El representante a la Cámara, Daniel Carvalho, le pidió al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, crear una mesa técnica para buscar soluciones a la crisis que atraviesa la Universidad de Antioquia. En el Congreso, Carvalho señaló que el déficit financiero de la universidad ronda los $350.000 millones y señaló su preocupación por lo que consideró como soluciones parciales y “populistas” y afirmaciones de la administración de Andrés Julián Rendón que según el congresista no ayudarían a superar la crisis.
Por eso le pidió al ministro de Educación Daniel Rojas que antes de que este problema siga agravándose y creando inevitablemente otro frente de confrontación entre Gobernación de Antioquia y gobierno Petro, acepte sentarse con varios actores en una mesa técnica para encontrar soluciones de fondo que saquen del atolladero a la U. de A.
Rojas le manifestó que no solo comparte las preocupaciones por el panorama de la U. de A., sino que además acepta la propuesta para revisar la situación tanto de la Universidad de Antioquia como la de las demás instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas del departamento.
Hay que señalar que en los últimos días han aumentado las voces críticas en torno a las medidas que proponen desde la Gobernación de Antioquia para hacerle frente a la crisis financiera de la universidad, pues tanto al interior de la comunidad universitaria como fuera de esta apuntan que las soluciones que propone el gobierno Rendón atentan contra el eslabón más débil que son los profesores (y particularmente los de cátedra) que, en buena medida, sostienen la dinámica académica del Alma Mater.
En reciente entrevista con EL COLOMBIANO, Mauricio Alviar, actual secretario de Educación de Antioquia y exrector de la UdeA, reiteró que los salarios de los profesores de planta se volvieron insostenibles, pero que nadie se atreve a tocarlos. También valoró que existe un exceso de los profesores de cátedra y apuntó esto como uno de los focos del problema. Alviar manifestó en estos meses que ha presidido el Consejo Superior, he planteado estas reflexiones y considera que sus mensajes han ido calando porque aseguró que hay una programación para ir reduciendo paulatinamente el número de contratos de hora cátedra de una manera racional, gradual y sostenible. “La meta que se han propuesto es llegar el año entrante a una disminución del 50% de esos contratos de hora-cátedra. Entonces sí hay voluntad, yo he percibido eso y me alegra y celebro esa tarea”.
Este martes 27 de agosto, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicó un duro comunicado en el que criticaron enfáticamente las decisiones de la administración central de la Universidad. “Universidad atraviesa por una crisis financiera y política innegable que ha llevado a la administración central a publicar una circular y una resolución con medidas de austeridad.
Las decisiones vinculantes, aunque necesarias, suelen presentar problemas, en cuanto las mismas implican que alguno o algunos deciden por y para otros, sin que esto signifique que lo dispuesto sea en interés o beneficio de los destinatarios y, a su vez, las consecuencias recaen sobre todos. Por esto mismo, las decisiones tienen costes externos que van desde los opresivos, como la injusticia o la arbitrariedad, hasta los de dispendio, como la incompetencia, ineficacia o ineptitud”.
Según señaló la Facultad en su comunicado, tras un proceso deliberativo con los estamentos profesoral y estudiantil, el Consejo de Facultad consideró que, “dada la situación de cohortes represadas y la referida crisis de la Universidad, no era oportuno ofertar la admisión del pregrado de Derecho en Medellín para la cohorte 2025-I. Esto atendiendo, además, a nuestra profunda convicción de que el derecho a la educación superior debe garantizarse en condiciones de calidad”.
Sin embargo, aseguran que se llevaron la sorpresa de que la administración central desconoció esta consideración al ofertar el pregrado de Derecho en la sede Medellín, para el 2025-I. “Decisión que pone en duda la autonomía administrativa de nuestra dependencia académica, la legitimidad del Consejo frente a los estamentos y el peso real de la toma de decisiones colectivas a través de procesos democráticos y deliberativos”.
Es por ello que nos preguntamos si romper con este tipo de prácticas que nos han caracterizado como universidad pública representa una medida adecuada para afrontar la crisis o, si la misma, “está agudizándola en los términos de costes externos que rayan en la arbitrariedad o el dispendio, en tanto desconocen la situación de la Facultad respecto a sus capacidades y recursos para garantizar de manera adecuada la calidad de la educación de quienes ingresarían en el 2025-I”.
El Consejo de Facultad reiteró que rechaza esta decisión de la administración central de ofertar el pregrado de Derecho en la sede Medellín, para el 2025-I, “considerando que esta medida vulnera nuestra autonomía académica y administrativa y, además, genera una expectativa de inicio en el ciclo de formación a quienes aspiran a este pregrado, que solo podrá materializarse, en el mejor de los casos, en el mes de noviembre de 2025”.
Mientras arrecian los conflictos al interior de la universidad por la crisis que atraviesa, la institución anunció hace poco más de un mes que pondrá a la venta 22 bienes, entre lotes urbanos y rurales, oficinas y locales. Estos predios hacen parte de un grupo de 23 inmuebles que mediante la Resolución 2315 de abril del 2019, el CSU había autorizado fueran enajenados y suman cerca de 1.300.000 metros cuadrados de área total; y están ubicados en los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Apartadó, y en el distrito de Medellín. Su venta, según se ha estimado, podría representar, según las cuentas que hacen, aproximadamente 90 000 millones de pesos para las maltrechas arcas.
