El miércoles en la mañana estaba todo listo en la sede de Isagén en Medellín para el acto protocolario de la firma del acuerdo con el cual las grandes empresas de servicios públicos del país se comprometían a bajar sus tarifas de energía.
Llegaron representantes de todas las compañías del país porque se trataba de lo que sería el primer logro tangible del gobierno de Gustavo Petro: aliviar un poco las tarifas de la luz que se han convertido en un dolor de cabeza para los colombianos en estos tiempos de carestía por la inflación.
La ministra de Energía Irene Vélez llegó visiblemente molesta al encuentro. Lo cual era extraño porque el pacto era un triunfo para ella. Para los presentes fue claro que su molestia tenía que ver con Jorge Carrillo, el gerente de EPM. Los dos llegaron tarde al evento y pronto se supo que venían de una reunión en la que Carrillo le explicó por qué EPM no se sumaba al pacto en dos de los componentes de la tarifa, uno de ellos el de distribución, que pesa cerca del 35% de la misma.
Era realmente sorprendente que EPM fuera el único de los grandes operadores que no se sumaba al 100% al Pacto de Justicia Tarifaria. Entre otras cosas porque desde cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro el alcalde Daniel Quintero ha sido siempre el primero en levantar la mano para todo lo que Casa de Nariño propone. Y además porque una de las promesas más recordadas de campaña del ahora alcalde era la de congelar los servicios públicos.
¿Qué podía ser tan poderoso para que EPM no se sumara? Era el interrogante que rondaba entre las otras empresas de servicios públicos. EPM, en su condición de ser la única empresa propiedad del Estado, siempre se ha caracterizado por participar de este tipo de propósitos de impacto social. Adicionalmente, quedaba como un parche teniendo en cuenta que todas las demás empresas, casi todas privadas, se metieron la mano al bolsillo. Hasta Air-e, que es la empresa que se creó al mismo tiempo de Afinia para asumir el despelote que dejó Electricaribe.
A pesar del asombro, al final todos le bajaron el perfil a este impasse porque al Gobierno no le servía empañar la firma del Pacto por la Justicia Tarifaria, y EPM podía seguir diciendo que había bajado las tarifas, porque en efecto lo hizo en el componente de generación, pero por supuesto nadie aclaró que no rebajó ni la mitad de lo que se esperaba.
Menos beneficiados
EPM, más sus cinco filiales, entre ellas Afinia, tiene el 35% del mercado de distribución del país, si se hubiera metido de lleno en el pacto, el ahorro total para los usuarios no habría sido de $1,5 billones en los próximos 12 meses, sino de más de $2 billones.
Y sobre todo, un dato que ha pasado de agache, es que los que menos se van a beneficiar de la rebaja de tarifas son los usuarios de EPM en Antioquia, y los de sus filiales en la Costa Caribe (Afinia), Santanderes y Eje Cafetero.
Al día siguiente, el jueves, se armó tremendo alboroto porque el alcalde de Cartagena, William Dau le declaró “la guerra” a Afinia por no rebajar las tarifas. “Si no rebajan las tarifas vamos a la guerra con Afinia y con los miembros de la junta directiva de EPM que son los dueños de Afinia”. Es decir, Dau le lanzó el desafío directamente al alcalde Daniel Quintero que es el presidente de la junta de EPM.
En entrevista con Bluradio, Dau agregó que estaban hasta la coronilla porque EPM había puesto al frente de Afinia a un personaje como Javier Lastra: “Hay muchos rumores de corrupción que rodean a este señor. Este señor no es de fiar. Trabajó en Electricaribe y de allá lo echaron. Estuvo en la Superintendencia de Servicios Públicos y de allá también lo echaron”.
El gerente Carrillo salió ese mismo jueves a tratar de apagar el fuego, dijo que había recapacitado y que Afinia se sumaba al pacto. Acto seguido anunció una “rebaja” de la tarifa del kilovatio hora, de $822 a $799, es decir, una rebaja de $23. Pero ese anuncio tiene gato encerrado. No solo porque equivale a un 3% de descuento, muy por debajo de lo que ofrecieron otras empresas, sino porque según explicó un experto del sector, Afinia, a diferencia de los otros distribuidores, no se acogió a la figura de ahorrarles a los usuarios sino a la de diferir el pago para cobrar esa “rebaja” en otra oportunidad. Es decir, esos $23 se les verán reflejados en cualquier factura más adelante a los usuarios.
Y otro descuento que se verá reflejado en la tarifa en noviembre será resultado de la rebaja que han hecho las empresas que le venden la energía (generación) y no por el esfuerzo propio de Afinia. Es como ganar indulgencias con padrenuestros ajenos.
Como estos temas de tarifas son tan técnicos y complejos, el gerente Carrillo logró apaciguar las aguas (¿o embolatar a la opinión?) con titulares en los que no se cuenta la historia completa.
El trueque
Pero más allá de las cifras lo interesante es lo que ocurrió detrás de la decisión para que EPM le hiciera parcialmente el quite al pacto. Y el papel que jugó el presidente Gustavo Petro en esta historia.
A pesar de que para EPM era un sacrificio importante, habían tomado la decisión de participar con toda en el pacto. De hecho, el gerente Jorge Carrillo así lo anunció desde el 8 de septiembre en el congreso de Andesco, en Cartagena. “Anuncio que de forma voluntaria EPM va a cambiar el precio base de los contratos para generar un alivio en la tarifa de los usuarios”, trinó ese día.
