En la tarde de este jueves trabajadores del programa Buen Comienzo, adscrito a la Alcaldía de Medellín, iniciaron un plantón en el centro administrativo La Alpujarra para protestar por los nuevos requisitos de contratación que anunció la Administración el pasado miércoles.
En un comunicado de prensa, la Alcaldía anunció que, a partir de la fecha se acogería a la política nacional de primera infancia y a los lineamientos y recomendaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En ese sentido “los operadores de Buen Comienzo deberán pertenecer al Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia para cualificar y promover estándares de calidad en el servicio”, dijo la Alcaldía.
Así pues, la Unidad Administrativa Buen Comienzo exigirá a todos sus operadores la documentación que demuestre que hacen parte del Banco Nacional de Oferentes, así como otros requisitos de tipo legal, técnico y financiero, por lo que “la Administración Municipal invita a las personas que no cumplan estos requisitos a sumarse a esta iniciativa del Gobierno Nacional”, dijo la entidad.
Dicho anuncio sorprendió a varias de los operadores porque alegan que no se les informó a tiempo los cambios para la continuidad del programa en este año y porque, según manifestaron en un comunicado, no les parece justo que se ponga en tela de juicio sus habilidades para operar con la primera infancia.
“Este mensaje da a entender que quienes veníamos por años, atendiendo a los niños y niñas de nuestra ciudad, no estamos calificados para brindar la atención, y no cumplimos los estándares de calidad, nada más alejado de la realidad. Esto también significa que no hemos tenido nada que ver con los resultados que a lo largo de los años ha venido conciliando el programa buen comienzo y que le han hecho meritorio del reconocimientos internacional del que hoy goza”, escribieron.
Para Iván Gómez, director de educación y cultura de Proantioquia, el desencuentro entre algunas organizaciones del programa Buen Comienzo y la gerencia del mismo tiene que ver con que no hubo una comunicación efectiva para comunicar los cambios que se venían.
Según explicó Gómez, “el problema explícito aquí es que el Banco de Oferentes abrió convocatoria el año pasado y ninguna de las organizaciones aplicó porque no conocían que este sería uno de los requisitos para seguir participando. Entonces ahora estamos hablando de alrededor de 20 organizaciones que hoy tendrían que despedir a sus trabajadores porque no cumplen con ese requisito”.
