Un juez de reclusión de Bogotá otorgó hace tres semanas la detención domiciliaria al excongresista César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en la Masacre de Segovia.
Desde comienzos del juicio, la defensa del excongresista había alegado afecciones de salud que impedirían su reclusión. Se había dicho que padecía de graves afecciones coronarias y que le tocaba respirar de manera asistida, de ahí la petición para recibir atención médica en su vivienda.
Allegados a Pérez, de 83 años de edad, indicaron que la petición de la detención domiciliaria se envió al Inpec, estos hicieron una evaluación externa con Medicina Legal que certificó los exámenes realizados a Pérez durante su tiempo de reclusión que confirmaban la necesidad de la medida domiciliaria.
El excongresista, que estaba recluido en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, ahora se encuentra en su domicilio en una casa finca en La Estrella.
Condenado a 30 años
Pérez García fue condenado el 15 de mayo a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y lesiones personales en relación con la muerte de 43 personas, el 11 de noviembre de 1998, a manos del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño (MRN).
En el juicio la Procuraduría afirmó que en 1988 Pérez era la cabeza del Partido Liberal en esa región y al ver amenazada su hegemonía por primera vez en 50 años, tras perder las elecciones locales en Segovia con el Partido Unión Patriótica, habría ordenado el asesinato de estas personas, la mayoría integrantes de ese partido.
Según el ente de control, el excongresista no sólo planeó la matanza sino que creó un grupo para ejecutarla que habría sido liderado por Henry de Jesús Pérez y Fidel Castaño Gil.
Aunque el nombre de Pérez García siempre sonó como implicado en el hecho, fue hasta muchos años después cuando fue vinculado a la investigación judicial de la Fiscalía por testimonios incriminatorios del exparamilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir” jefe del grupo que perpetró la matanza y una posterior declaración ante la Corte de la exalcaldesa de Segovia por la UP, Rita Ivonne Tobón.
La exdirigente de la Unión Patriótica, refugiada política en Suiza, ratificó que los dirigentes, “en cabeza de Pérez García le cobraron a Segovia el no haber votado por sus soldados”, en referencia a los candidatos del movimiento liderado por el entonces congresista por Antioquia.
Pérez fue capturado el 22 de julio de 2010. Por la masacre existen demandas internacionales contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El hecho también hace parte de la demanda contra la Nación por el genocidio de la Unión Patriótica, que documenta unos 3.000 homicidios, desapariciones forzadas y masacres, que cursa en la actualidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
