El próximo 18 de enero se instalará en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí una mesa de diálogo para la paz total, estará integrada por varios capos del crimen del Valle de Aburrá que llegaron hasta el penal en los últimos días de diciembre.
Todo el movimiento lo hizo la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Desde varias cárceles del país llegaron José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, quienes en su momento fueron los hombres fuertes de la Oficina de Envigado y el último era el capo de la banda Pachelly. Entre los tres se puede resumir el narco que impera en el Valle de Aburrá.
Se espera que esta misma semana lleguen a Itagüí, desde más cárceles del país, otros 16 capos, así quedaría lista la mesa con la que el presidente Gustavo Petro quiere traerle la paz a Medellín. Todos estos movimientos se han hecho con el mayor sigilo, en grandes camionetas y con la venia de supuestos líderes sociales. El secretismo y las cartas de ida y vuelta han traído una ilusión extraña para los capos: creen que pueden quedar en libertad, supuestamente ha sido una promesa que les ha llegado directamente desde los enlaces que tienen con el Gobierno.
Al parecer, a varios capos se les ha estado hablando de tener el beneficio de la libertad para negociar la paz bajo el Decreto 1081de 2015. Se trata del mismo Decreto con el que el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le pidió al fiscal Francisco Barbosa que levantara las órdenes de captura a 16 criminales del Clan del Golfo y de Los Pachenca –banda que tiene el control de los negocios ilícitos en Santa Marta y la Sierra Nevada–, solicitud que le fue negada de manera rotunda.
Sobre la negativa del Fiscal, en una movida más que obvia porque nadie les daría estatus político a grupos probadamente dedicados al narcotráfico y la extorsión, el ministro Alfonso Prada no tuvo más que salir a decir que respetan la autonomía de los poderes y que seguirán en la búsqueda de la paz “con las organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones con estructuras de alto impacto, armadas y del crimen que se mueven en la economía ilegal con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento”.
El asunto más delicado de esta historia que se está cocinando en las cárceles desde los tiempos de la campaña presidencial es que por los pasillos de la cárcel de la La Picota –en Bogotá– se rumora que a varios capos supuestamente les han pedido mucho dinero para la gestión de la paz, trámites que incluirían el levantamiento de órdenes de captura. Lo cierto es que hasta los extraditables han estado en comunicación con la Casa de Nariño para pedir pista y, sobre todo, que no los manden a Estados Unidos.
En noviembre, representantes del Gobierno Nacional instalaron la Mesa de Derechos Humanos Paz en la La Picota bajo la resolución 046 de 2022 que expidió el Alto Comisionado de Paz con el fin de sopesar las intenciones de las bandas; la mesa ha pasado insospechada durante este tiempo y se trató de una jugada maestra, pues de esta manera el Gobierno entabló diálogos con los que han movido el negocio del narcotráfico y quienes siguen de una u otra manera con poder dentro de las estructuras criminales.
Justo en los primeros días de diciembre, un grupo de extraditables le envió una carta a Petro poniendo a su servicio el “liderazgo positivo” que tenían en los territorios y pidiéndole que suspendiera su envío a Estados Unidos, días después se firmó la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba. La defensa de este último, capturado en febrero de 2022 en Medellín, quiso frenar el proceso con una tutela ante el Consejo de Estado, pero hace poco le fue negada y su envío a una cárcel estadounidese quedó en firme.
El caso es que la autorización de esa extradición dejó un sinsabor en los extraditables, quienes dicen que han ayudado a mover las intenciones del Gobierno en las calles, pero no han recibido ningún gesto de paz. El asunto es que frenar las extradiciones tiene un peso político incalculable para el gobierno.
Toda esta operación carcelaria ha estado encabezada por el hermano del Presidente de la República, Juan Fernando Petro –como lo reveló durante la campaña Noticias Caracol–, por el alto comisionado Danilo Rueda y por el abogado Pedro Niño. Los tres tienen un pasado compartido en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.
