Desde que renunció al Concejo de Medellín, el precandidato a la Alcaldía Albert Corredor ha buscado mover su campaña desde la Secretaría de Educación. Varias denuncias señalan que a contratistas se les piden aportes en dinero y en trabajo para ayudarle al exconcejal; la conexión con ese despacho es tal que hasta quienes trabajaron con Corredor en el Concejo tienen contratos allí, algunos en puestos estratégicos como la interventoría del Programa Buen Comienzo.
De los 29 asesores que trabajaron con Corredor durante su paso por el Concejo de Medellín, algunos terminaron firmando contratos interadministrativos para la Secretaría de Educación por medio del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Institución Universitaria Pascual Bravo (IUPB) y el Colegio Mayor de Antioquia.
Actualmente, la interventoría del programa Buen Comienzo se encuentra a cargo de María Inmaculada Sánchez Ramírez, quien desde 2020 ha tenido 10 contratos con el ITM y dos más con el Pascual Bravo y el Concejo de Medellín desde 2020, todos suman 175 millones de pesos. Antes de su paso por Medellín, figura con contrataciones con instituciones de Villavicencio.
La labor de Sánchez Ramírez en la interventoría de Buen Comienzo es controlar y verificar que los dineros destinados a la nutrición de los niños sí se inviertan bien. De acuerdo con la Veeduría Todos por Medellín, el convenio firmado por 16.060 millones de pesos más una adición de 4.631 millones de pesos, habría dado pie a sobrecostos y otras presuntas irregularidades en la atención a mujeres gestantes y madres lactantes de Buen Comienzo.
Según el Secop, Sánchez Ramírez también brindó asesoría jurídica a la Unidad de Apoyo del exconcejal Corredor, luego pasó a ser parte del ITM como abogada de la interventoría hasta llegar a su dirección.
Otro funcionario que estuvo en la unidad de apoyo de Corredor es Santiago Botero, quien actualmente trabaja en la campaña. Según sus redes sociales viene trabajando con el exconcejal desde su campaña con el Centro Democrático. Fue su asesor en 2020, y durante un mes. Botero también ha firmado contratos con el ITM y el Pascual Bravo por 141 millones de pesos entre 2020 y 2022. Recientemente, la Procuraduría inició una investigación por presiones para apoyar al candidato, debido a que estaría obligando a funcionarios a apoyar en redes al precandidato, asistiendo a entrega de regalos y sancochadas.
Desde diciembre pasado, EL COLOMBIANO ha detallado la forma sistemática en la que se habría buscado vincular al personal de la Secretaría de Educación a la campaña de Corredor por medio de presiones que incluyen instrucciones por grupos de WhatsApp y participación en eventos proselitistas.
Además de Botero, en la larga lista de investigados por la Procuraduría se solicita información sobre Camilo Jiménez, John Jairo Rico, Daniel Castrillón, Ana Milena Roldán, Ana María Henao, Lina Cardona, Óscar Pasos, Dayan Alcides Marulanda, Juan Esteban Grisales Correa y Alejandro Mira, funcionarios que habrían participado en campañas políticas.
Botero hizo parte de un supuesto carrusel de diplomas que la familia Corredor habría tenido en su institución educativa. De acuerdo con lo denunciado, Botero, en acompañamiento de Alexandra Burbano, publicó un título de tesis igual que uno que ya se había presentado en la Universidad Católica de Valparaíso.
Sin embargo, el que parece ser el mayor beneficiario de Corredor es Luis Alejandro Mira Loaiza, quien fue su gerente de campaña en 2019, según Cuentas Claras. Luego de su paso por la campaña, ha firmado 13 contratos de manera directa con la Institución Pascual Bravo, el Municipio de Sabaneta y el Colegio Mayor de Antioquia por 219 millones de pesos entre 2020 y 2022. Aunque no inició laborando con Corredor en el Concejo, ingresó en 2022, meses antes de que Corredor renunciara.
De acuerdo con varias fuentes, Mira se encuentra vinculado a la campaña de Corredor mientras ejerce un contrato con el Municipio de Sabaneta para el “fortalecimiento de la movilidad y espacio público del Municipio.”
María Inmaculada Sánchez le explicó a este medio que no tiene ninguna relación con Corredor más allá de lo profesional. Aunque inicialmente negó tener una relación con él, recordó después que laboró en su Unidad de Apoyo para un proyecto sobre educación. Argumentó que su trabajo se debe puramente al mérito, sin embargo, en el Secop dice que sus contrataciones han sido directas y no se muestra algún proceso de concurso. Corredor en su respuesta dijo que “ellos se lo merecen”, respecto a los contratos firmados. A Alejandro Mira fue imposible de contactar
Por su parte, Santiago Botero se negó a responder a las preguntas de EL COLOMBIANO, dijo: “No tengo tiempo”.
