A la presidenta de la Cámara de Comercio Aburrá Sur le están buscando la caída. En una batalla silenciosa que viene librándose desde hace más de dos meses, nueve integrantes de la junta directiva están disputándose la suerte de la cabeza de Lillyam Mesa Arango, quien está en riesgo de ser removida de su cargo pese a liderar ese ente privado desde 1992.
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Mientras por un lado hay un bando de empresarios que consideran que ya es necesario un relevo tras tres décadas de gestión, otro se opone al cambio por considerarlo una toma hostil para politizar la institución, en una cruzada que estaría encabezada por varias fichas del senador conservador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo.
Pese a que desde el inicio de la pelea ninguno de los miembros de la junta directiva ha querido referirse al tema públicamente, la historia de ese tire y afloje ya se regó entre los empresarios de la ciudad, llevando incluso al presidente del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada López, a hacer pública la alerta temiendo una politización de la entidad.
“El senador Trujillo, reconocido y gran aliado del presidente Petro y de Daniel Quintero, ha puesto en marcha un tenebroso plan para acabar con la estructura y la vocación de la reconocida Cámara de Comercio Aburrá Sur, hiriendo gravemente todo el desarrollo empresarial en el sur del área metropolitana. De lograr esta toma hostil, se afectará el desarrollo y progreso de esta importante región, amenazando a miles de empleos y a la dinámica empresarial que permite el avance de las familias”, aseveró Posada.
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Aunque al ser consultado por la controversia Trujillo niega tener intereses en la salida de Mesa, argumentando tener una buena relación con ella desde que fue alcalde de Itagüí, los nexos de muchos de los integrantes de la junta directiva señalados de urdir el plan muestran que ese órgano en efecto sí se copó de empresarios cercanos al senador, que incluso aparecen como donantes de candidatos que han contado con su bendición para retener el poder en Itagüí.
La lucha por el poder
Aunque según fuentes conocedoras de esas tensiones los últimos dos meses han sido los más calientes, la puja se remonta por lo menos hasta diciembre de 2022, mes en el que se realizaron las últimas elecciones de la junta directiva para el periodo 2022 - 2026.
En esas votaciones, por primera vez en mucho tiempo, al órgano llegaron varios empresarios de Itagüí, que le restaron influencia a una junta dominada históricamente por empresarios envigadeños.
Cabe recordar que además de los representantes de los afiliados, el Gobierno Nacional también tiene otros tres asientos en esa junta, para un total de nueve integrantes.
En la actualidad el órgano está compuesto por los empresarios Clara Inés Quintero Valencia, de Envitaxi; Daniel Esteban Gómez Cárdenas, de la Constructora Gómez Asociados; Diego Alonso Marín Monsalve; Johnny Andrés Vélez Restrepo, de la empresa Eslabón Diseño (e hijo del concejal uribista de Envigado Jhony Oswaldo Vélez Quintero); Juan Felipe Acosta Quiroz, de la empresa Automóviles Itagüí; y Pedro Montoya Muñoz, dueño de Arrendamientos La Aldea y Comprim Aire.
Como delegados del Gobierno Nacional están Juan Fernando Cano Hoyos, Juan Felipe González García y Ledy Eugenia Vásquez Castillo.
Pese a ser la líder indiscutida de esa cámara desde junio de 1992 —apenas tres meses después de fundarse y acumulando 32 años al frente de la entidad—, la puja por sacar a Lillyam Mesa habría empezado precisamente luego de que el cambio de junta alterara la balanza y estaría siendo propulsada principalmente por los representantes del Gobierno Nacional y dos empresarios de Itagüí muy cercanos al grupo conservador que gobierna en ese municipio.
Por el lado del gobierno, uno de los que encabezaría esas presiones es Juan Fernando Cano Hoyos, quien es hijo del diputado conservador de Antioquia Jaime Alonso Cano, miembro del equipo político de Trujillo.
Por el lado de los empresarios, por la salida de Mesa estarían pujando principalmente Juan Felipe Acosta Quiroz y Diego Alonso Marín Monsalve, ambos cercanos también a Trujillo.
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Acosta Quiroz, por ejemplo, además de ser uno de los donantes a la campaña del exalcalde de Itagüí José Fernando Escobar en 2019, tal como aparece en los reportes de Cuentas Claras, fue miembro de su gabinete como gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.
Por su parte, Marín Monsalve, también ha trabajado de la mano con Trujillo, siendo integrante del Consejo Territorial de Planeación durante su alcaldía y en la de León Mario Bedoya, para entonces aliado también del senador, pese a luego volverse su adversario.
Pese que estos dos empresarios, más los tres delegados de la Nación, tienen una mayoría de cinco votos de los nueve totales, el lío para descabezar a Mesa viene por cuenta de los estatutos, en los que se especifica que tanto para designar como para remover al presidente de la cámara se necesita la “aprobación de las dos terceras partes de los integrantes Principales de la Junta Directiva”; es decir, un voto más.
Sin embargo, o al menos durante los últimos dos meses, los otros cuatro miembros de la junta no se han subido al bus de expulsar a Mesa.
A raíz de esa puja, al interior del ente se señala que la presidenta habría sufrido incluso presiones para que renuncie por su cuenta, sin que hasta ahora eso se haya dado.
Para conocer su versión frente a esta controversia, EL COLOMBIANO buscó al senador Carlos Trujillo, quien aseguró no estar interesado en la salida de la presidenta.
“Conozco personalmente a la doctora Lillyam Mesa, cuando fui alcalde de Itagüí trabajamos de manera articulada por todos los empresarios y comerciantes, tanto así que las unidades productivas aumentaron muchísimo y la cámara de comercio ha sido fundamental para ese crecimiento económico del Valle de Aburrá”, aseguró el político conservador.
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De igual forma, este diario consultó con el diputado Jaime Alonso Cano por los señalamientos en su contra y de su hijo, sin obtener respuesta.
Por su parte, desde el Comité Intergremial, el presidente Posada López calificó de “oscuros” los intereses tras la búsqueda de la remoción de Mesa, planteando que en manos de políticos esa cámara de comercio no solo podría volverse un fortín para aceitar bases electorales, sino en un vehículo para favorecer a la administración Petro.
“Estos interés oscuros buscan además, convertir a esta gran institución en una trinchera política para las elecciones del año 2026, favoreciendo al actual gobierno y poniendo en riesgo la democracia del país, con un modelo que se quiere perpetuar en el poder, como actualmente lo vemos en Venezuela”, dijo.
