El anuncio del nuevo interventor de Savia Salud, la principal EPS de régimen subsidiado en Antioquia responsable de garantizar el acceso a salud a más de 1,6 millones de usuarios, suscitó reclamos y advertencias por su hoja de vida cargada de cuestionamientos.
Tras la renuncia de Diana Constanza Rodríguez, quien apenas duró cuatro meses en el cargo, la Supersalud designó a Luis Óscar Gálvez Mateus, quien ha ejercido como agente interventor tanto en reconocidos hospitales como en la red pública de Bogotá.
La experiencia de Gálvez es amplia, pero también sus polémicas y cuestionamientos. En 2019, mientras adelantaba su intervención en el Hospital Departamental de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación bajo dirección de Fernando Carrillo, denunció presuntos malos manejos administrativos y financieros del hospital, y en sus informes concluyó que la intervención no había solucionado los problemas de la entidad. Entre los hallazgos de la Procuraduría se encontraron presuntas irregularidades en las modificaciones del estatuto interno de contratación. También hubo decenas de irregularidades en contratos.
Por ejemplo, el Ministerio Público encontró que se había firmado un contrato con una empresa vinculada al carrusel de la contratación en Bogotá por $3.500 millones para adelantar las gestiones de recuperación de cartera con Caprecom, gestión que la Procuraduría concluyó que el hospital estaba en absoluta capacidad de realizar. Fueron tan grandes los escándalos alrededor de la gestión de Galvez en ese entonces, que desde todas las orillas políticas advirtieron sobre estas y sobre su influencia en la Superintendencia. Por ejemplo, el hoy ministra de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió sobre Gálvez en 2020 señalando que contra él se adelantaba un proceso de extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos por parte de la Fiscalía a los bienes del funcionario.
Uno de los inmuebles se ubica en el norte de Bogotá y el otro en Arauquita, Arauca. Ambos, según precisó en aquel momento el hoy ministro, están bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales. Pero eso no fue suficiente para evitar que Galvez saliera de Villavicencio y asumiera en 2021 otra intervención, esta vez Hospital Julio Méndez Barreneche, del Magdalena. Allí, la Contraloría investigó presuntos ocultamientos de información crítica, señalamientos que Galvez negó, en medio de los problemas que mantuvo el hospital en detrimento de la salud de los usuarios en Santa Marta.
De allí saltó a asumir la gerencia de la E.S.E. Santiago de Tunja. Se marchó dos meses después de la entidad que quedó en situación crítica con más de 200 trabajadores sin salario y con liquidaciones pendientes. El propio MinTrabajo en aquel momento alertó sobre la irregular falta de fondos que había dejado el gerente para suplir con los compromisos financieros de la ESE.
Nuevamente, como las ocasiones anteriores, los escándalos no fueron impedimento para asumir un nuevo cargo. Esta vez como agente interventor de la Subred Centro Oriente, en mayo de 2024. La Subred arrastraba una grave crisis administrativa, financiera, asistencial y jurídica desde 2022, y la designación de Galvez fue reprobada por parte del Concejo de Bogotá y también desde el sector salud.
Ahora asume entonces la intervención de Savia, intervenida desde mediados de 2023 por el alto riesgo financiero que atravesaba y que repercutió profundamente en la capacidad de atención a la población más vulnerable del departamento.
En el último reporte público sobre los resultados de la intervención, a finales de 2024, se denunció en la Asamblea de Antioquia que los pasivos de Savia durante año y medio de intervención pasaron de $868.920 millones en agosto de 2023 a $1,048 billones en agosto de 2024, un incremento del 20,7%.
De los compromisos pendientes, advirtió entonces la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la mayor parte corresponde a la cartera que mantiene la EPS con la red hospitalaria departamental, que de un acumulado de $415.878 millones con corte a diciembre de 2023, subió a $508.720 millones en agosto pasado, un incremento cercano al 22%. Y la atención no mejoró: entre junio de 2023 y agosto de 2024 las reclamaciones pasaron de 4.277 a 5.980.
Con Gálvez serán tres los agentes interventores designados por la Super para Savia en dos años. Primero fue Edwin Carlos Rodríguez, quien tuvo también fuertes choques con la administración departamental. Luego estuvo Constanza Rodríguez, quien llegó en medio de una aprobación generalizada por parte del sector, pues si bien no tenía experiencia específica como agente interventora, sí demostró tener una capacidad técnica y no tener un perfil político. Pero tras cuatro meses hubo nuevo cambio y ahora Gálvez tiene la responsabilidad de lograr lo que no se hizo en los primeros dos años de intervención en menos tiempo.
Hay que recordar que la intervención de Savia se prolongó en junio de 2024 hasta junio de 2025. Después de dos años sin parar cabeza, aumenta el riesgo de que 1,6 millones de usuarios queden en el limbo, sin que exista ahora una sola EPS en situación sólida para acogerlos en el departamento.
El congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, criticó la decisión del Gobierno Nacional de enviar a la EPS que soporta el régimen subsidiado de Antioquia a una persona con procesos administrativos y penales y recordó que ante el Consejo de Estado cursa una demanda para que el control de Savia vuelva a estar en manos del departamento.