Petro, Rueda y Niño lograron hacer a un lado al abogado Daniel Prado, que trabajaba en alianza con la Corporación Nuevo Arco Iris y tenía contactos adelantados en ciudades como Cali y Medellín desde hace varios años. Para algunos, la salida de Prado –quien ya había confirmado los movimiento de paz en Medellín revelados por EL COLOMBIANO– se debe a que el presidente Petro quiere involucrar a la iglesia en todo el proceso; incluso, aseguran que fue un compromiso que adquirió con el Papa Francisco en su visita al Vaticano el año pasado.
Pero el tema va más allá de la fe. Mientras Daniel Prado trabajaba en la línea del acogimiento a la justicia por parte de las bandas criminales y de los grupos armados, sin necesidad de ningún reconocimiento político, idea que fue rechazada en pleno por juristas y senador, el triunvirato que llega ahora desde la Casa de Nariño tiene una única apuesta grande: la paz con el ELN.
En esa negociación con el ELN le darían cierto estatus político a otros grupos armados, entrarían en uno de los puntos de la negociación. Dice una fuente cercana al debate: “Ellos (el Gobierno) valoran mucho el aporte de la iglesia, y por eso están jugados con el ELN, pero los mismos narcos dicen que esa guerrilla traquetea como todos, así que reclaman también estatus político”.
Dicho estatus abriría las puertas a una negociación expedita, porque el presidente Petro no quiere desgastar todo su mandato en esta negociación, de esa manera eliminan la teoría del acogimiento a la justicia y expurgarían culpas como si se tratara de una guerrilla. El asunto es que varios asesores ya han alertado que al entregar ese estatus político podría suceder lo mismo que Justicia y Paz, donde decenas de narcos se colaron como paramilitares para alivianar sus condenas. Un asunto problemático: ningún capo ha hablado de legalización de drogas y mucho menos de entregar negocios.
El panorama local
Pero volvamos a Medellín, donde también se cuecen divisiones.
Uno de los abogados que cuenta con la bendición del Alto Comisionado para la Paz es Edison López, apoderado de Juan Carlos Castro, alias Pichi, vía por la que llegó a representar en estos asuntos a alias Douglas, quien verdaderamente es una voz fuerte desde la cárcel para hablar de la criminalidad en el oriente de Medellín, exactamente en Manrique y la banda La Terraza. Lo que preocupa a líderes que conocen el proceso, es que solo representaría el 20 por ciento de la criminalidad.
La aparición del abogado López en la escena ha sido rotunda, se dice que conoce al alcalde Daniel Quintero porque crecieron en el barrio Tricentenario, y que ese rol también fue vital para encontrar puertas abiertas en la Casa de Nariño. Sin embargo, todo es una especulación. Lo que sí es cierto, es que está jugado con el protagonismo de Douglas, lo que dejaría por fuera a bandas importantes del Valle de Aburrá como Los Triana, Los Mondongueros y algunos combos de Robledo.
En la escena apareció de un momento a otro Mauricio Alberto González Sepúlveda, alias el Ronco, exparamilitar de las AUC y un viejo capo de la Oficina, quien salió de la cárcel en septiembre de 2017 por vencimiento de términos y desde entonces se ha mantenido en las sombras. El Ronco sería la clave para que los acuerdos de paz se bajen “a los muchachos”, a los hombres de las bandas que asolan a Medellín.
Las cartas se destaparán en las próximas semanas con la instalación de la mesa en la cárcel de Itagüí y con unos movimientos de la criminalidad, gestos de supuesta buena voluntad que podrían ir desde cambiar centros de expendio de drogas en lugares como parques y colegios, hasta gestos de paz como los que vivió la ciudad en octubre y noviembre del año pasado.
El problema es que en las cárceles también perciben lo mismo que en la calle: la paz total parece un hilo de pura improvisación
18
de enero será el día en que se instalará la mesa de diálogo de la paz total en la cárcel de Itagüí.
