Las sillas marcadas dispuestas para el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez se quedaron vacías en medio de la Asamblea Multiestamentaria que se realizó este martes en teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, en la que se abordó la crisis financiera de la institución.
Quien sí estuvo presente fue el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien después de haberse reunido este martes 1 de octubre con la bancada antioqueña y los representantes de la Gobernación y la alcaldía de Medellín, para intentar conformar por fin un plan sólido de salvamento de la universidad, acompañó este miércoles en el Camilo Torres al rector John Jairo Arboleda, y habló directamente con los estudiantes y expuso nuevamente la posición del Gobierno Nacional en la búsqueda de alguna salida a los problemas que atraviesa la institución y que la tienen en una de las peores crisis de su historia.
Rojas reiteró que el gobierno Petro aumentó la base presupuestal de las universidades públicas, pasando de un IPC + 7 puntos en 2023, a un IPC + 9 en el 2024. En el caso de la Universidad de Antioquia, apuntó Rojas, esto se tradujo en un incremento de transferencias del Gobierno Nacional de $552.727 millones en 2023 a $619.399 millones en 2024, lo que representa aumentos del 19 % y 33 %, respectivamente, en relación con el 2022. Además, anunció que para 2025 le solicitaron a MinHacienda un IPC + 11 para la educación superior.
Y también le mandó un sablazo a la gobernación de Andrés Julián Rendón. Rojas respaldó las declaraciones de la congresista María Eugenia Lopera, quien en la reunión del martes calificó como “un chantaje” la propuesta que lanzó el gobierno Rendón en esa reunión, de aportar solo un tercio por cada peso que la universidad ahorre por la vía del plan de austeridad que la Gobernación pretende que se apruebe (que tiene como prioridad reducir las horas cátedra de los docentes al 50%). “No es a cubrir una tercera parte del déficit, sino un compromiso del rector de hacer un ajuste para reducir ese déficit. Si la universidad con sus propias estrategias y dinámicas logra disminuir en $100 el déficit, la gobernación entraría a aportar $33”, fue la explicación que dio sobre el tema el secretario de Educación, Mauricio Alviar.
“Nos parece inverosímil que, si hay recursos (por parte de la Gobernación), sean sometidos a un plan de austeridad que tiene lesivas consecuencias sobre la calidad de la educación de la Universidad”, expresó el ministro.
Rojas se mostró de acuerdo con todas las propuestas expuestas por los diferentes congresistas antioqueños para salir al rescate de la universidad, incluyendo la solicitud a la Alcaldía de Medellín para que medie con EPM en la aprobación de tarifas diferenciales en servicios públicos, tal como sucede en Bogotá con la Universidad Nacional, que es estrato cero, lo que le genera unas reducciones importantes en los costos.
También dijo que el Gobierno valora positivamente la propuesta de la bancada de congresistas para interceder ante el Ministerio de Hacienda para que la universidad pueda acceder a créditos blandos otorgados por entidades financieras del Estado. La otra iniciativa que ve con buenos ojos es lograr, en colaboración con la Agencia de Renovación del Territorio, modificaciones en el Manual Operativo de Obras por Impuestos, para que las universidades públicas puedan beneficiarse de este mecanismo.
Además, anunció que están explorando el decreto 1278 que podría facilitar la reducción de costos de las universidades públicas, como otra posible solución de fondo. De paso, aseguró también que el Gobierno está dispuesto a acoger la solicitud de los 38 congresistas del departamento, que la semana pasada firmaron para pedirle al gobierno Petro que destine $168.000 millones, específicamente, para rescatar financieramente a la UdeA.
Eso sí, Rojas fue claro en decir que para que el Gobierno pueda acceder a esa proposición es necesario que el Congreso apruebe la Ley de Financiamiento. “Hay una realidad y es que si el Congreso no aprueba la ley de Financiamiento, no habrá recursos a los que hacen referencia los congresistas en esa proposición. La apoyamos, pero esperamos que el Congreso tome conciencia de que esa proposición puede ser aprobada solo si se tienen fuentes de financiación”, manifestó.
De paso, el ministro aclaró que la posición de la alcaldía de Medellín en la reunión del martes es no tomar acción en las soluciones que necesita la universidad. Dijo que la alcaldía de Federico Gutiérrez dejó en firme que no piensa invertir recursos para ayudar a la Universidad. Ya el propio Gutiérrez había manifestado que el Distrito no tiene brazo financiero para aportar en este asunto.
Hay que precisar que el Distrito no tiene competencia en la universidad, que depende del orden nacional y departamental. Sin embargo, lo que han expresado desde diferentes orillas, como el representante Daniel Carvalho, es que Medellín tiene cerca de 30.000 estudiantes en la UdeA, lo que representa cerca del 78% del total de estudiantes matriculados en el Alma Mater, por lo que han señalado que el Distrito sí tiene una competencia ética y además una necesidad de impactar varias líneas del plan de desarrollo a través de las políticas que beneficien a la población joven que se encuentra en la educación superior.
