Aunque finalmente, tras casi dos años de espera, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, decidió archivar el trámite de licenciamiento de Quebradona en Jericó, la disputa entre la población del Suroeste opositora al proyecto minero y la empresa AngloGold Ashanti está lejos de concluir.
La multinacional minera tiene 10 días a partir de la notificación oficial para interponer un recurso de reposición ante la Anla para que la entidad revise la decisión y apruebe la licencia. El asunto es que desde la Mesa Ambiental de Jericó también elevarán el respectivo recurso para pedirle a la Agencia que niegue definitivamente la licencia, y según piensa Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa, los tiempos que se tome la Anla para resolver estos trámites juegan más en contra de AngloGold que del movimiento opositor al proyecto.
De todos modos, de acuerdo con expertos consultados, de este trámite es muy poco probable que surja alguna modificación a la decisión anunciada el lunes.
De manera entonces que tras cerrar este round jurídico la pugna continuará en el territorio, a juicio del líder ambiental. Concretamente en Támesis, donde Jaramillo prevé que la multinacional empezará a penetrar con una estrategia para dividir la opinión pública e intentar inclinarla a su favor, tarea que, dice Fernando, será difícil, o al menos les tomará mucho tiempo para “socavar la resistencia casi unánime de los tamesinos”.
También en jurisdicción de Támesis, la empresa tendría que ampliar los análisis biológicos, geológicos, hidrogeológico, hidrológico, de geotecnia y biótico con los que presentó el actual Estudio de Impacto Ambiental para elevar uno nuevo que resuelva completamente los 174 requerimientos que le hizo la Anla.
Sin embargo, para Julio Fierro Morales, docente de la Universidad Nacional y geólogo de la Corporación Geoambiental Terrae, que elaboró estudios geoambientales para los habitantes de Támesis y Jericó, que no han sido liberados al público por hacer parte de una estrategia judicial, no hay estudio alguno que pueda presentar AngloGold que solucione las afectaciones y riesgos que causarían este proyecto de megaminería.
Los “pecados” que cometió la empresa en el EIA que presentó –a criterio del profesor Fierro y respaldado por lo reseñado por la Anla– se centran, en primer lugar, en la negación inicial de afectaciones de aguas subterráneas, algo que el posterior informe anexo adelantado por la firma Golder reconoce en aguas subterráneas de Támesis, que no solo afectaría al recurso hídrico de dicho municipio sino a Valparaíso, Tarso, Fredonia y La Pintada.
“La información que tenemos es la misma que tiene la empresa y que demuestra que la dependencia de ríos y quebradas respecto a las aguas subterráneas es total, entonces la afectación a estas aguas que causarían las excavaciones de los cuatro túneles, de 6 kilómetros de largo, alteraría irreversiblemente el ciclo del agua”, expone.
Fierro Morales explica que la otra gran deficiencia fue la disposición de los relaves (desechos de la minería), una especie de arenilla particulada similar a la sal de mesa y de los cuales se pretende disponer 120 millones de toneladas hacia la parte baja de Jericó. AngloGold asegura que estos serían relaves secos, pero realmente son filtrados y por su alto riesgo están diseñados para ser dispuestos en zonas donde no llueve, con un máximo aceptable de 50 milímetros por mes, pero en la zona de estudio generalmente llueve más que eso, e incluso, las precipitaciones pueden llegar a 300 milímetros al mes.
Además, completa Fierro, el EIA desestimó los posibles impactos a estos relaves causados por eventos sísmicos que pondrían en riesgo a poblaciones aguas abajo y llevar flujos de estos relaves hasta el río Cauca.
Lo que enfrenta AngloGold
La multinacional aún tiene cerca de 11 años para realizar exploración en las 7.586 hectáreas y no tiene un límite de tiempo para presentar un nuevo EIA.
Sin embargo, el tiempo juega en su contra por varias razones. Primero, porque al integrar en uno los cinco títulos que tiene en la zona (en Nuevo Chaquiro, La Aurora, Tenedor, La Isabella y La Sola), que comprende un área de 7.586 hectáreas, le corresponde pagar por canon superficiario el 5 % de la inversión anual que haga la empresa en fase de exploración.
Ya son 14 años haciendo presencia en la región, y el tiempo adicional que deberá transcurrir antes de que pueda lograr la licencia podría originar un desgaste en la multinacional. De hecho, pobladores de Jericó le contaron a este medio que desde hace dos semanas la empresa viene terminando su vínculo con pobladores que desempeñaban tareas de socialización.
Además hay movimientos en torno al debate minero-ambiental en el país que podrían incidir en el desarrollo de nuevos procesos de licenciamiento. El lunes, justo cuando salió la noticia de la Anla, se desarrollaba en Bogotá una audiencia pública adelantada por el congresista Juan Carlos Losada, que prepara junto al Movimiento Nacional Ambiental un proyecto de ley para avanzar hacia la reglamentación de los principios de concurrencia y coordinación entre el Estado y los entes territoriales en temas mineros, tal como lo determinó la Corte Constitucional en 2018, cuando ordenó al Congreso legislar sobre el asunto, lo cual, hasta ahora, no ha hecho.
Dicha ley permitiría, por ejemplo, que la Anla conozca la información del Plan de Trabajos y Obras que evalúa una autoridad minera (la Secretaría de Minas, en el caso de Antioquia) y que haría que los requerimientos de este trámite se trasladaran a las consideraciones de la Anla en el proceso de licenciamiento, mejor dicho, haría más riguroso todo el proceso.
A propósito de este trámite, AngloGold resaltó en su comunicado sobre la decisión de la Anla que su labor de análisis alrededor del proyecto ya había recibido el espaldarazo del permiso de sustracción ambiental otorgado por Corantioquia y la aprobación del PTO por parte de la Secretaría de Minas.
Repercusiones económicas
Para Milton Montoya, director de Investigaciones del Departamento de Derecho Minero-Energético del Externado, la decisión de la Anla, aunque temporal, pone en vilo la diversificación de la canasta minero-energética del país.
El cobre, explica, es uno de los minerales más importantes para desarrollo de tecnologías asociadas a fuentes no convencionales de energía: eólica y fotovoltáica.
Por lo tanto –advierte– la humanidad en los siguientes 30 años va a consumir la mayor cantidad de cobre que ha consumido en toda la historia.
En ese escenario, Quebradona, con su potencial para extraer 4,91 millones de toneladas de concentrado de cobre, sería clave para poner a Colombia en una posición favorable que hoy no tiene, ni siquiera, a nivel regional.
En el fondo del asunto, para Montoya, quien también preside la Red Latinoamericana de Derecho Minero, la decisión de la Anla y el largo tiempo que tomó para pronunciarse (22 meses) envía un mensaje preocupante a los inversores y al futuro de los proyectos mineros estratégicos.
De hecho, recalca que agilizar los tiempos de estudio y evaluación de licenciamiento fue uno de los principales llamados en el reciente Congreso de Minería.
Pero la transición energética solo será posible, a su juicio, si se robustece institucionalmente a las autoridades ambientales con recurso técnico, económico y personal calificado, que hoy no tiene y que, tanto opositores como sector minero, coinciden en que es una de las causas de la incertidumbre técnica y jurídica en torno a estos procesos. AngloGold concluyó en su comunicado que no permitirá que “Colombia pierda la oportunidad de avanzar en un mejor uso de su potencial de recursos naturales e incluir la minería sostenible y responsable como parte esencial de sus exportaciones.”
