Tras recopilar información en trabajo de campo y visitas hechas por la Procuraduría y las Personerías, el ente de control se encontró que en todo el país hay al menos 652.964 niños, niñas y adolescentes que se podrían ver afectados por problemas en la contratación del Programa de Alimentación Escolar en 35 municipios de Colombia, de los cuales cuatro están en Antioquia.
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La Procuraduría encontró que en estos territorios los contratos se encuentran vencidos o próximos a vencerse, lo que implica una suspensión del servicio que es fundamental para la seguridad alimentaria de cientos de miles de menores de edad en el país.
Los municipios de Antioquia que se encuentran bajo la lupa de las autoridades son Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Bello.
La entidad llamó la atención, por ejemplo, que en el municipio de Sabaneta y La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, y en Bello, en el norte, los contratos del PAE están vencidos desde el mes de marzo.
No obstante, una vez publicada esta alerta, la administración del municipio de Sabaneta se manifestó en contra del señalamiento de la Procuraduría, pues de acuerdo con la información publicada en el Secop, si bien es cierto que el contrato que tenían vigente a comienzos de año se venció el 31 de marzo pasado, desde la secretaría de Educación adelantaron los procesos de contratación para que a partir del primero de abril el programa continuara sin ninguna interrupción. De hecho, quien se quedó con el nuevo contrato, que va hasta el 31 de diciembre de este año, es el mismo contratista que estaba previamente. El valor de ese nuevo contrato es de $3.232 millones y los beneficiarios serán 3.052 estudiantes.
En el municipio de Itagüí, si bien no se ha vencido todavía, para las autoridades hay incertidumbre acerca de la continuidad del programa en el corto plazo, pues el contrato solo va hasta el mes de mayo de este año.
Por su parte, en el caso de Bello, la alcaldesa Lorena González también sostuvo que el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar estaría garantizado para los estudiantes de ese municipio, luego de que se destinaran $23.000 millones para cubrir su normal operación.
“Con respecto a la alerta emitida frente al PAE quiero darle tranquilidad a toda la comunidad educativa, a nuestras familias y niños. El año pasado no se dispusieron al 100% los recursos que debe destinar el municipio para cubrir el programa, pero eso ya está saldado y el recurso está listo para dirigirse a 20.000 niños que se benefician, más los 11.000 que fueron aprobados por la UAPA hace dos meses y que empezarán a operar desde el mes de julio”, dijo.
Otros municipios del país donde el programa está en riesgo de continuidad por el vencimiento del contrato son: Sogamoso, Zipaquirá y Cartago, ya que finalizaron contrato en el mes de marzo. Similar situación sucede con Amazonas, Soledad, Cartagena, Duitama, Florencia, Cauca, Cundinamarca, Fusagasugá, Villavicencio, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Ibagué y Cali.
Ante el preocupante panorama, el despacho de la procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y/o avance de los nuevos procesos contractuales recomendando que los contratos que se suscriban garanticen la prestación del servicio por lo que resta del calendario escolar para evitar riesgos de continuidad.
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Asimismo, el ente de control requirió a las entidades las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales, en los casos en los que los contratos finalizaron, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente.
La Procuraduría informó que continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.
