La implementación de un modelo de contratación basado en convocatorias privadas tiene bajo observación al Hospital General de Medellín, tras una serie de denuncias por las que se pide la intervención de los organismos de control.
Mientras el gerente del hospital, Mario Fernando Córdoba, argumenta que la entidad ha sido rigurosa en el cumplimiento de las leyes y los manuales de contratación internos, desde la veeduría ciudadana Todos por Medellín y sectores de oposición en el Concejo, donde opera una comisión accidental enfocada en el caso, se alerta de presuntas inconsistencias que cuestionan los manejos administrativos en esa institución.
Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría, explica que las pesquisas de esa organización iniciaron luego de crear una línea ética hace seis meses, en la que comenzaron a recibirse denuncias ciudadanas relacionadas con el funcionamiento del conglomerado público del Municipio.
“Desde la creación de la veeduría, en agosto del año pasado, decidimos crear una línea de la confianza, para que servidores públicos, ciudadanos y contratistas que tuvieran alguna duda con la asignación de los recursos públicos nos pudieran allegar información. Tenemos más de ocho denuncias ligadas al Hospital General (HGM), relacionadas con tres aspectos principales: procesos de contratación, procesos de compra y manejo de personal”, dice Restrepo.
Luego de cotejar esas denuncias, señala, son dos los contratos que tendrían inconsistencias y por los cuales presentaron una denuncia penal en contra del gerente y otros funcionarios de la entidad: uno relacionado con el servicio de alimentación y otro con el servicio de aseo.
Reducción de requisitos
Según se lee en esa denuncia, las pesquisas sobre el contrato de alimentación parten del 16 de octubre de 2020, cuando a través de la resolución 998 el hospital inició un proceso de contratación con el objeto de cubrir el servicio de alimentación de sus pacientes.
Contemplando un plazo de ejecución de tres años, esta convocatoria fue lanzada bajo el modelo de invitación privada, al que fueron llamadas tres empresas, identificadas como Grupo Alimenticio Grupal, Corporación Ser Colombia y Nutriser Colombia.
Con el objetivo de analizar las prácticas de ese proceso, la veeduría formuló un derecho de petición al hospital preguntando por los requisitos y condiciones que se habían establecido en el contrato. Así mismo, solicitó copias completas de un proceso con idéntico objeto firmado con Salamanca S.A. que previamente venía prestando ese servicio desde 2018 y no fue invitado a la nueva convocatoria.
Luego de analizar los pliegos de condiciones de la convocatoria de 2018 y contrastarlos con los pliegos de la de 2020, la veeduría advirtió por algunos hallazgos.
El primero consistió en que, mientras en 2018 el hospital exigía que las empresas postuladas registraran una experiencia de entre uno y tres contratos con hospitales de tercer y cuarto nivel, en 2020 el hospital bajó ese requisito y aceptó que los postulados certificaran una experiencia de entre uno y tres contratos con hospitales de segundo y tercer nivel.
En segundo lugar, la veeduría encontró que mientras en 2018 los contratos presentados para certificar el requisito anterior debían sumar al menos el 60 % del valor de la convocatoria, en 2020 esa suma bajó a un mínimo del 40 %.
Frente a estos señalamientos, el gerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba enfatiza que la institución ha cumplido fielmente el modelo de contratación y optó por cambiar de proveedores con base en criterios técnicos.
En primer lugar, frente a la decisión de aplicar un modelo de convocatoria privada, el funcionario argumenta que este hace parte del ordenamiento legal del hospital desde 2014 y fue implementado basado en estudios de mercado realizados por el personal de la institución.
“La decisión obedece a los lineamientos que da nuestro manual y nuestro estatuto de contratación. Desde administraciones anteriores se hacían convocatorias privadas”, dice Córdoba.
Un cambio cuestionado
Restrepo precisa que al profundizar en el contrato de alimentación, la veeduría encontró presuntas irregularidades en la forma en cómo el proveedor anterior (Salamanca) fue excluido del proceso nuevo.
Esta empresa, a pesar de reportar un cumplimiento de entre el 95 % y el 93 % durante sus dos años de operación, tras la llegada de nuevos funcionarios al HGM encargados de supervisar el desarrollo del convenio, fue auditada y señalada de incumplir con los estándares de preparación de los alimentos.
Según se lee en la denuncia, durante el proceso de auditoría el contratista no habría tenido oportunidad de defenderse durante esa vigilancia.
“En relación con el informe de gramaje y de temperaturas (...) al igual que los demás informes, no se encuentra evidencia de que ellos se elaboraran en presencia del contratista, tal como está previsto en las reglas aplicables, o que hayan sido comunicados en debida forma (...) Cuando se hacen este tipo de mediciones, la interventoría técnica debe hacerse en compañía de la administradora del servicio del contratista, para asegurar el debido proceso”, alertó la veeduría en su denuncia.
