La mole de cemento que está ahí, desde hace varios años, gris y ennegrecida, cercada con mallas y candado es, ante todo, pura nostalgia. O eso siente Mónica B* al mirar la estructura vacía, en donde estarían su casa, su familia y sus cosas, y que hoy no es más que un edificio a medio hacer.
Al hijo de Mónica le asignaron un subsidio de vivienda para poder tener al fin su casa propia. La noticia la recibieron hace cinco años por parte de la Alcaldía de Sabaneta: ellos serían una de las 220 familias que residirían en las torres San Joaquín y Santa Ana, un proyecto de vivienda de interés social del Municipio.
Como pudieron se hicieron a un préstamo, pero ni un peso han podido dar porque el proyecto, que estaba planeado para ser entregado en 2016, frenó sus obras en 2017 y quién sabe qué vaya a pasar con esos apartamentos.
El proyecto
En 2014, la administración de la entonces alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa realizó una alianza público-privada para la realización de un proyecto residencial en un lote perteneciente al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sabaneta (Fovis) del municipio, ubicado sobre la avenida Las Vegas.
A través de la constitución de un fideicomiso con Alianza Fiduciaria S.A, se convocó a firmas constructoras interesadas en realizar la construcción de 220 unidades de vivienda en tres torres (una en el lote San Joaquín y dos en Santa Ana, cada una de 20 pisos).
Los beneficiarios del programa eran los contratistas, empleados públicos y docentes del municipio, que debían ser seleccionados por el Fovis en los seis meses posteriores a la firma del contrato, que se dio el 12 de agosto del 2014, celebrada entre la Alianza Fiduciaria (como administradora del fideicomiso) y Luz Adriana Giraldo Balcázar, representante legal de Conciviles y Maquinaria, constructora del proyecto.
En ese documento se deja expreso que, al tratarse de Viviendas de Interés Social (VIS), el valor que los futuros beneficiarios debían pagar directamente a Conciviles sería de 121 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año de entrega. Entre tanto, el Municipio aportaría un subsidio de $15.861.564 por cada unidad de vivienda.
Como parte de los compromisos, los beneficiarios debían hacer el pago de un depósito parcial a la constructora por un valor equivalente al 20 % del costo total de la vivienda, tal como consta en un documento conocido por EL COLOMBIANO.
Cumpliendo ese compromiso, el Fovis aportó el subsidio de $1.600 millones para la realización de la obra que tenía un plazo de ejecución de 16 meses. Pero, aunque la construcción inició y se logró llegar al piso 25 de una de las torres, el 4 de abril de 2017 se detuvieron los trabajos por un contrapunteo jurídico que aún no ve la luz verde.
El pleito
“Eso es un despelote jurídico entre todo el mundo”, dice Héctor Yepes, secretario General de Sabaneta y de la junta directiva del Fovis.
Y es que desde la administración anterior, dice Yepes, el proyecto tenía unas “incertidumbres jurídicas” relacionadas con el depósito parcial del 20 % que debían aportar los beneficiarios del proyecto a la constructora.
Mientras para la administración ese dinero se pagaría en el momento de la escrituración, para la constructora era una cuota inicial.
“Si tenían que dar una cuota, pero los que la tenían como inicial era el constructor, pero en el subsidio decía que era cuando les dieran las escrituras”, dice Yepes.
El secretario añadió que en su momento “el constructor se quejó de que no tenía plata” y, por ello, la Alcaldía anterior aprobó la construcción de 55 apartamentos adicionales a los 220, para que “la constructora los vendiera como particular y financiara la cuota inicial”.
Sin embargo, dice, al final lo que pasó es que Conciviles y Maquinaria incumplió los plazos del contrato, que se terminó en diciembre de 2017, y se inició así un proceso ante la aseguradora para que “nos paguen la póliza”.
Además, precisa Yepes, “tenemos el problema gravísimo de que se le entregó al constructor el predio para adelantar el proyecto, pero no lo ha devuelto. Estamos peleando una demanda para que un juez ordene que nos devuelvan el predio y poder finalizar la construcción”.
Habla la constructora
Pero otra es la versión de Luz Adriana Giraldo, representante legal de Conciviles y Maquinaria, quien debate que los incumplimientos por parte de la administración comenzaron desde la firma del contrato en 2014.
