con el Gobierno Nacional y 1,6 millones de usuarios pasan afugias para recibir atención digna en los 125 municipios.
Entre las muchas consecuencias que tendría la liquidación de Savia, una de ellas sería la crisis del Hospital Mental. El 80% de los pacientes del hospital pertenecen a Savia. Los trastornos mentales en Antioquia, que ya tiene síntomas de epidemia, podrían agravarse a un punto en el que nadie puede dimensionar los estragos y secuelas.
Despidos por cuotas políticas
A la sumatoria de problemas que arrastra el sector, la presidenta regional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios, Victoria Jiménez, advirtió que en las próximas semanas se vienen despidos masivos en hospitales y centros municipales por cuenta de los mandatarios que llegan a barrer con el personal para acomodar a sus cuotas, sin importar que entre los afectados haya personal con más de 10 años de experiencia, vitales para los procesos más complejos y la atención de cientos de pacientes. Para el ejemplo de los manejos politiqueros, está el del gerente del hospital de Andes, Carlos Arroyave, investigado recientemente por la Procuraduría por contratar a un politólogo para un cargo de asesoría en derecho médico. El de Andes es otro de los hospitales en grave crisis.
