Hay golpes de suerte que le cambian la vida a las personas, pero es difícil creer que la buena estrella actual de los accionistas de la firma Olvera sea mera coincidencia. Por cuenta de los cambios en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Itagüí, esta empresa vería multiplicados los activos que tiene en tierras en ese municipio en varias veces el precio que tenían hace apenas cuatro días. Algo equivalente, guardadas las proporciones, a ganarse la lotería.
Resulta que la última revisión al POT de este municipio había sido en 2007 y este año tocaba modificarlo de fondo, de manera que la administración emprendió el camino y finalmente el Concejo aprobó el nuevo documento el sábado pasado a través del Acuerdo número 10. La votación fue apabullante: a favor estuvieron 15 corporados de la coalición que apoya a la administración del alcalde José Fernando Escobar, contra dos de la oposición -Walter Betancur (Centro Democrático) y Camilo Valencia (ASI)-.
De acuerdo con el alcalde Escobar, el nuevo POT tiene la virtud de que habilitó una franja amplia de tierras localizadas en cercanías a las estaciones del metro en Itagüí, Sabaneta y La Estrella donde antes no se permitían desarrollos inmobiliarios para hacerlos.
Además, recalcó que estuvo basado en una evaluación al viejo POT hecha por el Área Metropolitana en 2019 para ver por qué esta zona había estado congelada, y en estudios meticulosos contratados con la universidad Eafit.
Sin embargo, los críticos mencionan varias falencias. De acuerdo con Betancur, la reclasificación que el POT hace del suelo hará que el municipio se llene de bares, cantinas y tabernas porque vuelve más laxos los requisitos al pasar de 40 a 20 metros el área mínima para establecimientos de venta de licor.
Escobar, en cambio, defiende que ese punto se concertó con las comunidades para potenciar un mayor desarrollo comercial, pero que se establecerán más controles sobre el ruido, la invasión del espacio público y la venta de bebidas embriagantes para consumo en el mismo lugar, sobre todo si se trata de zonas residenciales.
Otro “pero” es que a partir de ahora todos los centros poblados o cabeceras de veredas son considerados como suelo urbano. “Eso ya pasó en San Antonio de Prado y ocasionó que la gente de allá quedara abrumada con impuestos”, explicó Betancur y el alcalde respondió que en la práctica, casi todo el suelo de Itagüí está conurbado y de lo que se trata es de que se permita construir con más densidad y facilitar el proceso para la aprobación de servicios públicos. “En cambio si siguen siendo área rural EPM no les llevaría gas”, reiteró, a la vez dijo que se cuidarán de que la población rural no se vaya y no se aumentarán los estratos.
Pero lo que más critican Betancur y Valencia es que hay un paquete de artículos con los que se beneficiarían intereses de particulares que serían cercanos al cacique político de Itagüí, el senador Carlos Andrés Trujillo.
Acá es donde entra en escena Olvera. Todo porque el POT de 2023 declara como de expansión urbana una zona de la vereda La María. Esta vereda está ubicada a escasos 20 minutos desde la zona central de Itagüí, encima del barrio Villa Lía y a ella se llega por un ramal que se desprende de la vía hacia San Antonio de Prado. Y, oh sorpresa, resulta que entre el 80% y 90% de esa área está a nombre de esa firma.
Por demás, los terrenos estaban catalogados como de alto riesgo geológico y el POT que cobrará vigencia a partir de que el alcalde Escobar lo sancione, los beneficia con una condición de riesgo mitigable. Es decir que se trata de una doble ganancia, porque pasan de no servir para nada distinto a cultivar o poner a pastar vacas a poder ser urbanizables. Y la consecuencia es que el valor comercial se multiplica.
El representante legal de Olvera es Libardo Alberto Giraldo. Ahí hay otro par de coincidencias llamativas: este es un próspero comerciante oriundo de Cocorná, de donde también es Patricia Ramírez, la esposa de Trujillo, y además, ha fungido como miembro de junta del Centro Recreativo Cocorná, más conocido como balneario Aguatur.