Consultamos a Salamanca sobre su salida del Hospital y aunque se abstuvo de pronunciarse, avaló la versión de la veeduría Todos por Medellín.
Ante la pregunta de por qué se decidió omitir a Salamanca de la convocatoria privada, el gerente Córdoba sostuvo que su experiencia en la prestación del servicio de alimentación hospitalaria no aparece inscrita en el Registro Único de Proponentes, lo cual era un requisito del proceso.
En cuanto al convenio de alimentación, el gerente sostiene que la institución elaboró una matriz comparativa en la que se cotejó quiénes eran los proveedores de ese servicio en las principales IPS de la ciudad.
Dudas y respuestas
Alfredo Ramos Maya, concejal del Centro Democrático, en la oposición, y coordinador de la comisión accidental que evalúa la contratación del hospital, agrega que durante el proceso de selección del contrato de alimentación habría otras presuntas inconsistencias.
Según argumenta, la primera de ellas consiste en que dentro de los tres contratistas convocados de forma privada, uno nunca presentó su propuesta y el otro obtuvo un puntaje inferior.
Al final fue la Corporación Ser Colombia la elegida para firmar el contrato identificado como el 122C de 2020, por un valor de $12.466 millones con IVA incluido.
Junto al contrato de alimentación, otro convenio cuestionado fue el firmado para la prestación del servicio de aseo.
Según reconstruye Ramos, al igual que en el primero, el hospital decidió emplear el modelo de convocatoria privada e invitó a tres empresas para presentar sus ofertas: la Asociación Asis, el Sindicato de Trabajadores de la Salud en Antioquia y A & S S.A.
De acuerdo con un informe de cumplimiento de requisitos de esa convocatoria, con fecha del 29 de septiembre de 2020, a pesar de haber sido invitadas, dos de esas tres empresas no cumplían con el perfil exigido por el hospital, quedando la Asociación Asis como la ganadora.
Identificado como el 103C de 2020, este contrato fue firmado el 13 de octubre de 2020, con un valor de $13.422 millones.
Sobre la Asociación Asis, Restrepo advierte que la veeduría encontró que los estados financieros certificados con corte a 2018 no cumplían con los estándares e indicadores solicitados por el HGM. Sin embargo, en agosto de 2020, los representantes de esa organización allegaron al hospital nuevos estados, donde la valorización de la empresa incrementó.
Tanto Ramos como Restrepo, añaden que otro hallazgo que llama la atención es que la representante legal de la Corporación Ser Colombia, identificada como Luz María Garcés Maya, figuraba en mayo de 2020 como miembro suplente de la Junta Directiva de la Asociación Asis.
“Por lo menos hay una violación a las normas legales de los principios de la contratación pública. Aunque se argumente que se cumple con el manual de contratación, cuando hay tantas coincidencias entre los proveedores y no se invita a los contratistas idóneos es evidente que no hay pluralidad de oferentes”, sostiene Ramos Maya.
Sandra Molina, coordinadora general de la Asociación Asis, dice que los señalamientos sobre presuntas modificaciones en su información financiera carecen de fundamento y hacen parte de una confrontación política en la que la organización se ha visto afectada. “(Asis) es una empresa de muchos años de trayectoria. Tenemos cómo sustentar lo que inicialmente nos pidieron para el proceso y para la ejecución del contrato”, dice Molina, quien enfatiza que la empresa tiene 8 años de experiencia y cumple con altos estándares de calidad.
Frente a la pregunta sobre la vinculación de Luz María Garcés a la Junta Directiva antes de mayo de 2020, Molina señala que no la conoce y que no tiene injerencia en el funcionamiento de la empresa.
Ante este punto, el gerente Córdoba señaló que el Hospital no tiene conocimiento sobre esa vinculación y durante el desarrollo del proceso contractual no encontró ninguna inconsistencia.
“De acuerdo al informe de Sarlaf (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) no se evidencia lo establecido en la pregunta, por lo tanto, la entidad no tuvo conocimiento de esta situación, sin embargo, no se encontraba ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, ni conflicto de intereses”, expresa el gerente Córdoba.
Para conocer su versión, este diario intentó contactarse en repetidas ocasiones con la Corporación Ser Colombia y su representante legal a través del número celular y fijo que figuran en sus procesos de contratación, pero nunca obtuvo respuesta. No obstante, las páginas permanecen abiertas para conocer su versión.
Mientras el gerente Córdoba sostiene que la entidad está abierta al control político y dispuesta a rendir cuentas ante cualquier organismo de control, tanto Ramos Maya como Restrepo instaron a que se abran investigaciones.
Además de la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía por la veeduría, el concejal Ramos solicitó a la Personería el inicio de un proceso de vigilancia administrativa y a la Procuraduría regional una queja disciplinaria para que se investigue a la entidad
$12
mil millones aproximadamente es la cuantía del contrato de alimentación cuestionado.
2
de tres empresas convocadas al contrato de aseo no cumplieron con los requisitos.
