La Procuraduría General de la Nación cuestionó las razones con las que la Superintendencia de Salud justificó asumir el control de Savia Salud el pasado viernes 16 de junio.
En un oficio enviado al superintendente Ulahy Beltrán López, que aparece firmado por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal, ese ente no solo puso bajo duda la pertinencia de la intervención a la EPS, sino que cuestionó la idoneidad del agente interventor nombrado por el Gobierno Nacional para gerenciar la organización, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar.
Advirtiendo la incertidumbre que desató la decisión, que afecta a más de 1,6 millones de afiliados de 124 municipios de Antioquia, el primer reparo de la Procuraduría consistió en los tiempos manejados por la Supersalud para adoptar esa medida.
Y es que pese a que en la última prórroga otorgada por la superintendencia se estipuló que la medida de vigilancia especial que cobijaba a la EPS estaría vigente hasta el 28 de julio, la intervención fue presentada más de un mes y medio antes de que se cumpliera ese plazo.
“No se entiende como la Superintendencia Nacional de Salud (...) realiza la intervención antes del cumplimiento de la medida”, se lee en el oficio, en el que se cuestiona incluso que ese ente tomara como referencia datos con corte a marzo de este año, pese a haber dado plazo hasta julio para que la EPS mejorar sus indicadores.
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Por otro lado, el órgano de control también consideró cuestionable que la Supersalud pareciera haber dejado en un segundo plano la mejoría en los indicadores que la EPS venía presentando.
“(...) la EPS presenta un cumplimiento superior al 75% en los indicadores Fénix (Desempeño de las EPS). En el 2018, cuando inició la medida de vigilancia especial, la EPS cumplía 9 de los 19 indicadores y a la fecha la entidad logró mejorar en forma importante, cumpliendo 14 de los 19 indicadores, lo que es evidente que la EPS con su equipo de trabajo venían superando las dificultades y es por lo que se presume se ha venido prorrogando la medida”, consideró la Procuraduría.
Asimismo, la institución consideró que los problemas que hoy aquejan a la EPS son transversales al sistema de salud y a las condiciones del contexto antioqueño, en el que el costo en salud se mantiene alto por cuenta de una elevada carga de enfermedad y siniestralidad en la población, los costos en la red hospitalaria local se mantienen altos, la demanda de servicios ha aumentado por cuenta de la incertidumbre que trajo el proyecto de reforma a la salud y se mantienen diferencias estructurales en rubros clave como la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado y contributivo.
Por esa misma vía, la Procuraduría pidió en su oficio explicar las razones por las que no se aprobó el plan de capitalización con el que la EPS buscaba inyectar cerca de $120.000 millones a sus arcas, quedándose a la espera de la negación o la aprobación de la misma Supersalud.
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“No es cierto, como se afirma por parte de la SNS, que la EPS haya incumplido de manera reiterada con la búsqueda de fortalecimiento financiero a través de la capitalización”, consignó la Procuraduría.
Finalmente, el ente de control cuestionó también la forma en la que se escogió al agente interventor de la EPS, planteando que “si bien” cumplía “con algunos de los requisitos establecidos para los Agentes Especiales Interventores”, esto no daría cuenta de que fuera a la persona idónea “para administrar una EPS”.
Bajo ese contexto, la Procuraduría advirtió que el gobierno corporativo de la EPS había hecho más estrictos los requisitos para la persona que ocupara su gerencia, exigiendo una experiencia laboral de 15 años, “mínimo 3 en formación de campos de la salud” y con un perfil que incluyera ser un profesional en salud con especialización universitaria administrativa gerencial y una maestría en salud o administrativa.
De igual forma, el ente cuestionó las razones de la Supersalud para no considerar una terna que había sido formulada por el Comité de Medidas Especiales.
“Si bien es cierto que la discrecionalidad es una facultad que tienen los nominadores en la administración pública, esta es limitada y debe ser muy bien argumentada al momento que se quieran apartar de las listas ya conformadas”, agregó la procuradora Ojeda Visbal.
Los reparos de la Procuraduría aparecen luego de varias semanas de controversia por cuenta de la decisión de la Supersalud de tomar el control de Savia.
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A raíz de la incertidumbre generada por esa decisión, la semana pasada la Asamblea de Antioquia invitó incluso a un debate al agente interventor de la EPS para que rindiera un informe sobre cómo encontró a la misma y los planes para mejorar sus cuentas de cara a evitar el fantasma de la liquidación.
Pese a que a esa sesión acudieron tanto la secretaria de Salud de Antioquia, Ligia Amparo Torres Acevedo, y la secretaria encargada de Salud de Medellín, Mayelis de la Rosa Madrid, el interventor Rodríguez Villamizar no acudió.
Por otra parte, esta semana también se conoció que la Gobernación de Antioquia interpuso un recurso de reposición ante la Supersalud buscando revocar la intervención, en lo que podría ser la antesala de otros recursos que podrían trasladar la discusión a los estados judiciales.
