Los mineros informales del Bajo Cauca decidieron este jueves salir a paro indefinido luego del anuncio del Gobierno Nacional de declarar “la guerra total” a las rentas de la minería ilegal.
“La orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas 5 grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien entregó el balance inicial que dejó la reanudación de los grandes operativos de la fuerza pública contra estas rentas ilegales.
La respuesta de los mineros no se hizo esperar. Saúl Bedoya, vocero del paro minero, anunció grandes movilizaciones pacíficas en Valdivia, Tarazá y Cáceres.
Según Bedoya, esperan que al menos 3.000 mineros con sus familias se hagan sentir en un paro indefinido con el que esperan obligar al Gobierno y a la Gobernación de Antioquia a instalar unas mesas de diálogo.
“La concentración siempre estará enmarcada en una línea pacífica, en lo personal podría dar un parte de tranquilidad, buscaremos compromisos cívicos con las autoridades competentes para obtener garantías de formalización”, dijo Bedoya.
Las dragas que quemó la fuerza pública estaban sobre el río Nechí, específicamente en el municipio de El Bagre. Ya el fin de semana los mineros habían manifestado su inconformidad por la reanudación de los operativos y cerca de 500 bloquearon la navegación de embarcaciones sobre el río.
El contexto de esta nueva confrontación entre el Gobierno Nacional y los mineros informales e ilegales del Bajo Cauca se remonta al paro de finales de 2022, cuando el Gobierno llegó a un acuerdo con los mineros informales y artesanales de suspender los operativos de la fuerza pública mientras adelantaban una caracterización de estas personas con el fin de lograr una formalización masiva y el fin de la criminalización.
Durante ese tiempo, la Policía y el Ejército decidieron no entrar en confrontación violenta y sus operativos se limitaron a solicitar el cese de actividades ilegales, pero no adelantaron incautaciones de motobombas ni minidragas, bajo el compromiso de que se suspendiera definitivamente la extracción en esos puntos específicos donde la autoridad hacía presencia.
Sin embargo, luego de la visita de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hace un mes al Bajo Cauca, el Gobierno Nacional decidió reanudar los operativos al ver la grave crisis ambiental de ecosistemas fundamentales para el agua y la biodiversidad, tales como la Ciénaga Colombia, entre Caucasia y Cáceres, contaminado por la minería aluvial de oro.
