El día del estreno de las dos primeras unidades de Hidroituango ha sido un comodín para el alcalde Daniel Quintero y EPM. Todo pese a que anoche se anunció que la primera unidad de potencia fue sincronizada ante el Sistema de Potencia Nacional, luego de unas pruebas realizadas ayer, las cuales fueron exitosas.
Esto quiere decir que la unidad uno ya está disponible para generar energía, pero no queda en operación comercial porque le falta una prueba, que es la más exigente y decisiva, y la evacuación preventiva de las comunidades aguas abajo, la cual todavía no tiene fecha.
En el primer semestre hubo dos anuncios con bombos y platillos, pero en ninguna de las dos fechas prometidas cumplieron y ya con el agua al cuello por el plazo definitivo que se vence el próximo miércoles ante la Creg, Quintero ha salido en el último mes a dar más de una vuelta canela en sus posturas sobre el momento del encendido del proyecto.
El manejo que le han dado al asunto ha sido por lo menos folclórico, anunciando plazos que eran políticos y no técnicos, tal como lo ha demostrado la realidad de la obra.
El 2 de febrero, parados sobre la cresta de la presa, tanto el alcalde Quintero como el gerente Jorge Carrillo anunciaron una “gran noticia para el país”. Carrillo tomó el micrófono y dijo: “a lo que vinimos: este proyecto va a entrar en operación el día 26 de julio”.
La fecha parecía sacada del sombrero porque ese día era el cumpleaños del alcalde Quintero. Igual se lo celebraron en Hidroituango pero no prendiendo las unidades de generación sino anunciando otra fecha en la misma cresta de la presa. Sonaron tres sirenas, supuestamente indicando que las pruebas en seco de la primera unidad tuvieron éxito, y luego, de nuevo Quintero y Carrillo en la primera fila de la tarima, dijeron que el estreno sería el 15 de octubre.
Pero no fue una ni la otra. De nuevo fueron anuncios políticos y no técnicos. En el último mes, el alcalde ha echado mano de su malabarismo discursivo para decir cosas que luego ha contrariado.
Primero abonó el camino para justificar que necesitaban tiempo más allá del 30 de noviembre. Entonces, dijo que se requerían más pruebas, según una junta de expertos, y que prefería pagar las sanciones de $3 billones antes que prender las unidades con algún riesgo. Y en ese sentido, anunció que ya había acordado más tiempo con el Gobierno Nacional para “garantizar el encendido seguro”, lo que nunca fue ratificado desde Bogotá.