Contando el periodo en el que Trujillo fue alcalde (2012-2015) y los dos siguientes en los que han mandado aliados suyos -León Mario Bedoya y Escobar- ese lugar de diversión ha facturado con el Municipio de Itagüí poco más de $5.000 millones. De hecho, prácticamente este se convirtió en el paseadero oficial para los beneficiarios de los programas de la tercera edad financiados por la Alcaldía de Itagüí.
En el caso de estos lotes también el mandatario Escobar fue enfático en que no hubo ningún interés indebido de parte de su administración.
EL COLOMBIANO accedió a los certificados de tradición y libertad de siete lotes que Olvera adquirió en 2017 de personas oriundas de La María y constató que constituyen la mayor parte del área de expansión. En marzo de este año la firma englobó esos predios bajo un mismo bloque al que valoró en $1.364 millones y lo traspasó a la Alianza Fiduciaria Vocera del Fideicomiso Lote Pilsen (nit 830.053912-2). Los fideicomisos son figuras que se usan para el manejo de recursos con el fin de asegurar la confiabilidad del público cuando se va a emprender algún proyecto urbanístico.
Este medio le preguntó a la representante legal suplente de Olvera, María Isabel Gutiérrez, y corroboró que Olvera sí tiene un proyecto urbanístico en La María, pero que aún no está definido de qué tipo.
Lo concreto es que parece que sí ha habido acciones tendientes a un desarrollo de esa clase. Así lo demuestra la resolución de septiembre de 2020 en la que el Área Metropolitana ordena iniciar un “procedimiento sancionatorio ambiental” contra Olvera y su representante Giraldo “con el fin de verificar los hechos u omisiones” debido a que una visita in situ detectó que habrían hecho movimientos de tierra sin autorización, al parecer para abrir una vía.
En ese momento ya habían removido toda la capa vegetal y los funcionarios hallaron indicios de la tala de doce “individuos arbóreos y arbustivos de especies sin identificar”.
Gutiérrez tampoco se pronunció sobre el motivo de la coincidencia entre el área de expansión del suelo urbano con los lotes a nombre de esa firma.
“Habría que preguntarle a la entidad que hizo el estudio y la aprobación”, añadió a la vez que afirmó no saber si Libardo Giraldo es cercano o no con el congresista Trujillo o con la administración de Itagüí. Le pedimos el contacto con Giraldo, pero no accedió a suministrarlo en tanto él no autorizara.
LA AUTORIDAD AMBIENTAL TUVO LA ÚLTIMA PALABRA: ALCALDE DE ITAGÜÍ
El alcalde José Fernando Escobar defendió que la declaratoria de área de expansión urbana en el nuevo POT obedeció a estudios técnicos y fue la autoridad ambiental la que dio la última palabra. De hecho, según él, en principio se propusieron otras zonas distintas a la de la vereda La María y no fueron aceptadas.
Según el funcionario, esa área se reclasificó en cuanto al tema geológico porque se hicieron análisis que permitían quitarle el sambenito de “alto riesgo” aplicando tecnologías nuevas con las que antes no se contaba, y de hecho se hicieron obras de mitigación que la Alcaldía entregó en 2021. Además porque era necesario para obedecer al llamado de la comunidad que pide amoblamiento en el que era imposible invertir así, y servicios que EPM no provee si se trata de una zona rural.
Con respecto al beneficio que recibiría Olvera, aseguró que al proponer La María, ni él ni sus funcionarios se fijaron quién era el dueño de las tierras. Además, dijo que para poder desarrollar ese megalote como urbano primero el propietario debe presentar un plan parcial que pase todos los estándares en materia de mitigación de riesgo, infraestructura comunitaria y ampliación de vías, por ejemplo.
