El estado de emergencia económica, social y ecológica en el que está Colombia desde marzo de 2020 le dio libertad a los mandatarios locales para declarar urgencia manifiesta en sus territorios y agilizar procesos de contratación que usualmente tomarían semanas o meses.
Hasta hoy 67 municipios le reportaron a la Contraloría de Antioquia que declararon su urgencia. Y otras tres poblaciones con contraloría municipal hicieron lo propio: Bello, Envigado y Medellín.
“El Gobierno Nacional dejó claro que esa declaratoria no es para todas las entidades sino para las más afectadas por el covid-19. Por eso quiero que los alcaldes sepan que vamos a hacer filtros, verificaciones con lupa de cada contrato y que, si se necesitan auditorías exprés, también las haremos”, recordó Elsa Yazmín González Vega, contralora de Antioquia.
La funcionaria dijo que las contrataciones directas son de ayuda para las comunidades que requieren atención inmediata pero resaltó que si hay un mal manejo, este instrumento puede desencadenar el desvío de recursos.
¿Quién vigila?
Con una gran parte de la población confinada, la vigilancia de los entes de control se hace vital para evitar que los corruptos se echen al bolsillo dineros públicos.
En el país se creó Transparencia por la emergencia, una estrategia de articulación con la que la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General conformaron mesas técnicas para hacer seguimiento a las quejas ciudadanas por posible corrupción.
Ese ejercicio mostró avances en Antioquia: siete municipios fueron requeridos para explicar detalles de algunos de sus contratos y se abrieron procesos disciplinarios para establecer responsabilidades en cada uno de ellos.
La lista incluye a Medellín, Abejorral, Dabeiba, Sopetrán y Urrao, cada uno con un proceso sometido a vigilancia; y a Giraldo, donde se investigan dos contratos.
Ojo a paquetes de alimentos
La contralora de la ciudad, Diana Carolina Torres García, explicó que desde su oficina se está haciendo revisión de la legalidad de las urgencias manifiestas decretadas. “Pero además activamos un grupo de reacción inmediata con el que estamos vigilando 23 contratos”, dijo.
Por un solo proceso de alimentación para estudiantes han llegado varias quejas a la Contraloría. Ese mismo contrato es el que aparece reseñado con proceso disciplinario en Transparencia por la emergencia.
Se trata del contrato número 4600085448, firmado por la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza el 20 de marzo de 2020. Tiene un costo de $7.168 millones, una vigencia de un mes, y su objeto es la compra y entrega de 220.578 paquetes alimentarios a los estudiantes.
En la justificación de la urgencia manifiesta, la secretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo explicó que con el cese de clases (Circular 020 de Mineducación) también quedó suspendido el PAE , por lo que fue necesario tomar medidas “con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Los entes de control reportaron que las quejas en este caso son por supuestos sobrecostos. El contrato detalla que cada paquete alimentario deberá contener dos libras de lentejas, una de frijol cargamanto rosado, 380 gramos de leche en polvo, 250 gramos de pasta, una libra de arroz blanco, tres paquetes de galletas y 200 gramos de bebida achocolatada en polvo. Por esos alimentos la alcaldía pagaría $32.500.
En la propuesta técnica y económica hecha por Colombia Avanza se informa que el valor de los alimentos para cada paquete es de $26.423, que por logística se cobran $3.963 y por adecuación, $2.113 (ver foto). Según las quejas, el precio de los insumos es superior al disponible en las grandes superficies.
La contralora Torres aclaró que aún la investigación está en curso. “Lo que hemos encontrado es que a la fecha el Municipio no ha hecho pagos por ese contrato, y como no se han realizado pagos no podríamos pronunciarnos”, dijo.
¿Frijol vencido hace 5 años?
Con la extensión de la cuarentena, el Gobierno Nacional autorizó la reactivación del PAE y por eso el pasado lunes los padres de los alumnos de tres comunas de Medellín fueron citados para recibir el segundo paquete nutricional.
María Taborda llegó a las 7:00 a.m. a la escuela Eduardo Cock de Castilla, pero salió dos horas después con las manos vacías. “Nos dijeron que había un problema logístico y que no se podía entregar. Resultó que mandaron un frijol que había vencido en el 2015”, dijo.
Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión explicó el pasado martes que hubo un problema con la rotulación del producto. “La Alcaldía de Medellín recogió 3.185 productos que estaban mal rotulados en las entregas a los beneficiarios del PAE. Esto se detectó de manera oportuna, se requirió al operador, él cambió los productos y a ninguna familia les llegaron los alimentos con la rotulación mala”, dijo.
El contrato bajo el que se suministró el frijol aparece con el número de proceso 70006950 y cuesta $56.520 millones, pues corresponde a la alimentación de los estudiantes durante todo el año.
La Secretaría de Inclusión aclaró que el producto mal rotulado hace parte del lote 3 del contrato (avaluado en $17.412 millones y otorgado a la unión temporal UT PAE 2020, conformada por Fundación Alimentarte y Nutriser Colombia. En el consorcio no hubo respuesta sobre las presuntas inconsistencias, pero la secretaria Gómez señaló que ya se pidió acompañamiento de los entes de control para seguir con las entregas.
Comida por las nubes
El alcalde de Abejorral, un pueblo de 17.599 personas en el Oriente de Antioquia, fue uno de los primeros requeridos por las autoridades.
Andrés Felipe López Ramírez, contralor delegado de Antioquia, explicó que luego de múltiples denuncias, se abrió un proceso de responsabilidad por $81 millones contra el alcalde local por el contrato No. 100 de 2020, por valor de $267,7 millones para suministrar víveres y elementos de bioseguridad.
“Hay hallazgos penales y disciplinarios que ya fueron informados a las autoridades competentes y un presunto detrimento patrimonial por $81,6 que corresponde a la compra de equipos de aseo, paquetes nutricionales y transporte.
Según el contrato, el Municipio pagó la bolsa de leche entera a $8.854 y el kilo de carne de cerdo a $22.000. Para tener un referente, ayer esos productos costaban $2.200 y $15.000, respectivamente, según la lista de precios de la Central Mayorista.
Julián Muñoz López, alcalde de Abejorral, emitió un comunicado en el que destacó los logros de su administración en la atención de la emergencia y señaló que responderá los cuestionamientos técnicos ante los entes de control y no en medios de comunicación .
