En un panorama de denuncias por el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones de Antioquia, tal como lo vienen denunciando líderes y organizaciones sociales y de derechos humanos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado a “redoblar los esfuerzos” para la implementación de los acuerdos de paz en el departamento, de cara a que tengan efectos reales y tangibles en los territorios.
Este jueves 18 de abril, Enrique Sánchez Airas, jefe regional en Medellín de la Misión, presentó parte del Informe Trimestral del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, relacionado con la verificación a la implementación de los acuerdos de paz entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024 en el país. Para el caso de Antioquia resaltó que persista el compromiso de 1.304 firmantes del acuerdo que avanzan en su proceso de reincorporación de forma individual o colectiva, pese a los riesgos que persisten en su contra.
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De ese total de firmantes de Antioquia, según los datos entregados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 250 siguen en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Segovia (Nordeste), Anorí (Norte), Dabeiba (Occidente) y Mutatá (Urabá), mientras que los 1.054 restantes están dispersos con sus núcleos familiares en zonas rurales y urbanas de otros municipios. De hecho, 346 de ellos están en Medellín y su área metropolitana.
Una de las noticias positivas que resaltó Sánchez Airas es que entre enero y marzo de este año en Antioquia no fueron asesinados firmantes de paz, pese a que estos homicidios son uno de los problemas que sigue enfrentando la implementación en el país y que lleva a no bajar la guardia con las acciones que garanticen su seguridad. Lo cierto es que el panorama sigue siendo difícil para ellos, como lo han expresado varios de sus representantes, así como para líderes sociales, étnicos y comunitarios por el accionar persistente de grupos armados ilegales.
El jefe de la Misión recordó el asesinato del líder Argemiro Mayo, el pasado 10 de enero en Mutatá, quien estaba acreditado como defensor de los derechos humanos de comunidades negras y como víctima en el caso 04 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, los líderes y lideresas sociales
y las comunidades continúa siendo uno de los grandes desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz”, expresó al respecto Sánchez Airas.
A esto se suma la persistencia de hechos de violencia, confinamientos, desplazamientos, amenazas y hostigamientos que han enfrentado con especial fuerza en los últimos meses comunidades de Segovia y Remedios, en el Nordeste antioqueño, situaciones que siguen siendo un desafío para las autoridades.
Otros frentes de la implementación
Tras casi ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, en el informe de la dependencia de Naciones Unidas rescataron que en los últimos tres meses se han presentado avances relacionados con la reincorporación social y económica de los firmantes de Antioquia, quienes siguen comprometidos con sus procesos tras dejar las armas.