Pero menos de un mes después, el panorama cambió. El alcalde Quintero decidió ponerle una condición al gobierno: que EPM rebajaba las tarifas si y solo sí el gobierno de Petro le daba una mano en la Creg y le ‘perdonaba’ la fecha del 1 de diciembre que tiene como plazo obligatorio para poner a funcionar las turbinas 1 y 2 de Hidroituango.
Fuentes del sector explicaron a este diario que ‘perdonarle’ la fecha a EPM sería un paso demasiado arriesgado para el Gobierno porque podría poner en peligro la confiabilidad del sistema eléctrico nacional la cual depende de que se cumplan los compromisos adquiridos. Y ese sistema, creado después del ‘apagón’ de 1992, es uno de los tesoros más queridos del país porque lo ha salvado de repetir la historia de esa crisis.
Quintero ha mostrado desespero en los últimos días con el tema de Hidroituango. Y es que si se mantiene el plazo límite y no se llegan a prender las turbinas el 1 de diciembre, se hace efectiva una garantía que EPM le entregó a la Creg (una especie de pagaré) de unos $850.000 millones a manera de sanción.
Y teniendo en cuenta que a EPM la rebaja de tarifas le podía costar por lo menos $500.000 millones el primer año pues entonces le servía el trueque.
Pero ni Carrillo ni Quintero lograron hablar con el Gobierno a tiempo para proponerle el trueque (rebaja de tarifas a cambio de levantar sanción). El gerente Carrillo incluso estuvo el jueves 6 en la tarde en Cartagena, en el congreso de Naturgas, pero no se pudo cruzar con la ministra Vélez que dejó su intervención ese día a la viceministra.
Y como el plazo para decir si se sumaban al pacto de las tarifas se vencía al día siguiente, el 7 de octubre, el alcalde decidió convocar a una junta extraordinaria de EPM ese viernes a las 11:30 de la mañana y allí dijo que no se iban a sumar al Pacto.
EL COLOMBIANO habló con algunos miembros de junta y explicaron que la decisión de no rebajar tarifas se tomó por la complicada situación financiera en la que ha quedado EPM tras las grandes inversiones que ha tenido que hacer tanto en Hidroituango como los recursos que exige Afinia. (¿Si el gerente Carrillo sabía de la difícil situación financiera por qué prometió la rebaja de tarifas un mes antes en Andesco?)
Pero ese mismo viernes se dieron cuenta de que ya se habían enviado cartas con el compromiso de bajar tarifas en el componente de Generación y era imposible reversarlas. Por eso finalmente la empresa se sumó solo de manera parcial al pacto.
Así pues, tarde ya el viernes, sobre las 9 de la noche, a escasas horas de vencer el plazo, EPM anunció su decisión al Ministerio de Energía.
¿Si será el 30 de noviembre?
EPM está metido en camisa de once varas con la fecha de la entrada en operación de Hidroituango. El alcalde Quintero y el gerente Carrillo estaban confiados en que con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia podían hacer que la Creg les diera un nuevo plazo pero no ha sido así.
Entre otras cosas porque los plazos de la Creg son sagrados, guardadas las proporciones como la independencia del Banco de la República, si no se abriría una puerta para incumplimientos y nuevos apagones.
La verdad es que ha faltado seriedad a la hora de dar fechas de entrega. El gerente de EPM fue el primero en poner una fecha: en un acto público, en febrero, en el cual el presidente Iván Duque los dejó con los crespos hechos en Ituango, Carrillo se sacó del sombrero que iban a prender la primera turbina el pasado 26 de julio.
En ese momento se armó polémica porque era el mismo día del cumpleaños del alcalde Quintero y los expertos lo vieron como una ligereza, porque ni siquiera en los cronogramas entregados a la Superintendencia aparecía esa fecha tan anticipada. Desde entonces han puesto otras fechas, una de ellas, ayer 15 de octubre. Que, evidentemente, tampoco se cumplió.
La pregunta del millón es si se va a cumplir la fecha del 1 de diciembre (otros, como el gerente de EPM, dicen el 30 de noviembre). Nadie parece tener la varita mágica para la respuesta, pero un grupo de expertos internacionales visitó Hidroituango el pasado 4 de octubre y prácticamente descartaron que las primeras dos turbinas se puedan prender este año. Se trataba de una comisión de cuatro expertos de compañías de seguros que vienen a tratar de asegurar la operación de la obra y al menos tres de ellos coincidieron en ese dictamen.
La visita coincide con la serie de aplazamientos de ruedas de prensa en las que se supone que EPM iba a contar sobre los pormenores de la obra. Y también con el evidente malestar que ha mostrado el alcalde Daniel Quintero en redes sociales, en las que en el ánimo de zafarse de la responsabilidad que le cabe por las demoras habló de unas supuestas “ratas” que “quieren que se caiga Hidroituango”.
Quintero publicó ese trino el martes 11, es decir, la víspera de la firma del Pacto, a las 7:30 de la noche. Esa misma noche, finalmente pudo hablar con el presidente Gustavo Petro. Y en esa conversación sacó de la manga una nueva carta, le prometió a Petro que le instalará paneles solares por $150.000 millones a familias vulnerables de Cartagena.
Una jugada sin duda hábil. Tranquiliza al Gobierno porque le da en la vena de la trasformación energética y para el propio Quintero es poder entregar un contrato más. ¿Después de los paneles solares para las familias le ayudará Petro a Quintero para que la Creg no sancione a Hidroituango en caso de que no esté operando el 1 de diciembre?
