En los 46 días de aislamiento preventivo obligatorio en los 10 municipios del Valle de Aburrá se impusieron 38.054 órdenes de comparendo por salir sin autorización, el 74 % de ellas en Medellín, según la Policía.
Eso en dinero equivale a más de $35.330 millones, pues cada una de estas presuntas infracciones al Código de Policía se sanciona con una multa de tipo cuatro, equivalente a $936.320.
Pero hoy ningún ciudadano ha pagado un solo peso por concepto de comparendos. ¿Por qué? El coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia, explicó que las personas sancionadas tienen la posibilidad de apelar y para eso deben acudir ante los inspectores de Policía, quienes serán los que finalmente determinen si la conducta merece una multa o si se puede subsanar con actividad pedagógica o servicio comunitario.
El problema es que la mayoría de inspecciones del departamento tienen suspendidas sus operaciones y la atención al público como parte de las medidas preventivas ante la pandemia.
Por eso, detalló el coronel Cabra, los términos legales para hacer efectivas esas multas o las apelaciones están congelados.
La Secretaría de Seguridad de Medellín reportó que, por ejemplo, en la ciudad las inspecciones cerraron sus puertas de manera simultánea desde el 23 de marzo y solo quedaron activas las Unidades Permanentes de Justicia, UPJ, para actuaciones urgentes.
Radiografía de las multas
La cantidad de sancionados es alta. En los 99 municipios que cubre el Departamento de Policía Antioquia (exceptuando los del Valle de Aburrá y Urabá) se han impuesto 9.972 órdenes de comparendo (ver gráfico).
La unidad con más sancionados es la de Rionegro, en el Oriente, que cubre los municipios de Abejorral, Alejandría, Carmen de Viboral, El Retiro, Guarne, La Ceja, Rionegro, San Vicente y Concepción. Allí, hasta el pasado viernes, habían sido multadas 2.142 personas. Le sigue Caucasia, que incluye los municipios de Cáceres, Nechí, Zaragoza, Caucasia, El Bagre y Tarazá, en los que han sido multadas 1.359 personas.
Muy de cerca aparece la unidad de Marinilla, también en el Oriente, que incluye a El Peñol, Guatapé, Granada, San Carlos, Santuario, San Rafael, Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco, Cocorná y Marinilla, y donde los sancionados suman 2.142.
Por municipios, el que tiene más multas por fuera del Aburrá es Rionegro, con 1.063 hasta el pasado viernes. Le siguen Caucasia con 828, Marinilla con 375, Guarne con 263, El Carmen con 252, Buriticá con 248 y Yarumal con 240.
Los municipios con menos infractores son: Toledo con 3 casos, Abejorral con 6, Montebello con 8, Briceño con 9, Angelópolis con 11, Santo Domingo, Peque y Anzá con 13 cada uno; Concepción con 14, Caracolí y Pueblorrico con 15 cada uno, Caramanta con 16, Valparaíso con 17, Alejandría con 18, y Ebéjico con 19.
En el Aburrá, además de Medellín, los municipios con más comparendos son Bello (2.884 hasta el viernes pasado), Itagüí con 1.769 y Envigado con 1.167.
Los gobiernos de los tres municipios reportaron que están a la espera de las decisiones presidenciales para saber si los términos para la sanción se mantienen congelados.
Braulio Espinosa, alcalde de Envigado, señaló que inicialmente la suspensión va hasta el 25 de mayo, pero podría extenderse. “En nuestro caso las inspecciones no están cerradas pero la atención al público sí está restringida para evitar aglomeraciones”, dijo.
En Medellín algunas de las inspecciones empezaron a trabajar ayer, pero la atención al público sigue restringida por las mismas razones.
El proceso y el pago
El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que el proceso para apelar o pagar la multa es el mismo para todos los ciudadanos, pero está a cargo de cada alcaldía.
Sara Giraldo, directora de la autoridad administrativa de Espacio Público de Itagüí, explicó el trámite. Detalló que el presunto infractor hace la solicitud de apelación ante los inspectores que programan una audiencia en la que escuchan descargos y verifican si hay material probatorio. Según el resultado, se ratifica o levanta la sanción.
“Si a la persona la declaran contraventora, debe acercarse a la secretaría de Gobierno para que le liquiden el comparendo y tiene cinco días para pagar y que le concedan descuento”, dijo y reiteró que esos términos están suspendidos; es decir, no han empezado a contar los días para la audiencia y los pagos.
Jorge Iván Avendaño, abogado especialista en Derecho Procesal e integrante del Programa de Investigación Criminal de la U. de Medellín, señaló que la carga probatoria es responsabilidad del ciudadano. “Si el presunto infractor quiere demostrar que no estaba violando la ley, debe conservar las pruebas que tenga para eso”, dijo.
Así, por ejemplo, si hubo una fuerza mayor o una cita médica, el ciudadano podrá mostrarle los certificados respectivos al inspector. “Si el ciudadano no apela pero tampoco paga, entonces entraría a un proceso de cobro coactivo que es similar al que se hace, por ejemplo, con una multa de tránsito”, agregó Avendaño.
La Secretaría de Seguridad de Medellín informó que ya se encuentran estudiando qué mecanismos y herramientas se implementarán en la ciudad para que, una vez se levanten las restricciones, los sancionados puedan ponerse al día con sus obligaciones sin generar aglomeraciones.
La recomendación de las autoridades es que los sancionados sigan en casa hasta que se defina por qué medios se harán las audiencias y pagos.