Hasta febrero de 2015 era el plazo para entregar el listado de los 220 beneficiarios, con su cierre financiero y su 20 % de consignación de la cuota inicial. Y ahí, añade Giraldo, empezó el problema: “El Fovis sacó una resolución sin pedirle a la gente el dinero que debían entregar”.
Si bien la contratista ratifica que el Fovis sí aportó los $1.600 millones estipulados en el contrato, la constructora no recibió el pago inicial de ninguno de los 220 compradores y, a la fecha, “ni siquiera están seleccionados todos los subsidiados. Solo escogieron 184 que nunca firmaron una promesa de compraventa”.
El agravante, dice Giraldo, es que ni siquiera sabe quiénes son. La única información que dice haber recibido es una resolución de la entidad con números de cédula.
“Yo no soy ni la Fiscalía, ni la CIA para saber con un número de cédula quién es la persona que va a comprar el apartamento”.
En lo que sí hay coincidencia es en el permiso que les otorgó la alcaldía anterior para construir y vender los apartamentos adicionales: tras los estudios técnicos se encontró que a cada torre se le podía aumentar cinco pisos para un total de 55 viviendas más. Con ello, dijo Giraldo, se ampliaba, además, el subsidio para los 220 beneficiarios.
“Con estos compradores se hicieron las promesas de compraventa, se consignaron en la fiducia y esa plata sí se nos entregó”, aclaró.
La vocera de la constructora aseguró que no es cierto que el Fovis los haya demandado, sino que presentaron una restitución del inmueble “para que devolvieran el lote, pero eso no prosperó porque el proyecto no es solo un lote, sino que tiene mejoras de más de $18.000 millones aportados por Conciviles”.
Los vecinos
En un mal vecino se han convertido las torres sin terminar, un botadero de colchones viejos, escombros y hasta basuras. Así lo afirma Jorge Andrés Garro, habitante de Sabaneta, quien explica que sus padres residen junto al proyecto San Joaquín y Santa Ana, y que durante años denunciaron la presencia de roedores, zancudos y aguas estancadas.
Debido a la poca iluminación, comenta, en este sector aumentó la inseguridad y los hurtos, por lo que la comunidad solicitó a la Secretaría de Salud que recogieran los escombros, corrieran los cercos de la construcción e hicieran mantenimiento de la vía. Este proceso “sí se hizo, hace unos ocho meses o un año”.
El secretario Yepes enfatiza en que el edificio “no está abandonado” y que la Alcaldía realizó una intervención en la que se enmalló la obra, se retiraron las aguas acumuladas y la maleza.
Conciviles, sin embargo, dijo que el edificio sí tenía un cerramiento y que a la administración “no le interesa el proyecto, al invertir así los recursos públicos en lugar de permitir que se termine”.
“Nos tocará seguir esperando que alguien tome una decisión. Qué tristeza que los propietarios de las casas vecinas, que se han esforzada por tener bonitas sus viviendas toda la vida, vean sus propiedades devaluadas porque tienen un elefante blanco al frente”, dice el vecino Jorge Andrés Garro.
¿Y ahora qué?
Luz Adriana Giraldo dice que tienen la disposición de terminar la obra que pararon en abril de 2017. Cuando comenzó la administración del alcalde Iván Alonso Montoya, explica, les dijeron que “estaban en el proceso de conocer el proyecto”, pero tras “más de 30 reuniones” el asunto no ha prosperado.
La representante de Conciviles añade que las tres torres están cimentadas y 156 apartamentos ya están construidos, por lo que le propusieron a la Alcaldía entregar la torre San Joaquín (a la que le faltan solo tres meses de ejecución y tiene 75 apartamentos) a los 55 propietarios que ya cancelaron el valor del inmueble (y que, incluso, tienen demandas instauradas contra la constructora por incumplimiento).
Pero Giraldo concluye que esto no ha sido posible porque la Alcaldía “no ha tenido la voluntad” de escriturar, ni de entregar las promesas de compraventa de los 184 subsidiados: “Que al menos entreguen el pago de los 20 beneficiarios para completar los 75 y en tres meses entregamos”.
El secretario Yepes comenta que han estado en contacto con los beneficiarios para ofrecerles un nuevo subsidio en otro proyecto de la Alcaldía, llamado Villa Romera Campestre.
Así que por ahora no hay promesa de conciliación entre las partes y con ello la posibilidad de que las 220 familias y los 55 compradores puedan ver terminados sus apartamentos .
*Nombre cambiado a petición de la fuente
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unidades de vivienda estaban contempladas para construirse en el proyecto.
