Siete años lleva cerrada la Biblioteca España. Durante ese tiempo, su fachada resquebrajada estuvo oculta bajo una lona negra. El miércoles pasado, después de años de inactividad, la lona cayó en presencia del alcalde Daniel Quintero, y el público prorrumpió en un aplauso. Pocos sabían que el contratista había sido elegido casi a dedo y que tiene sobre sus hombros varios cuestionamientos.
Esta semana se marcó el comienzo de la “rehabilitación” de la obra, de su reconstrucción total. Pero bajo la lona negra quedó ocultó el operativo de la escogencia del contratista encargado de los trabajos —para los que se dispuso un contrato de $28.075 millones.
La licitación
La primera de ellas tiene que ver con el proceso de contratación. El 27 de agosto de 2021, la Alcaldía de Medellín abrió la licitación pública 70007221 con el fin de contratar la rehabilitación de la biblioteca. El proceso fue registrado en la plataforma Secop II y estuvo vigente hasta el 10 de septiembre.
Las suspicacias comienzan cuando se revisan los oferentes. La licitación fue suspendida y, cuando se reabrió, solo una empresa se presentó: IDC Inversiones. Habiendo de por medio un contrato de $28.075 millones, resulta extraño que solo una empresa se haya postulado. José Fernando Villegas, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, dijo que este era un proceso “apetecido” por cualquier empresa de construcción.
Entonces, ¿qué pasó para que solo se presentara una empresa? Las respuestas varían según la orilla. Consultada al respecto, la secretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego, dijo que esto se debió al temor de algunos interesados de entrar a una obra siniestrada. “La Biblioteca genera temores. Hubo una dificultad y es que los proponentes tenían que presentar una póliza de seriedad de la oferta, cosa que no estaba emitiendo ninguna aseguradora. Entonces suspendimos la licitación dos meses. En ese tiempo, los interesados podían mejorar sus ofertas y volverse a presentar. Cumplimos todas las exigencias de transparencia y seguridad. Estuvimos a punto de declarar desierta la licitación, pero al final se presentó un oferente que cumplió con todas las exigencias”.
EL COLOMBIANO consultó a la secretaría de Suministros y Servicios, la encargada de la contratación. Por medio de una respuesta escrita, desde allí respondieron que el proceso fue transparente. Incluso, mencionaron que nueve empresas pidieron aclaraciones sobre las condiciones para la contratación. Entre ellas estaba, por ejemplo, que la compañía interesaba debía tener como mínimo un 30% de trabajadoras mujeres dentro de su planta.
“Los criterios habilitantes y de participación establecidos por el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual fueron proporcionales entre la exigencia de la obra y las condiciones que debe cumplir un contratista para ejecutarla a satisfacción”, dice la respuesta del despacho.
Luego de la interrupción, la licitación fue reabierta el 8 de noviembre y cerrada el 12 de ese mismo mes.
De otra orilla, la versión es diferente. Para la CCI, las condiciones no fueron ideales. “Fue una licitación relámpago. Es una treta, que no dio tiempo a nadie para inscribirse. Nadie alcanza a prepararse. Además, pidieron experiencias sin sentido. Por ejemplo, exigieron experiencia en obras públicas, algo innecesario para este caso”, dijo Villegas.
Una fuente cercana al gremio constructor, que prefirió no ser mencionada, dijo que muchas empresas se abstuvieron de participar, pues consideraron que la “licitación estaba direccionada”. Añadió: “La licitación tenía nombre propio: IDC”.
El contratista
IDC es, precisamente, el segundo cuestionamiento. Resulta que detrás de esta empresa, como lo reveló EL COLOMBIANO, está Luis Felipe Agudelo, un personaje enigmático, pero poderoso. Agudelo es amigo cercano del exgobernador Luis Pérez, a quien ha ayudado en campañas políticas. Lo más cuestionable es que su empresa, IDC, se ha visto beneficiada de millonarios contratos durante la alcaldía y gobernación de Luis Pérez.
Ejemplo de ello es el contrato celebrado con la Gobernación en 2018, cuando Pérez ejercía como gobernador, para desarrollar el proyecto de ciclorrutas del Oriente. El monto fue de $20.392 millones. La empresa también ha firmado cuantiosos convenios con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia, considerada el fortín político de Agudelo.
Adicionalmente, a IDC le asignaron una construcción de escenarios deportivos en el suroeste ($6.000 millones), el Parque de los Cuatro Elementos, en Sabaneta ($6.350 millones), y la doble calzada de la calle 77 Sur en el mismo municipio ($7.303 millones). Igualmente acometió un proyecto con Viva (casi $19.000 millones). Pero los contratos más cuantiosos fueron el del Hospital Mental de Antioquia, Homo ($43.000 millones) y el del Hospital La María ($32.662 millones).
Pero hay algo más que llama la atención sobre Agudelo. A pesar de ser contratista millonario, en internet no aparece siquiera una foto suya. Una fuente le dijo a EL COLOMBIANO que IDC es una especie de empresa fantasma, esto porque los documentos siempre son firmados por su representante legal, Juan Diego Moreno.
Precisamente, para salir de dudas sobre la contratación de IDC para la rehabilitación de la Biblioteca España, este medio lo buscó para que diera su versión de los hechos. La idea era que la empresa despejara las suspicacias sobre su dueño y el presunto direccionamiento de la licitación pública. Pese a que se le escribió un mensaje y se le insistió, su respuesta fue que no estaba interesado en hablar. Al insistirle, de nuevo, sobre la relevancia de su declaración, respondió: la información que usted requiere es de dominio y carácter público. Muchas gracias”.
Pero la cercanía de Luis Pérez y Agudelo, en realidad, se remonta a mucho más atrás. En la campaña a la Alcaldía de Pérez, en el año 2000, Agudelo aparecía como uno de los asesores de un círculo más cercano.
Para ese entonces, la empresa IDC tenía apenas cinco años de existencia. Tras el triunfo de Pérez, IDC se encargó de extender buena parte de la red de las ciclorrutas de Medellín que generaron gran controversia por los sobrecostos y porque, en parte, se financiaron con plata de Empresas Varias. Además, ejecutó la remodelación de la Unidad Hospitalaria de San Javier por $3.462 millones.
Ahora bien, ¿por qué es relevante en este tema su cercanía con Luis Pérez? El exgobernador es cercano a Daniel Quintero. Incluso, en el gabinete municipal hay algunas cuotas de Pérez, así como en su gobernación tuvieron participación personas cercanas al hoy alcalde, como su hermano Miguel Quintero, quien fungió como secretario (e) de Planeación.
Este no es el primer contrato que se le adjudica a IDC en la administración Quintero. Ya se le asignó de manera directa la tercera fase de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El contrato, por $9.755 millones fue firmado el 14 de octubre de 2020 con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y en 2021 ha tenido una adición por $2.577 millones y un aplazamiento en la entrega, que estaba pactada para diciembre y aún no se ha entregado.
A las dudas sobre la licitación y la empresa se suman las constructivas. La Biblioteca España es una obra compleja, que costará el doble de su valor original, $15.512 millones. La comunidad está temerosa de un nuevo descalabro como el ya acaecido. Están desentendidos de la polémica licitación y no saben quién es IDC ni Luis Felipe Agudelo. Sin embargo, tienen claro que no quieren que la historia se repita. Así lo dice Carlos Andrés Mesa, líder social de la zona: “Nos da temor que se repita la historia. Solo queda esperar que esta vez salgan bien las cosas”.
